El Estado argentino replicó a Uruguay tras su primera exposición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y reiteró que el vecino país "dejó de lado" el Estatuto del Río Uruguay al autorizar en forma unilateral la instalación de las pasteras Ence y Botnia sobre el compartido recurso hídrico.

En su presentación de ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Uruguay negó las acusaciones de Argentina respecto a que Botnia contamina el Río Uruguay y sus zonas aledañas y aseguró que la planta "cumple con las normas de protección ambiental" utilizadas en Europa y "no ha causado contaminación dañina al río".

En respuesta a esta aseveración, fuentes de la Cancillería señalaron que "Argentina no cejó en su propósito de que se respetara el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, mientras Uruguay procuró dejarlo de lado", generando así la controversia que hoy se dirime en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Argentina cuestiona a Uruguay por no haberla consultado antes de dar su autorización a Botnia para instalar su planta de celulosa sobre la margen izquierda del Río Uruguay, violando así el Estatuto de 1975 que regula el uso de este recurso fluvial compartido.

Le recrimina que no tuvo en cuenta el carácter "contaminante" de este tipo de industrias en el medio ambiente del río compartido y sus áreas de influencia, tanto de Uruguay como de Argentina.

Incluso, Argentina sostiene que "Uruguay, a través de su conducta, trató de ganar tiempo tratando de imponer a la Argentina el hecho consumado de la instalación y funcionamiento de Botnia".

"En octubre de 2003, Uruguay autorizó en forma unilateral la construcción de la planta de celulosa ENCE en Fray Bentos, localidad ubicada sobre la margen izquierda del Río Uruguay, sin información ni consulta previa a la Argentina a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en violación del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay", aseguran las fuentes diplomáticas argentinas que viajaron a La Haya.

Recuerdan que este hecho dio lugar a "varios reclamos" por parte del Estado argentino ante las autoridades del vecino país, a las que le pidió que "Uruguay sometiera el proyecto" de las pasteras "a la CARU", en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto del Río Uruguay, "para su estudio y consideración".

Según las fuentes, "el gobierno argentino creyó de buena fe que Uruguay cumpliría con aquel compromiso", pero Uruguay no lo hizo y con esto dejó de "proteger al río y a sus zonas de influencia".

"Así, los temores de Argentina respecto a que las pasteras contaminan y causan un perjuicio sensible al Río Uruguay y a su ecosistema, terminaron confirmándose", agregaron las fuentes argentinas.

En junio de este año, Argentina presentó a la Corte de La Haya un informe con datos que "prueban que la planta de Botnia contamina el río y sus áreas de influencia, deteriorando la calidad de vida de las poblaciones aledañas, en particular de Gualeguaychú (100.000 habitantes), así como también que se emplean en la planta sustancias prohibidas".

Este informe fue realizado durante dos años por expertos argentinos de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires.

A estos expertos la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable encomendó el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay, a través del cuál fue posible juntar datos probatorios de la contaminación.

Entre estos datos figura la creación de una "colonia de algas tóxicas", en febrero, y la "emanación de gases hediondos en las poblaciones cercanas".