Dudan. Se recelan. Desconfían casi de todo. Gobierno, políticos opositores y ruralistas no saben si se sorprenderán con un fantasma nuevo o viejo a la vuelta de la próxima esquina. El campo quedó anteayer a las puertas de un nuevo conflicto con los que gobiernan. Borren todo: esa reunión no existió, dijo un dirigente agropecuario al aludir al diálogo con el jefe de Gabinete y a los pocos resultados del encuentro. En otros ámbitos, los opositores políticos preparan el golpe más contundente que podría recibir la administración desde que perdió las últimas elecciones: el Congreso le negaría la prórroga de todas las facultades extraordinarias que le delegó al Ejecutivo en el último siglo. La más importante facultad delegada que caería sería, precisamente, la de fijar las retenciones a las exportaciones.

Ese crucial debate en el Congreso comenzará el miércoles próximo. Senadores y diputados quieren anular ese mismo día, además, el decreto que dispuso un aumentó cósmico para las tarifas de gas. Hay un proyecto en ese sentido en cada una de las cámaras. ¿Cómo están los números en el Congreso? Una cosa son los números teóricos (el Gobierno no perdió aún su vieja mayoría) y otra son los números políticos. ¿Cuántos legisladores defenderán semejante aumento de tarifas en nombre de un gobierno que perdió?, espolea un diputado oficialista. El decreto caerá, probablemente. Una cámara lo anulará el miércoles; luego lo derribará la otra.

Las tarifas han aumentado en un 400 por ciento en muchos casos; una revolución de jueces está sucediendo con la aprobación de los pedidos de amparo de muchos ciudadanos.

Los jueces ordenan, por lo general, que los damnificados abonen sólo el consumo, pero no los montos asignados para que Julio De Vido haga inciertas obras de infraestructura o para que pague las importaciones de gas. El increíble aumento de las tarifas de gas es la expresión cabal del fracaso de la voluntarista política energética de los últimos seis años. Una larga fiesta ha llegado a su fin; las facturas del dispendio la están pagando quienes nunca fueron consultados sobre si querían participar de esa fiesta.

Una corriente de peronistas no alienada con Kirchner está en desacuerdo con la recuperación por parte del Congreso de sus facultades para fijar las retenciones. Acepta que es una facultad constitucional del Congreso, pero la Constitución, agrega, legisló sobre las condiciones de un mundo que no es éste. Los mercados internacionales, argumentan, se mueven ahora con un ritmo mucho más veloz que el parlamentario.

Cierto o no, ese criterio no prima en el Parlamento. Allí, los bloques liderados por el radicalismo, los peronistas disidentes, los pocos radicales K que quedan y hasta algunos peronistas kirchneristas se agolpan para votar en contra de la prórroga de todas las facultades delegadas. Es un alud imparable en contra del Gobierno, describió un kirchnerista preocupado. El kirchnerismo sólo tendría 30 votos seguros en el Senado (se necesitan 37 para la mayoría) y perdió el quórum en Diputados antes de la renovación de diciembre.

Le están dando argumentos a Kirchner para que diga que así no se puede gobernar, alertó un hombre que conoce las reacciones del ex presidente. Pero ¿por qué cambiarían los opositores cuando se siguen usando los mismos argumentos oficiales del viejo combate con el campo? ¿Por qué, cuando prevalecen las mismas políticas que fueron derrotadas hace un mes? En la vida política abundan muchas cosas, menos los suicidas.

Ocurre, también, que nadie imagina a Kirchner durante mucho tiempo en el cono de sombras donde está ahora. Nadie supone que perseverará callado, escondido y entre las cuerdas. Algunos prevén que podría lanzar una idea conmocionante sobre las reservas petroleras del país. ¿Otro manotazo como el de las AFJP? No se sabe, pero el runrún existe en niveles encumbrados de la República. Otras voces lo entrevén convocando a un espectacular referéndum sobre la gestión de Cristina Kirchner. ¿Y si el Gobierno perdiera otra vez? Entonces vendría el adiós, pronosticó un ministro.

Los dirigentes agropecuarios recuperaron el papel de víctimas que los hizo populares. Los llamaron a dialogar. Fueron al diálogo. Aníbal Fernández los escuchó y refutó algunas ideas generales. Nunca se dijo nada explícitamente en la reunión sobre la negativa del gobierno a bajar las retenciones. Los líderes del campo creyeron más en la amabilidad de los gestos que en las palabras que escucharon. Pero en la conferencia de prensa posterior de Fernández y de Débora Giorgi, disciplinada ministra de la Producción, se desayunaron de todos los noes que les habían asestado. Más aún: Giorgi habló ante los periodistas de cosas que nunca habló con los ruralistas. Nos fuimos con expectativas sin contenidos, es cierto, pero luego nos encontramos con un fracaso, relató uno de esos líderes.

¿El Gobierno les había aceptado algo que después desconoció? No nos dijeron que sí, pero tampoco nunca nos dijeron que no, narraron. Los problemas entre el Gobierno y los ruralistas son dos, ahora. Uno: ninguno de los dos quiere ser el primero en romper la embrionaria negociación. El precio de la confrontación será caro frente a una sociedad que está pidiendo un armisticio. Los dos saben, sin embargo, que caminan hacia un nuevo conflicto. El otro: la antigua cruzada política tiene ahora más condimentos económicos que políticos. Muchos pequeños productores tenían problemas para alimentar a sus animales; ahora ya empiezan a tener problemas para alimentarse ellos mismos. Ese es el estrechísimo margen en el que les toca bailar a los dirigentes rurales.

El Gobierno tiene, a su vez, enormes problemas de recaudación y de recursos. Una de las facultades delegadas le sirvió hace quince días para modificar el inciso de una ley. Ese cambio le permite a la pequeña caja de jubilaciones militares comprar títulos públicos. ¿Cuánto dinero puede invertir en títulos públicos una caja de jubilaciones militares? Poco. El dato es demostrativo de la astenia fiscal del gobierno y de su renuencia a enfrentarse en el Congreso con esa clase de debates. Tal vez los dos carecemos ya de espacios prácticos para ceder, aceptó ayer un dirigente del campo.

El conflicto que plantea el Gobierno no se refiere sólo a esas carencias (y a los errores que las hicieron posibles), sino también a sus intransigencias. Un día antes de la reunión de Fernández con los líderes rurales, la Presidenta firmó un acuerdo sobre subsidios a la lechería con un grupo de lecheros que los productores consideran traidores. Guillermo Moreno armó ese acto de cooptación, en la que algunos campesinos se desesperaban por saludar a Cristina Kirchner. Inmejorable foto para abroquelar al resto del ruralismo, inmensamente mayoritario, en contra del Gobierno.

Dividirnos ha sido siempre el principal proyecto de los Kirchner y de Moreno, se ofenden los ruralistas. Moreno no sólo es un símbolo de las líneas oficiales derrotadas por la política y la economía; es también un ejemplo tangible de que los gobernantes no quieren cambiar nada.

La cuota Hilton sobre exportaciones de carne era una responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Según el último anuncio sobre esas exportaciones, éstas serán controladas de ahora en más por la Oncaa, que a su vez controla Ricardo Echegaray, un enemigo aún más odiado que Moreno por los ruralistas. No teníamos secretario de Agricultura y ahora no tenemos secretaría, rumió un dirigente rural. No hubo, ni antes ni después del diálogo, ningún gesto concreto que rectificara el enfrentamiento y la crispación de los últimos años.

Aceptamos las reglas del juego, pero la confianza no existe, dijo el influyente jefe del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz. Iremos al Congreso por las retenciones. Ya basta de hablar con el Gobierno sobre ese tema, señalaron los máximos dirigentes agropecuarios. ¿Por qué debería ser constructivo el diálogo con los adversarios si los gobernadores peronistas Daniel Scioli y Juan Manuel Urtubey se fueron de sus reuniones con la Presidente con el gusto amargo de la desilusión? Urtubey sólo pudo intercalar su primera crítica, sobre el Indec, y debió callar definitivamente. Y no le permitieron a Scioli que intercediera por los problemas rurales.

La Argentina deberá importar carne el año próximo para el consumo interno; esa perspectiva es ya inmodificable. La superficie sembrada de trigo de este año es la menor en 110 años de historia nacional. Es cierto que el gobierno kirchnerista ha fracasado con la energía, pero también equivocó seriamente las políticas agropecuarias. ¿Teoría solamente? Lo peor de todo es que ya se pueden tocar hasta con las manos las pruebas de la ruina.