UNA POLÍTICA QUE FRACASÓ

El mismo gobierno que paga con cuentagotas las sentencias judiciales por diferencia de haberes en favor de los jubilados, que ve reducirse el superávit fiscal, que sostiene que no puede bajar los altísimos impuestos porque no está en condiciones de resignar esos ingresos, se dedica, por otro lado, a anunciar alegremente subsidios o contribuciones como si el dinero sobrara.

El retroceso parcial en el aumento de la tarifa de electricidad y en el impuesto a algunos consumos de gas representará unos $ 500 millones para el fisco, que se sumarán al multimillonario costo de la política energética. Los Kirchner prometieron en la campaña electoral de 2003 corregir los desfases de las tarifas de manera gradual. Pero luego las mantuvieron congeladas todo lo que pudieron. Y tanto Néstor como Cristina Kirchner se han ufanado de ello, recordando en cuanta oportunidad encontraron cuánto menos costaban la energía y los combustibles en la Argentina en comparación con los países vecinos.

El resultado ha sido malo. La Argentina pasó de autoabastecerse y exportar energía y combustibles a una dependencia muy importante de las importaciones, de las que no puede prescindir ni siquiera cuando la actividad económica cae fuertemente por la recesión.

Se han reducido las reservas de gas y petróleo y se paralizó la expansión de las redes de distribución.

Sorprendentemente, el costo fiscal ha sido enorme. El Estado ha gastado fortunas en importar fueloil venezolano en operaciones más que controvertidas, en comprarles energía eléctrica a Brasil y a Uruguay, en financiar importaciones de gasoil, de gas de Bolivia y de Trinidad y Tobago y sobreutilizó los diques del sistema hidroeléctrico del Comahue hasta el punto en que los puso en riesgo estructural.

Los Kirchner consiguen batir récords de paradojas en un país donde parecía imposible superar las hechas por otros. La costosísima crisis energética actual no es producto de la ausencia del Estado y la falta de recursos. Es la consecuencia previsible de las intervenciones y de la dilapidación de recursos.

El ministro Julio De Vido se quejó ayer de cuánto más caros son los servicios de telefonía celular y de Internet o las tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza, en comparación con lo que suman los gastos en gas y electricidad.

Criticó a quienes construyeron edificios donde los departamentos no tienen servicio individual de gas y deben cocinar con electricidad y donde las losas radiantes también funcionan con fluido eléctrico.

De Vido no advirtió que lo que llevó a tomar esas decisiones, que parecen erradas, fueron las tarifas congeladas aparentemente a perpetuidad por el Gobierno.

El Estado ha subsidiado las tarifas manteniéndolas muy bajas con un esquema de subsidios que permite toda clase de manejos poco claros. Ahora lanza manotazos y cambia esquemas de un día para otro.

Las consecuencias no pueden ser otras que las que se ven: falta de inversiones por falta de un marco de acción previsible. La solución no es ni el tarifazo ahora moderado ni volver a lo que había antes. Pero, por ahora, el Gobierno no parece acertar el camino.


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EL FRACASO DE DE VIDO

La marcha atrás en el tarifazo de luz y gas del Gobierno muestra el fracaso en la política tarifaria de la gestión del ministro de Planificación, Julio De Vido. La estrategia fue incongruente desde el inicio. A partir de 2003, se negó cualquier tipo de suba a los hogares para garantizar la salida del derrumbe económico-social. Pero desde que en 2004 la crisis energética comenzó a mostrar signos más que claros, el Ministerio de Planificación mantuvo la misma postura. Con vehemencia desmintieron al secretario de Energía, Daniel Cameron, y hasta al vicepresidente Daniel Scioli cuando declararon la necesidad de ajustar de a poco las tarifas en pos de contener el consumo, hacer más equitativo el cuadro tarifario, bajar los subsidios y mejorar la ecuación financiera de las prestadoras.

El consumidor medio se subió a la fiesta de la energía barata. En cómodas cuotas se compró acondicionadores de aire frío-calor y estufas eléctricas y a gas por doquier. Cuando se encendieron todos estos aparatos, el abastecimiento energético otra vez quedó corto y hubo que restringir el suministro a la industria. A ese mismo ciudadano común –no sólo a los ricos–, al que se lo acostumbró a un confort irreal, de un día para el otro el mismo Gobierno que negaba incrementos de las boletas se las duplicó o triplicó en muchos casos.

La caída de los ingresos fiscales ya no podía pagar la electricidad y el gas a precio de regalo. Ahora se le quiso explicar a la gente que la fiesta se había terminado, que no había más nada para derrochar. No se pudo. A nadie le gusta irse de una fiesta cuando está en el mejor momento

El tema de fondo no se resuelve

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación hemos cuestionando, desde un principio, el incremento tarifario en las facturas de luz dispuestas a fin del año pasado y, luego, el cargo tarifario establecido mediante el decreto 2.067/8 para las facturas de gas. A partir de ese momento, comenzamos a recibir quejas de miles de usuarios que vieron afectados sus bolsillos tras recibir facturas con un 300%, un 400% y casos de hasta el 600% de aumento. A pesar de la negativa a reconocer la gravedad de la situación por parte de las autoridades energéticas y de los entes que debían controlar, continuamos nuestro accionar en defensa de los usuarios.

Advertimos permanentemente que las autoridades no tenían un conocimiento aproximado de la cantidad de usuarios que estarían afectados y, por lo tanto, de la gravedad de la crisis. Primero, lanzó un régimen de excepciones a las medidas dispuestas, y hoy anunció la restitución de subsidios a las empresas de gas y electricidad por dos bimestres. Sin embargo, el tema de fondo sigue sin resolverse y nosotros queremos seguir cumpliendo con nuestro deber constitucional de hacer valer los derechos ciudadanos. Celebramos estas últimas medidas porque descomprimen la situación que viven actualmente cientos de miles de usuarios, pero son insuficientes porque sólo postergan por unos pocos meses un incremento tarifario que resulta desproporcionado e irrazonable y, por lo tanto, injusto. Por lo que una vez más reclamamos que se derogue el cargo tarifario decreto 2.067/8 que elevó las facturas de gas en forma inconstitucional y desmedido, y que se deje sin efecto el incremento tarifario de la electricidad dispuesto a finales del año pasado