Miles de familias salteñas que viven con menos de lo indispensable y están recibiendo hoy boletas de gas por $400, $600 u $800 en villa Ceferino, San Antonio de los Cobres y en otros innumerables rincones de la provincia, saben perfectamente cuál es la realidad que el interventor del ENARGAS, Antonio Pronsatto, desconoce o no quiere ver.

Los responsables de la empresa Gasnor -aunque no se hayan explicitado hasta ahora cifras reales- saben que los porcentajes de usuarios afectados por las exorbitantes subas en Salta, Jujuy y Tucumán son entre dos y tres veces más altas que ese 12% que declara Pronsatto.

Posiblemente, el funcionario que De Vido puso al frente del ENARGAS tras el escándalo de Skanska pueda sostener su afirmación en alguna ciudad patagónica, como Calafate, donde la mismísima presidenta de la Nación puede consumir hasta 9.000 metros cúbicos de gas anuales sin afrontar el cargo que ella misma creó por decreto 2067, pero en Salta esa verdad ajustada a la realidad de Santa Cruz es una completa falsedad. ¿Sabrá Pronsatto que en esta provincia -incluida su gélida Puna- se castiga a usuarios con el cargo a partir de los 1.200 metros cúbicos de consumo anual?
Si lo sabe y afirma lo que afirma, es un mentiroso. Si no lo sabe, es un inoperante.
El ENARGAS se creó a comienzos de los noventa con el supuesto fin de defender a los usuarios de abusos y excesos en el servicio de gas. Nunca lo hizo y hoy -a juzgar por el penoso rol de su interventor- sólo sirve para defender lo indefendible y sostener a una de las burocracias más caras e ineficientes de la Nación. ¿Es justo que los argentinos, además de pagar tan caros tributos a la imprevisión energética, deban sostener una tan costosa, ineficiente y desnaturalizada estructura como la del ENARGAS?