El socialismo y otros bloques de centroizquierda le dieron el apoyo que le faltaba; los principales bloques opositores se retiraron del recinto y denunciaron graves irregularidades; votaron a favor 146 diputados y sólo tres en contra; el Senado lo tratará en 15 días.

El objetivo del bloque oficialista parecía cumplido pasada la medianoche: gracias al apoyo de la centroizquierda, dio media sanción al proyecto de ley que cambiará la regulación del sistema de medios audiovisuales. Poco afectó al oficialismo que el recinto de la Cámara de Diputados luciera semivacío; menos aún que la oposición se retirara, indignada, con denuncias de que el debate era nulo.

Tras una sesión de más de 12 horas, el oficialismo consiguió el triunfo con 146 votos a favor, gracias al aporte del socialismo, Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, la alianza que lidera Pino Solanas. También apoyaron el proyecto los diputados por Chubut, que responden al gobernador Mario Das Neves. La iniciativa sólo recibió tres votos en contra (y tres abstenciones): a la hora de la definición, la oposición más crítica ?UCR, Coalición Cívica, Pro, el cobismo y el PJ disidente? había abandonado el recinto tras denunciar irregularidades en el dictamen y en la conformación del quórum para la sesión.

Advirtieron que no avalarían el "trámite exprés" de una iniciativa que, según denunciaron, le servirá al Gobierno para "controlar y amordazar" a los medios de comunicación. La discusión del proyecto de ley duró 20 días y los últimos cambios ?casi 200? se introdujeron en la medianoche de ayer.


"Esta sesión goza de la más absoluta legalidad y legitimidad; esta ley es producto de la construcción colectiva de bloques opositores que no tienen doble discurso", refutó la kirchnerista Patricia Vaca Narvaja. El oficialismo anticipó que pretende convertir el proyecto en ley dentro de 15 días en el Senado, a libro cerrado. No quiere arriesgar la mayoría que cree tener asegurada desde que el socialismo, que lidera el gobernador Hermes Binner, adelantó su apoyo.

La decisión del Partido Socialista significó un golpe duro a la oposición; el oficialismo lo festejaba sin disimulo, porque dotaba de "pluralidad" la votación. El Gobierno se llevaba un doble triunfo: además de la media sanción, desnudó fisuras en la oposición.

El proyecto aprobado obliga a los multimedios a desprenderse de empresas en el plazo de un año, impide a los operadores de cable tener canales de televisión de aire, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una compañía y otorga al Estado mayor poder para controlar los contenidos de los medios de comunicación.

No sólo el partido socialista respaldó la iniciativa oficial; también el diputado Horacio Alcuaz (Gen), mano derecha de Margarita Stolbizer, preveía votar a favor, lo que agigantaba el abismo entre esta dirigente y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

El oficialismo también se llevó el apoyo de SI y de Proyecto Sur, no así el de Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) que, hasta el final, se negaba a votar el proyecto oficial.

Pero no todas fueron rosas para el Gobierno: si bien cooptó a buena parte de la centroizquierda, con esta iniciativa logró que, por primera vez, el PJ disidente se aunara en una misma posición.

En efecto, los 31 diputados que responden al santafecino Carlos Reutemann, al entrerriano Jorge Busti, al puntano Alberto Rodríguez Saá y al bonaerense Felipe Solá ?el encargado, desde temprano, de coordinar la estrategia? propusieron al resto de la oposición la postura de no participar en la votación del proyecto de ley, que finalmente se concretó.

El proyecto de ley que fue girado al Senado propone dos pilares que se mantienen incólumes: la "desmonopolización" compulsiva de los actuales grupos mediáticos, con el ingrediente de que en apenas un año éstos deben desprenderse de sus licencias para adecuarse al nuevo marco legal.

Este fue uno de los puntos más discutidos del proyecto, pues vulnera derechos adquiridos, según denunciaron las principales organizaciones de la industria audiovisual.

"Esta ley tiene artículos inconstitucionales. Hasta Hugo Chávez se ajustó a derecho cuando esperó a que las licencias caducaran para sacar una nueva ley de comunicaciones", asestó la bonaerense Graciela Camaño, enrolada en esta iniciativa en el PJ disidente.

Por esta razón, también el Movimiento Popular Neuquino (tradicional aliado del gobierno kirchnerista) marcó distancia. "Con esta norma se pretende legislar para atrás, ya que no sólo se afecta la seguridad jurídica, sino también las inversiones realizadas por los grupos mediáticos", advirtió el diputado José Brillo.

Organismo cuestionado


El otro pilar sobre el cual se asienta este proyecto es el dominio del oficialismo sobre un organismo clave, la autoridad de aplicación, encargada de conceder, prorrogar y declarar caducas las licencias.

El kirchnerismo aduce que esa mayoría no es tal desde que aceptó ampliar la composición, de cinco a siete miembros, con la incorporación de dos directores del Consejo Federal, también por crearse. Los miembros de ese organismo serían elegidos por un mandato de cuatro años, si se sancionara la ley, con lo cual seguirían en sus cargos hasta 2013.

La oposición cuestionó duramente ese punto del proyecto. "Esta ley impone atribuciones excesivas sobre el Poder Ejecutivo, que podrá discrecionalmente determinar la habilitación de licencias. Es una ley mordaza sobre la libertad de expresión", enfatizó Fernando Iglesias (Coalición Cívica).

La oposición también cuestiona que al no fijar parámetros para determinar qué ONG podrá obtener una licencia, la ley beneficiará a las agrupaciones amigas del Gobierno, como las piqueteras o la CGT.

También advirtió que el texto no despeja el riesgo de que empresas extranjeras puedan comprar medios periodísticos argentinos.

Cómo se votó
147
Kirchnerismo y aliados

Eran los presentes en el recinto a la medianoche. El bloque K sumó aliados de centroizquierda, entre los que se destacan el socialismo, el bloque de SI (ex ARI) y Proyecto Sur.
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104
Ausentes

La UCR, la Coalición Cívica, el PJ disidente, Pro y el cobismo se retiraron de la sesión con denuncias de serias irregularidades.
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4
Votos en contra

Se quedaron a votar por el no Miguel Bonasso y los neuquinos del MPN.
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Los multimedios
Grupo Clarín

Posee Cablevisión, Multicanal, Canal 13, Radio Mitre y señales de cable, como TN y TyC Sports, entre otros medios. La nueva ley impide ofrecer servicio de cable y tener un canal de aire. Y lo obligaría a cerrar canales de cable.
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Vila/Manzano/De Narváez

Tiene el cable Supercanal, América 2, el canal de noticias América 24, la AM La Red, más canales y radios del interior. Debería desprenderse de América o cerrar Supercanal. Y lo afecta fuerte el límite de 10 licencias a nivel nacional.
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Telefónica

Tiene Telefé y otros ocho canales del interior del país. No quedaría obligado a vender, pero los cambios en el proyecto le impiden ofrecer servicios de TV por cable.
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Grupo Hadad

Tiene el canal de cable C5N, Radio 10, FM La Mega y otras tres radios. No quedaría afectado por las restricciones en las licencias.
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Grupo Prisa

El holding español tiene Radio Continental y 18 FM en todo el país. Debería desprenderse de varias emisoras para ajustarse al nuevo límite.
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Cadena Tres

Este grupo con base en Córdoba tiene 13 radios en distintas provincias y también quedaría forzado a desprenderse de algunas de ellas.
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Miradas sobre un proyecto polémico

Por primera vez, desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, se trató en una sesión plenaria del Congreso un proyecto de ley de medios. Para quienes escribimos esta nota se trata de un hecho inédito. Habría que remontarse hasta 1953 para hallar un antecedente parecido.En la historia argentina hubo cuatro leyes de radiodifusión. Sólo la de 1953 tuvo trámite parlamentario.

Las otras tres fueron decretadas por gobiernos militares. Cabe preguntarse sobre las dificultades para abordar un tema que, a la hora de los discursos, todos califican de esencial. Es evidente que hay presiones y que la relación entre lo político y el sistema de medios es mucho más compleja de lo que se reconoce. La probabilidad de que un debate vital y ausente del espacio público durante décadas se produjera en un escenario deliberativo inmaculado, era baja. De no haberse clausurado durante tanto tiempo la discusión, hoy sería posible alcanzar mayores niveles de consenso.

Los medios audiovisuales pueden y deben ser regulados para preservar y expandir la libertad de expresión. Desde 1983, cada vez que se promovieron cambios democráticos en el sistema de medios, hubo reacciones rígidas. De ello se deduce que sea Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Cristina Fernández el presidente, lo que en verdad atormenta no son los proyectos concretos ni los estilos de cada mandatario, sino la regulación misma de los medios.

El proyecto de ley de comunicación audiovisual constituye un importante avance porque vincula el concepto de libertad de expresión con los derechos humanos. También porque en un país centralista se promueve el federalismo, tanto de la producción de contenidos como de la toma de decisiones. Porque alienta la diversidad de voces estableciendo límites a la concentración y al dominio de mercado. Y porque por primera vez en la Argentina tanto la autoridad de aplicación como los medios de gestión estatal se emanciparán del gobierno de turno.

Ello anuncia controles cruzados y presencia de minorías políticas, lo que se inscribe en una tradición reglamentaria progresista. Por supuesto que el proyecto no es perfecto. Algunas modificaciones realizadas por el Parlamento ampliaron su base de apoyos. Más adelante se podrán subsanar eventuales limitaciones de la ley: la historia no acaba hoy.
El camino a recorrer es largo aún. La sanción de una ley de medios de la democracia constituye un hito fundamental. Pero sólo puede ser considerado un punto de partida necesario para dotar al conjunto de la sociedad de una política pública fundamental.
Luego de la sanción de la ley, se recrearán las responsabilidades.

El gobierno deberá aplicar la ley con respeto hacia el conjunto de los actores. El Congreso deberá asumir con inmediatez los temas que quedan pendientes, como la regulación de la publicidad oficial, el acceso a la información pública o los servicios convergentes. También la sociedad tiene sus responsabilidades: la democratización de la comunicación es un proceso incremental que nos interpela a todos.

Con 147 votos, Diputados dio media sanción a la Ley de Medios y ahora define Senado

El kirchnerismo sumó el apoyo del Socialismo, del Encuentro Popular y Social, y del SI. Para ello, debió excluir las telefónicas y la revisión bianual de las licencias, y modificar la autoridad de aplicación. La oposición no estuvo en el recinto al momento de votar.

La Cámara de Diputados aprobó en general por 147 votos a favor, con cuatro en contra y una abstención, el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el gobierno nacional, con votos aportados por el Frente para la Victoria, el Movimiento Popular Neuquino, Encuentro Popular, la Concertación, Solidaridad e Igualdad y el socialismo, entre otros.

Una primera lectura del tablero electrónico indicó 146 votos afirmativos, tres negativos y tres abstenciones, con 104 ausentes, pero las verificaciones posteriores impusieron una ligera corrección de los guarismos finales.

Tras más de trece horas de debate y después de la aprobación en general, los diputados debatieron en las primeras horas de hoy cada artículo de la iniciativa en particular, en un trámite en el que varios legisladores propusieron modificaciones al texto original.

El debate realizado en el marco de una sesión especial, se inició poco antes de las 11:30 del miércoles con un quórum de 130 legisladores, integrado por la presencia mayoritaria de los diputados del bloque del Frente para la Victoria y aliados de centroizquierda, del SI, del Encuentro Popular y Social, de la Concertación y del Partido Renovador salteño, entre otros.

Al abrir el debate, el titular de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, dijo que se trata del proyecto que, "junto a la Ley Federal de Educación, ha llegado al Congreso Nacional con más aire fresco de consenso de distintos sectores", fruto de los foros de debate realizados en todo el país y dijo que busca saldar "una vieja deuda" del Congreso con la sociedad.

Tras la exposición del miembro informante, diputados opositores de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica plantearon cuestiones de privilegio para denunciar supuestas irregularidades en la firma del dictamen y en el desarrollo de la sesión especial que -según aseguraron- "no respeta lo establecido en el reglamento de la Cámara".

Al fundamentar la postura de la UCR, la titular de la comisión de libertad de expresión, la radical Silvana Giúdici, anticipó el rechazo de esa bancada al proyecto y sostuvo que "la libertad de expresión no es negociable. Es la posibilidad y derecho de buscar recibir y difundir información como nos parezca".

En esa línea, desde Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso, se mostró en contra del proyecto e insistió en que el Parlamento debe tener "el control de la Autoridad de Aplicación" y dijo que no veía que se establecieran en la norma "los mecanismos para competir con eficiencia contra los medios concentrados".

La Coalición Cívica, a través del diputado Fernando Iglesias, cuestionó "las atribuciones y las competencias abusivas de la ley" y consideró que "es vergonzoso que la Autoridad de Aplicación siga teniendo mayoría oficialista".

Asimismo, desde el PRO, Luis Galvalisi, se mostró en contra de la iniciativa y dijo que "carece de un análisis profundo", al considerar que "el pueblo no conoce lo que implica esta normativa y eso pone en riesgo a la Nación y a la República".

Finalmente, legisladores de la UCR, y la Coalición Cívica ofrecieron una conferencia de prensa para explicar que se retiraban del recinto por no compartir "la metodología de tratamiento de la ley". A esta medida se sumaron el Pro y el PJ disidente.

A diferencia de sus aliados de la UCR y de la Coalición Cívica, la titular del bloque de diputados del Partido Socialista, Silvia Augsburger, anticipó que esa bancada iba a respaldar en general la norma, al afirmar que "si se pone en una balanza el texto vigente, el de la Dictadura con las modificaciones de la democracia y éste, la balanza se inclina en favor de este último".

También, la diputada de Libres del Sur que integra el bloque Encuentro Popular y Social, Cecilia Merchán, recordó que esa fuerza trabajó "incansablemente para que este proyecto exista" y destacó las modificaciones logradas en torno a la autoridad de aplicación para "equilibrar" ese organismo.

Por su parte, el diputado nacional de Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur, Claudio Lozano, anticipó que esa fuerza iba a acompañar en general el proyecto aunque dijo que iba a plantear cambios en la discusión en particular de la norma.

En el cierre del debate, el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, enfatizó que "comprendemos lo que dicen algunos diputados de otros bloques e incluso de nuestra propia bancada con respecto a los tiempos para tratar la ley; pero había y hay muchas presiones, descalificaciones y amenazas, por eso el tiempo no es un tema inocuo". "Por ejemplo las audiencias públicas que realizamos desaparecieron durante varias horas de muchos canales de noticias; y a mayor tiempo que transcurría, la presión que se ejercía y que se ejerce -sobre los legisladores- iba a tener más posibilidades de concretar su fin", remarcó.

El texto aprobado


El proyecto que obtuvo media sanción en el recinto cuenta con modificaciones y la principal, que fue anunciada el lunes pasado por la presidente Cristina Kirchner, es la eliminación de la participación de las empresas de telefonía en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.

Otro de los cambios al proyecto original está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la primera redacción) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Por otro lado, se modificó la "prórroga" de las licencias y se incluyó en el dictamen que "las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez, por un plazo de diez (10) años, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia".