Descalifican el documento emitido por ocho ex secretarios de Energía
El Argentino, Buenos Aires
La falta de idoneidad técnica les impidió materializar una propuesta con objetivos coherentes y creíbles. Esas carencias llevaron al país a padecer una secuela de extendidos apagones y a dejar inconclusas onerosas obras como la usina atómica de Atucha II.
Carlos Manuel Bastos La descalificación más contundente con que tropezó el documento sintetizado bajo el rótulo de “Una política de Estado para el sector energético” provino ayer del ex secretario de Energía (1991-1996), Carlos Manuel Bastos, el cual hizo notar que el informe elaborado por ocho ex funcionarios del área que se desempeñaron durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde no establecía propuesta alguna sino simplemente un deliberado objetivo “político”.
Bastos, cuya gestión lo convirtió en un verdadero mentor intelectual de las privatizaciones del sector eléctrico de la década del ’90, admitió que en los últimos meses se comenzaron a tomar medidas correctas para enfrentar el aumento de la demanda energética.
Tras vincular el documento conjunto con la contienda electoral que se librará el 28 de junio próximo, Bastos indicó que “el informe más que proponer soluciones busca ponerse en la vereda de enfrente al Gobierno”.
Bastos, quién durante el segundo paso de Domingo Cavallo por el Palacio de Hacienda en el gobierno de Fernando de la Rúa se desempeñó como ministro de Infraestructura y Vivienda, destacó que “el Gobierno está realizando esfuerzos. No tengo coincidencia total con ellos y en su momento realicé algunas críticas, porque se había tomado la decisión de mantener tarifas tan bajas como fuera posible, lo cual trajo una serie de consecuencias negativas”.
Ese técnico rescató que en estos tiempos es más fácil encontrar una solución “para los problemas de demanda energética porque los precios (internacionales) han bajado y el Gobierno está haciendo esfuerzos por llevar las tarifas” a un nivel adecuado.
Siempre en el terreno de las descalificaciones frente al documento difundido en el Instituto General Mosconi, se recordó que Jorge Lapeña fue uno de los principales responsables de la paralización de las obras de Atucha II porque en las permanentes desavenencias que mantuvo con el ex secretario de Energía, Conrado Storani, en la época en que era titular de la Subsecretaría de Planificación Energética y, posteriormente con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, nunca se llegó a lograr la articulación de política sectorial alguna.
El desmanejo en que cayó la actividad energética dejó a las ex empresas estatales en una situación de indefensión que las privatizaciones de la década del ’90 pueden valorarse como una etapa “creativa” en la que la venta y concesiones de los activos de Segba dejó pasó a cinco unidades de negocios, tales como Edesur, Edenor, Edelap, Central Costanera y Central Puerto que concitó el interés de empresas internacionales de primera línea.
A pesar de los éxitos privatizadores que exhibió el gobierno de Carlos Menem luego su debilitamiento político impidió materializar el intento de encontrar interesados para las usinas nucleares, tal como amagó anotarse la española Endesa.
En igual sentido, el documento de los ocho ex secretarios de Energía esconde un deliberado objetivo de debilitar una gestión de gobierno que se destaca por la coherencia y continuidad de sus estrategias energéticas.
ERNESTO DE PAOLA
