La mayor parte de las obras de infraestructura que el Gobierno había anunciado con bombos y platillos antes de las elecciones para apuntalar a los candidatos oficialistas se encuentran en el freezer por atrasos en los pagos y falta de financiamiento.

Por la caída de los ingresos fiscales y el agotamiento de los recursos que iba a aportar la ANSES, el ministerio de Planificación de Julio De Vido tiene frenado un paquete de obras públicas que ronda los $ 12.000 millones.

"Casi todas las obras de acción inmediata que se firmaron con los municipios a principios de año quedaron a mitad de camino por falta de partidas", advirtió el secretario de Obras Públicas de un distrito bonaerense que desde los primeros días de julio intenta cobrar los pagos que le habían prometido en tiempos electorales.

Al igual que ese funcionario provincial, los principales contratistas de las obras que están en ejecución aseguran que también sufren las consecuencias de la escasez de fondos públicos.

Los certificados de las obras viales arrastran una demora en las liquidaciones que oscila entre los 6 y 9 meses; mientras que en el sector ferroviario, la espera ya llega, en promedio, a los 10 meses. Además, las constructoras con obras en marcha enfrentan otra complicación derivada de la falta de recursos: la no aprobación de las redeterminaciones de precios que han solicitado para compensar los aumentos de los materiales y la mano de obra.

Las principales emprendimientos que sufren demoras son:

Soterramiento del FC Sarmiento: Descartado el financiamiento privado,el Gobierno diseño una ingeniería financiera para cubrir basada en los fondos de las ex AFJP. Pero, pese a los anuncios de los últimos meses, los recursos no aparecen y no hay una fecha cierta para la firma del contrato que asciende a $ 3.500 millones.

Nuevos ramales eléctricos: En el caso del ramal Roca, hay cinco oferentes precalificados que están esperando desde principios de año los pliegos técnicos para poder presentar sus ofertas. La inversión de $ 4.500 millones se iba a cubrir con fondos presupuestarios y de la ANSES que aún no han aparecido. En el caso de la línea San Martín, la licitación que iba arrancar en el primer semestre aún no tiene fecha de inicio.

Rutas y autopistas: Las obras que están paralizadas y con pagos atrasados totalizan unos $2.000 millones. Son las que ejecuta Vialidad Nacional y las que se realizan en los municipios y provincias con fondos nacionales. Entre otras obras semicongeladas se encuentran la reparación de las rutas nacionales sin peaje bajo los contratos CREMA y la ampliación de la Avenida General Paz, para la cual el Gobierno autorizó un aumento del 110% en los peajes de los accesos Norte y Oeste.

Viviendas: Los certificados de obras sin cancelar alcanzan los $1.000 millones. Las demoras afectan a los programas realizados en forma conjunta con las provincias y los municipios. Por el lado del plan de construcción de escuelas, los pagos pendientes desde hace 6 meses llegan a $ 400 millones.

Centrales eléctricas: Los atrasos en los pagos de casi $ 600 millones afectan al programa que lleva adelante Enarsa para instalar pequeñas turbinas en los puntos críticos del país y a la construcción de las nuevas usinas térmicas que se están leventando en Ensenada y en la capital santafesina.