Gas: impuestazo en medio de la maraña de subsidios

El impuestazo al gas domiciliario, que ha puesto contra las cuerdas al oficialismo en el Congreso, puede ser sólo la punta del iceberg. Y el iceberg completo es la maleza de subsidios cruzados, la cantidad de plata que el Gobierno gasta sin rendir demasiadas cuentas y una dudosa transparencia en el manejo de fondos públicos.

Cuanto mucho, existen algunos números generales del Ministerio de Economía.

En el primer semestre se fueron 622 millones de pesos más que el año pasado en subsidiar el combustible del transporte automotor de pasajeros, y 464 millones en aportes directos a las empresas de colectivos. O sea, sólo en ese rubro, se agregaron $ 1.086 millones a la montaña que se había gastado entre enero y junio de 2008.

Durante el mismo período, aumentaron en 373 millones las transferencias a las empresas concesionarias de los ferrocarriles. Y en 531 millones los fondos destinados a subsidiar el consumo de productos y derivados del sector agropecuario: si por esto fuese, los precios deberían estar clavados.

En cambio, hubo un llamativo ahorro de 775 millones en la compra de gas. El Ministerio de Economía lo explica en el diferimiento de los pagos de la estatal Enarsa y dice que esa partida aumentará en el futuro.

Pero ese pase asoma, justamente, lo que se espera recaudar con el impuestazo: según el decreto, es para financiar la importación de gas boliviano. En el fondo, va a aliviar subsidios.

Subsidios en buena medida, las transferencias al sector privado para gastos corrientes sumaron $ 19.368 millones en el primer semestre de 2009, o sea, unos 5.000 millones de dólares. Y superaron en 27 % a los $ 15.211 millones del año pasado.

Si se agrega lo que fue a las empresas públicas --en energía, fundamentalmente--, la cuenta redonda escala a $ 31.754 millones. Esto es, la tercera parte de todo el gasto publico primario, sin servicios de la deuda.

Y por fuera de los argumentos que cada cual esgrima sobre la estatización, hasta junio financiar las necesidades operativas de Aerolíneas Argentinas le insumió al Estado 1.004 millones. Alrededor de 5,6 millones diarios, que ahora andarían arriba de 6 millones, en el millón y medio de dólares. De inversión, poco: $ 200 millones en un Boeing 737.

Son sólo algunos números sacados del informe de ejecución presupuestaria de Economía. Pero semejante maraña de dinero público derivado para un lado y para otros, ha tomado la dimensión de un sistema indescifrable. Más bien, de un sistema que los funcionarios debieran empezar a aclarar.

Concretamente, explicar cuáles son los costos que cubren, cómo se gastan los recursos y en base a qué parámetros, dónde están las inversiones y el mantenimiento. Aventar, en fin, las sospechas que quien quiera que mire semejantes cifras puede razonablemente tener.

Hace tiempo que los subsidios y la intervención de los Estados son instrumentos de política económica aceptados. Valiosos en la redistribución de ingresos, para atender la situación de los sectores de menores recursos o fomentar actividades que se consideren clave. Pero la misma naturaleza del sistema exige que sean administrados de un modo transparente, eficaz y visible en los resultados.

Si hasta parece una ironía que una transferencia de 99 millones de pesos, este semestre, sea justificada en la "optimización del sistema de transporte ferroviario". ¿Optimización de cuáles servicios, que no se nota?, podría preguntarse cualquiera que lea esa explicación oficial.

Lo mismo vale para los más de 15 millones de pesos diarios que, según datos privados, se gastan en sostener empresas públicas y semipúblicas.

Todos integran la sucesión de parches que se aplicaron para suplir la ausencia de políticas. O una política de zonas grises.

El problema es que la caja fiscal ya no aguanta, tal cual se ve en los boletazos sobre el gas y la luz. Y no aguanta porque, según los propios números de Economía, el gasto público crece hoy al 30 % y los ingresos al 12 %: exceso o faltante, da igual.

"La suba sólo alcanza a los usuarios de clase media alta", dice Miguel Pichetto, el jefe del bloque de senadores oficialista. Si es así, debería explicárselo a los pobladores de su provincia, Río Negro, que gracias a un amparo judicial lograron frenar los aumentos. O a las familias numerosas y nada pudientes alcanzadas por el impuestazo.

Está claro que el congelamiento tarifario indiscriminado beneficiaba sobre todo a los sectores de más altos ingresos y hasta estimulaba derroches en esas mismas capas sociales. El kirchnerismo lo descubrió después de seis años. Operó sin mucha pericia técnica, de un solo golpe y, así, de un solo golpe le cayeron encima todos los costos políticos que este tiempo gambeteó.

Lo que podría venir es que a alguien se le ocurra tirar del ovillo completo y avanzar sobre la enorme madeja de subsidios y transferencias de dudosa fiabilidad. No será desde luego el Gobierno, que es arte y parte.

LO QUE SE DISCUTE SON LOS DOS AÑOS QUE FALTAN

Hoy o dentro de una semana empezará a caer en el Congreso el decreto que dispuso un aumento sideral de las tarifas de gas. El propio Congreso recuperaría, poco más tarde, todas las facultades delegadas al Ejecutivo, mediante 1900 leyes, durante un siglo y medio de historia institucional. Sin embargo, no todo está perdido para el Gobierno: una parte importante de la oposición sostiene que algunas de esas facultades deberían ser devueltas al Ejecutivo, aunque acotadas. El caso más iridiscente es el de las retenciones a la soja: los legisladores le fijarían un techo al Gobierno, con un porcentaje específico, después del cual deberá pedir la aprobación del Congreso.

El Senado o Diputados necesitarían hoy la aprobación de los dos tercios de cada uno de los cuerpos para tratar cualquiera de los dos proyectos que existen para anular el decreto del tarifazo para el consumo de gas. La mayoría simple está en las dos cámaras, pero no es seguro que estén los dos tercios. Los proyectos pasarían, en el caso de que no se lograran los dos tercios, para la semana próxima, cuando se necesitará sólo de una mayoría simple para tumbar el aumento.

El Gobierno tiene otro problema: sin una ley del Congreso, los jueces están anulando en muchas provincias el aumento de las tarifas de gas. Les ordenan a las distribuidoras que confeccionen nuevas facturas en las que se cobre sólo el consumo y no el dinero destinado al fideicomiso para hacer obras o para pagar importaciones.

La oposición quiere revisar, precisamente, el destino de esos recursos que irían a los extraños fideicomisos de Julio De Vido.

¿Cuál sería el techo de las retenciones a los productos agropecuarios? La Corte Suprema de Justicia señaló que más del 33 por ciento es confiscatorio. Ese podría ser un nivel, según legisladores oficialistas.

Resulta, con todo, que en la Cámara de Diputados se está analizando un proyecto opositor para reducir al 30 por ciento las retenciones a la exportación de soja, según las actuales condiciones.

Las retenciones actuales son del 35 por ciento, y las entidades agropecuarias aceptaron impuestos a las exportaciones de soja del 25 por ciento.

Si el techo de libre disponibilidad del Gobierno fuera del 33 por ciento, la administración estaría en condiciones de subir cualquier nivel de retenciones, y en cualquier momento, hasta esa cifra. "Ese el centro crucial de la discusión de ahora", señaló un líder de los legisladores opositores.

Los legisladores oficialistas se desgajan. Es cierto. Sufren intensas e insoportables presiones del Ejecutivo para cubrir las últimas líneas de defensa de un gobierno frágil. También es cierto.

No hay buenas noticias (indispensables para el éxito de la política) y tampoco existen compromisos afectivos o ideológicos con los Kirchner. Los supuestos y últimos amigos del matrimonio presidencial gestionan y votan a desgano.

Pero ¿cómo están los opositores? Radicales y socialistas están cumpliendo a rajatabla el "teorema Baglini". "La responsabilidad de las organizaciones políticas es proporcional a su grado de cercanía con el poder", dijo una vez el entonces diputado radical Raúl Baglini.

Esa descripción del realismo se inscribió en la política argentina como el "teorema Baglini". Dicho de otro modo: la irresponsabilidad en las cuestiones de Estado sólo se da entre los que no tienen esperanzas de llegar al poder.

Los radicales creen que Julio Cobos podría ser el próximo presidente elegido de la Argentina.

Los socialistas gobiernan Santa Fe y esperan compartir la fórmula con Cobos.

El vicepresidente trabaja todo el día, despierto y dormido, por su candidatura presidencial.

Las encuestas de hoy señalan que Cobos es el presidenciable que cuenta, en las mediciones actuales, con mayor cantidad de adherentes. "Hoy es el próximo presidente de la Argentina", aceptó, desconsolado, un peronista notable.

Cobos tiene una limitación: debe llegar hasta febrero o marzo de 2011 para renunciar a la vicepresidencia en busca de la candidatura presidencial.

Una aceleración brutal de los tiempos electorales colocaría al vicepresidente, y al radicalismo, en un brete inaguantable. Cobos detesta la sola idea de renunciar en medio de una crisis, pero aborrece aún más la posibilidad de hacerse cargo del gobierno como consecuencia de una crisis.

El radicalismo no lo acompañaría en tales circunstancias. No deben darles ellos a los Kirchner, entonces, el argumento de que la oposición los acorraló hasta empujarlos del poder.

Esas son las restricciones de los no peronistas. Los peronistas tienen como organización política sus propios márgenes. Carecen de candidato a presidente o, en el mejor de los casos, disponen de uno solo: Carlos Reutemann.

El senador tiene tiempos que los peronistas no reconocen como propios. "Estoy calentando motores", suele responder Reutemann, lacónico y esquivo, cuando le preguntan por su proyecto presidencial.

Daniel Scioli, Juan Manuel Urtubey y Alberto Fernández están trabajando en una alternativa peronista en condiciones de romper la opción entre Reutemann y Kirchner. Nadie sabe cuál será el destino del gobernador bonaerense, si es que tiene destino.

El salteño Urtubey es conocido y respetado por la dirigencia política, pero necesita todavía de un proceso de instalación en los distritos más populosos del país. Necesitan, en fin, tiempo.

El mismo tiempo que necesita el otro peronismo, el que rodea a Reutemann, o el que precisan también el radicalismo, el socialismo y el cobismo.

A ninguno le conviene un violento adelantamiento del calendario electoral. Los Kirchner se benefician más de los intereses de los otros que de la solidaridad que despiertan.

Quedan franjas no peronistas o peronistas duramente disidentes que sólo están pendientes del rencor a Néstor Kirchner. Todo hay que decirlo.

El ex presidente ha hecho mucho, a lo largo de su vida en el poder, para carecer de amigos o de simples adherentes en la hora de su desgracia. Es el instante en el que la política carece del condimento de la racionalidad para llenarse del aderezo de las pasiones.

No son sólo el gas o las retenciones a la soja lo que se discute en el Congreso; el debate lleva implícitas posiciones sobre los dos años de gobierno que restan.

El matrimonio presidencial y su proyecto final de poder no son ajenos ni al debate ni a su resolución. Ellos también deben decidir qué quieren.

LA INCERTIDUMBRE

Alguien que defiende al kirchnerismo a capa y espada, y que supo aparecer en cuanto medio y lugar fue requerido a fin de ponerle el cuerpo al duro conflicto entre el Gobierno y el campo, se sinceraba, hacia el fin de la semana que pasó, con aire de desconcierto. Decía, entre otras cosas, que “es increíble lo que está pasando. No lo podemos entender. Los que nos identificamos con los postulados progresistas del kirchnerismo estamos haciendo una evaluación autocrítica de todo este proceso y vemos cómo todas las acciones que llevó adelante el Gobierno han terminado por favorecer la concentración de los grandes pooles de siembra y de los feed lots en desmedro de los pequeños productores.

Escapa a nuestra comprensión las causas por las que ni Néstor ni Cristina se dan cuenta de esto”.

Hasta ayer mismo eran muchos los que no atinaban a poder explicar claramente en qué dirección concreta se mueve en este y otros rubros la administración compartida por la Dra. Fernández de Kirchner y su esposo. Y entre esos muchos que comparten esta incertidumbre, hay numerosos miembros del Gobierno.

El matrimonio presidencial sigue demostrando una capacidad infinita de perder oportunidades.

Esto también lo reconoce un número creciente de funcionarios del Gobierno en confesiones en las que aflora el desconsuelo.

Sólo un puñado de ellos parece ajeno a esa realidad. El problema es que estos son los que, paradójicamente, tienen una mayor cercanía y llegada segura a quien es la principal fuente de poder de esta administración: Néstor Kirchner.

Es impresionante comprobar cómo siguen vigentes tanto su injerencia como también su participación en el gobierno de su esposa.

Aníbal Fernández comprendió, desde el primer momento de su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete, que el tema del campo era y es prioritario.

Esto no tiene que ver sólo con una realidad económica sino también con otra de dimensión política.

El Dr. Fernández recuerda lo que el matrimonio presidencial ha olvidado: la Dra. Fernández de Kirchner ganó la elección presidencial de octubre de 2007 con el aporte de una gran cantidad de votos provenientes del sector rural.

El jefe de Gabinete, a quien no le sorprendió la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, sabe, a su vez, algo que tanto el ex presidente en funciones como su esposa parecen ignorar: no hay posibilidades ciertas de triunfo del justicialismo en las elecciones presidenciales de 2011 sin el apoyo de sectores vastos del ruralismo.

Esta circunstancia, de no corregirse, también tendrá efectos en el presente.

La diáspora que se está produciendo dentro del bloque de legisladores del Frente para la Victoria es un botón de muestra. Ha comenzado ya con tres diputados por la provincia de Entre Ríos. Promete seguir.

A la luz de esto, alguien le advirtió a la Presidenta que había que hacer algo para exhibir algún atisbo de iniciativa ante un panorama francamente adverso que se avecina en el Congreso y al que los legisladores más fieles no saben a ciencia cierta cómo enfrentar.

La respuesta a eso fue el anuncio del proyecto de ley por el que se recortan los así llamados “superpoderes”. Esto que antes del 28 de junio hubiera sido considerado como un gran gesto republicano, ahora fue tan sólo un acto de realismo político.

“No podemos engañarnos a nosotros mismos; era claro que si la Presidenta no hacía algo la oposición nos los derogaba de un plumazo”, reconoce un legislador K que sigue azorado al ver las cosas que pasan en el poder.

Pero volvamos a la novela Gobierno versus campo.

Estábamos en las intenciones de Aníbal Fernández. Aquí hay que señalar que el jefe de Gabinete es el único funcionario del Gobierno a quien el matrimonio presidencial le permite una cierta independencia de movimientos.

Se nota en él, además, un cambio en el tono y el vocabulario de su lenguaje.

Puesto a trabajar en el tema, el Dr. Fernández logró que hubiera movimientos de acercamiento entre las partes.

Consiguió así que hubiera enviados del Gobierno que se entrevistaron con los representantes de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace.

En una de ellas, que tuvo lugar en San Pedro, hubo un mensaje transmitido por el emisario en cuestión: que entre los pedidos a realizar por los dirigentes del campo hubiera uno referido a dotar a estas negociaciones de un marco institucional.

Esto fue acogido y aceptado por las entidades.

Prueba de ello es que en el documento que le presentaron al Dr. Fernández en la reunión del viernes pasado, encabezaba la lista de pedidos uno referido a la necesidad de rejerarquización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, organismo cuya trascendencia política ha sido pulverizada por el Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y la Secretaría de Comercio Interior, en la que sigue reinando Guillermo Moreno.

“Les tiramos todos los centros que nos pidieron para la reunión del viernes y no llegamos a entender por qué el Gobierno no hizo ni siquiera un gol”, confesaba alguien que participó activamente en la preparación del documento de tres carillas que llevaron los ruralistas al encuentro en la Casa Rosada.

El Gobierno le dedicó también su tiempo al asunto.

En esa línea fue que pergeñó el anuncio para el sector lechero que la Presidenta hizo en la ciudad cordobesa de Villa María, el jueves por la tarde. En ese acto quedó exhibida, una vez más, la metodología del “divide y reinarás” que el Gobierno utilizó con relativo éxito en el pasado. Pero claro, el presente es otro.

Si bien algunos tamberos aprobaron el acuerdo, fueron muchos los que lo salieron a criticar.

El viernes hubo una reunión extensa e intensa en la Residencia de Olivos en la que la Presidenta escuchó las posturas existentes dentro de su gobierno.

Hubo halcones y palomas. Entre las palomas estuvieron Aníbal Fernández, el ministro de Infraestructura y Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. Entre los halcones, Guillermo Moreno, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el titular de la ONCCA, Emilio Eiras y la ministra de la Producción, Débora Giorgi. Triunfaron estos últimos. De hecho, la postura que llevó el Gobierno al encuentro con el campo fue la que propuso el señor Eiras.

La reunión en la Casa Rosada fue cordial. Incluso hubo un pedido de disculpas por parte de la dirigencia agropecuaria por algunos dichos vertidos durante la semana en la Rural.

La alusión fue directa a expresiones francamente reprochables por su nivel de intolerancia hacia el Gobierno, volcadas por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati.

Biolcati y el resto de los dirigentes deben comprender que el protestar y reclamar son actos legítimos de los que se nutre toda democracia, pero que esto no da derecho a fomentar la intolerancia o cualquier idea o acción que siquiera sugiera la posibilidad de la remoción de un gobierno por una vía diferente de la del voto popular.

A este respecto es importante insistir –en momentos en que el tema de lo institucional afortunadamente parece ganar espacio en la consideración pública– que es necesario que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner complete hasta el último segundo del último minuto de su mandato.

El campo sabía que el tema de las retenciones a las exportaciones de la soja no iba a ser resuelto en esa reunión. Aspiraba a otras cosas concretas. Eran tres: leche, carne y maíz.

No hubo avances significativos en ninguna de ellas.

La postura del Gobierno, tal cual lo expresó la ministra de la Producción, fue la de “ya les hemos dado demasiado”. Así las cosas, el futuro depara sólo interrogantes. Nadie sabe cómo seguirá esta historia. Lo único seguro es la incertidumbre y su secuela de dudas que, en un marco de crisis económica, no hace más que agregar dificultades a las ya existentes, que son muchas.

La oposición debería hacer también su aprendizaje de todo esto. En su paisaje abunda la pobreza de propuestas. Una buena tarea sería la de proponer ideas alternativas, serias y factibles, a las que hasta aquí ha llevado adelante el Gobierno.

Este es un aporte que falta y que representa un desafío al que aún la oposición mayoritariamente no ha respondido. Además, algunos parecen haberse quedado todavía en el 28 de junio. Mientras tanto, en la intimidad de Olivos, Néstor Kirchner sigue con sus maquinaciones.Acumula bronca y más bronca contra los “traidores” del Conurbano bonaerense.

Promete venganzas.

Alguna vez, alguien que supo creer en él le escuchó decir a bordo del Tango 01 en vuelo hacia México que “ahora que asuma Cristina, habrá una renovación total del Gobierno y yo me voy a dedicar a viajar por el mundo respondiendo a las 46 invitaciones de distintas universidades que desean otorgarme el título de Doctor Honoris Causa”.

De aquella promesa, de aquel momento y de aquel apogeo de poder, hoy nada queda.


Producción periodística: Guido Baistrocchi