Un ex gobernador peronista decía la semana pasada que el Gobierno enfrenta una situación difícil por los aumentos de tarifas de gas y luz. La situación, explicaba a otros gobernadores en funciones, es casi más grave que la crisis por la resolución 125 de retenciones móviles. ¿Por qué? Sencillamente porque las tarifas afectan al grueso de la sociedad, no reconocen sectores ni banderías políticas.
Quizás ese diagnóstico sea algo exagerado pero no está desenfocado con lo que está ocurriendo: las protestas se están multiplicando, mientras que las razones del aumento, más allá del golpe de realismo que debía llegar alguna vez, son difícilmente digeribles para los que deben pagar los nuevos precios por los servicios básicos.
El Gobierno hizo algo que estaba muy postergado. Había elegido mantener congelado el precio del gas y de la luz por razones sociales: una política que Kirchner aplicó sin admitir gradualismos. Pero ahora Cristina es la que debe pagar los costos de esa inflexibilidad. El descontento es tan vasto y profundo en el país que casi no necesita de la agitación opositora.
Julio De Vido, el ministro de Planificación, repitiendo un reflejo constante de la administración Kirchner ha dicho, como siempre, que la culpa es de los otros, es decir de las empresas que aumentaron mal las tarifas o cometieron errores que provocaron este hondo malestar. Y dijo algo más: vamos a auditar a las empresas, insinuando que el escrutinio oficial puede encontrar algo más que una boleta mal hecha. También este mecanismo forma parte del método de persuasión oficial.
Esta vez los empresarios no se quedaron callados. Explicaron que hicieron con las tarifas lo que les indicó el Gobierno porque la luz es un servicio regulado.
El Gobierno está en un brete complicado. Salir de allí siempre será a pérdida.