Ni Néstor ni Cristina Kirchner imaginaron después de la derrota electoral de junio que la renuncia de Graciela Ocaña al Ministerio de Salud iba a significar, con el tiempo, bastante más que la simple pérdida de otro aliado político. La ex mujer del ARI parece convertirse, con su tenacidad, en una detonadora de hechos de supuesta corrupción. Cuenta ahora, como colaboración, con el empuje que le ha dado a la causa de la "mafia de los remedios", el juez Norberto Oyarbide.

Ocaña se ocupó de esas mismas cuestiones mientras fue ministra, aunque tres episodios casi simultáneos le habían quitado empuje a su acción. Primero fue la aparición de la epidemia del dengue en Chaco, en pleno despegue de la campaña. Luego la aparición de la Gripe A cuando el Gobierno estaba en los umbrales de definir su suerte electoral. Simultáneamente con ese fenómeno se produjo un quiebre irreparable en la confianza política con la Presidenta.

La salida de Ocaña no constituyó, tal vez, para los Kirchner tanto una pérdida en la eficiencia de las políticas de salud como un fuerte deterioro en la frágil imagen de transparencia que le va quedando, después de seis años, a la administración kirchnerista.

La causa de la "mafia de los remedios" progresa con mayor celeridad que otras que han tenido, en su momento, enorme repercusión. Las denuncias sobre Skanska transitan con dificultad los laberintos judiciales; las irregularidades alrededor de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, están todavía en etapa de revelación; las valijas de Antonini Wilson siguen envueltas en misterio. Sólo se habla ahora del crecimiento patrimonial de los Kirchner y del inminente juicio oral a que debería someterse Felisa Miceli, la ex ministra de Economía, por aquella bolsa con dinero encontrada en el baño de su despacho, sobre la cual nunca supo dar explicaciones convincentes.

Las denuncias de Ocaña, al margen de dañar la imagen general del Gobierno, parecen empezar a corroer dos de las bases que los Kirchner conservan como explicación de su poder. Se trata de la provincia de Buenos Aires, donde han asentado su resistencia partidaria, y del sindicalismo, sobre el cual reforzaron la apuesta para sustituir, en parte, la debilidad social y política en la que quedaron sumidos luego de los repetidos contratiempos que sufrió la Presidenta.

Daniel Scioli, aunque no lo quiera, resulta funcional a este tiempo político de los Kirchner. Resulta funcional, en verdad, porque no ha planteado ningún obstáculo u objeción a los planes del matrimonio. Pero tampoco ha logrado enderezar una gestión que se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el ex presidente.

De hecho, Kirchner estuvo en la tardecita de ayer reunido con una docena de intendentes del conurbano en Olivos. Y no ocultó fastidios contra Scioli. El mayor fastidio es contra el hermano del mandatario, José, secretario General de la Gobernación.

José Scioli se opuso a las candidaturas testimoniales y aconsejó a Daniel un progresivo apartamiento político de los Kirchner después de la derrota. Tenía una firme alianza con Emilio Monzó, ministro de Asuntos Agrarios, a quien el ex presidente ordenó despedir.

Kirchner se queja de una mala gestión provincial en seguridad, acción social y salud. Para colmo saltó una liebre: Scioli debió echar al encargado de controlar las droguerías en Buenos Aires, Alberto Costa, un viejo burócrata estatal. Costa dependía de Claudio Zin, que tampoco es observado con simpatía por la Casa Rosada. El ministro de Salud provincial está más cerca de irse que de quedarse. Parece cansado de las restricciones presupuestarias y de la anomia política del gobernador.

Zin tuvo siempre una relación distante con Ocaña. Pero nunca de confrontación como poseen los sindicatos con la ex ministra. Sus denuncias y las investigaciones de Oyarbide han puesto en jaque a varios jefes sindicales y sus obras sociales en relación con la "mafia de los remedios". Juan José Zanola, el titular de la Asociación Bancaria, es ahora el más afectado porque, entre varias razones, atraviesa un tiempo electoral en su gremio. Pero fuentes judiciales aseguran que las palabras de la ex ministra han echado sombras también, por lo menos, sobre otros tres poderosos sindicatos.

Zanola pertenece a la vieja guardia de los gordos cegetistas. Y de ese puñado de dirigentes es el que peor vínculo mantendría con Hugo Moyano. Pero los gordos cegetistas han empezado a reclamarle al jefe de la CGT que haga algo. Moyano también es adversario de Ocaña y ya carece de capacidad de daño sobre la ex ministra. El pedido de los gordos cegetistas sería para que reclame, de modo directo, sobre el ex presidente.

¿Tratar de disuadir a Oyarbide? No será una tarea sencilla para un Gobierno que, también en ese campo, viene perdiendo predicamento.

Los jueces, quizás antes que la propia sociedad, siempre advierten cuándo despunta un crepúsculo político.