Todavía resuenan los ecos del discurso que, sin leer y con perfecta memorización de las cifras, la Presidenta dio ante la Asamblea Legislativa para dejar inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En uno de los párrafos se dedicó a hablar de la universidad pública y de la necesidad de su jerarquización. Hasta mencionó un proyecto de una nueva Ley de Educación Superior. Sin dudas, todas consideraciones loables.

Todavía resuenan los ecos del discurso que, sin leer y con perfecta memorización de las cifras, la Presidenta dio ante la Asamblea Legislativa para dejar inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En uno de los párrafos se dedicó a hablar de la universidad pública y de la necesidad de su jerarquización. Hasta mencionó un proyecto de una nueva Ley de Educación Superior. Sin dudas, todas consideraciones loables.
Sin embargo la realidad, con su crudeza habitual, se ha encargado de mostrar, una vez más, las contradicciones entre el discurso presidencial y los hechos.

La trama de esta historia nos lleva a la Universidad de Buenos Aires. Allí, en toda la manzana de los vetustos edificios de las facultades de Medicina, Farmacia y Bioquímica y Odontología no hay gas. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy simple: la obsolescencia y la falta de mantenimiento de los edificios han sido implacables con la infraestructura. Así fue que Metrogas detectó pérdidas de gas severas en varias partes de las viejas cañerías de estas sobrecargadas construcciones. En consecuencia, y para evitar accidentes fatales, decidió cortar el suministro de gas a las tres facultades que ocupan la manzana porteña comprendida por las calles Paraguay, Uriburu, Junín y Marcelo T. de Alvear.

Hay que hacer un arreglo importante cuyos costos son muy altos para el presupuesto universitario que, si bien es cierto que se ha venido incrementando durante la gestión de los Kirchner, aún resulta magro. Sólo la Facultad de Medicina requiere unos 7 millones de pesos para la realización de estas obras. Se calcula que el costo total de las reparaciones asciende a una suma de entre 30 a 40 millones de pesos.

En vista de que esa plata no está, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió elevar al Poder Ejecutivo un pedido de un aporte de fondos extraordinario.
Los docentes se han movilizados porque ven que las soluciones se demoran. Hay procedimientos de investigación que hacen imprescindible la utilización del calor que se obtiene a partir del gas. Se descartó, afortunadamente, una medida con aires de República Cromagnón que consistía en la utilización de garrafas. Imaginemos el peligro de trasladar esas garrafas por el laberíntico interior de esos edificios.

Hasta ahora el dinero no ha aparecido. Por lo tanto, sería bueno que la Presidenta se involucrara personalmente en el tema y apurara la liberación de los fondos que permitan hacer frente al pago de los arreglos en cuestión.

Días de furia
Fue la gota que derramó el vaso. Así obró el anuncio del ministro de Economía sobre el aumento a las retenciones móviles a las exportaciones de la soja y del girasol. El campo, con su heterogeneidad, reaccionó homogéneamente con un paro que se extenderá hasta el miércoles 19, que, ante los feriados de Semana Santa y del 24 de marzo, significa una falta de actividad hasta el martes 25. Fue una reacción que nació en las bases.

El campo constituye un algo heterogéneo y diverso en donde hay de todo. Hay un campo llorón que siempre quiere más y hay un campo sufrido que vive sin holguras. Están los grandes, los medianos y los pequeños. A los grandes les está yendo fantásticamente bien en el país del plan “soja y suerte” al que apostó el gobierno de los Kirchner. Fue por eso que, en gran parte, el así llamado país sojero votó a Cristina Fernández de Kirchner. En ese sector el nivel de renta es mayúsculo. Esto generó una verdadera distorsión. Una de ellas es que el criterio rentístico ganó a muchos pequeños y medianos productores que vieron como única manera de subsistir la de alquilar sus campos a estos “pooles” que se van extendiendo y que van generando niveles de concentración que deberían preocupar. La otra es que sectores de la producción ganadera abandonaron esta actividad más compleja que la agricultura y se dedicaron también a la soja. Cuando se recorre el campo argentino se puede apreciar claramente la reducción del número de cabezas de ganado.

En este punto aparece la medida del Gobierno. El objetivo enunciado es el de evitar la “sojización” del campo. Desde Economía se sostiene que éste es el motivo principal y que el campo ha ganado mucha plata –en muchos casos esto es así– y que es injusto al no reconocer que, simultáneamente, se decidió una disminución de las retenciones a las exportaciones del maíz y del trigo en un momento en que los precios internacionales aumentan.

Así las cosas, la tensión es máxima.

Hay algunos estrechos puentes de diálogo tendidos entre el campo y el Gobierno que pasan por el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza y la Jefatura de Gabinete de Alberto Fernández. Desde allí hubo un pedido para que se levantara la medida de fuerza como paso previo a una recomposición del diálogo. El pedido no prosperó.

Al momento de escribir esta columna, no había ningún diálogo con el ministro de Economía.
En Economía insisten en que no hay marcha atrás con la medida. Que hay predisposición para dialogar para adelante con la idea de discutir, entre otras cosas, un plan cárnico.
“Lousteau es al campo lo que Cavallo fue a los ahorristas”, gritan a coro varios dirigentes rurales.

En esto, el ministro Lousteau –que confirmó lo que adelantamos en esta columna que no renuncia y además que no se casa (eso, le confieso al lector, no lo sabía)– cuenta con el pleno apoyo de Néstor Kirchner.

Por si usted no se familiarizó con el término, vaya incorporándolo. El término es una mezcla de las palabras agricultura e inflación y sobre su autoría hay discusiones. Para unos, el creador del neologismo fue Hill Jamieson en Business.Scotsman.com. Para otros, la palabra fue creada por técnicos de la inversora Merryll Lynch hace unas semanas. Es más, uno de sus técnicos, José Rasco, indicó que en cinco a diez años, los precios se duplicarán. El licenciado Martín Lousteau viene siguiendo todo este fenómeno con mucha atención
La definición del diccionario Investopedia (Forbes) es la siguiente: agflación: “Aumento de precios de los alimentos, motivado por un incremento de los niveles de consumo –sobre todo en algunos países como la India y la China– y por su uso como alternativa en materia de recursos energéticos”.

En el medio de todas estas disputas está el consumidor que paga las consecuencias de todos estos avatares. El objetivo de todas estas medidas –además del de generar mayores reservas en el Banco Central– es, supuestamente, el de controlar la inflación. La realidad muestra que toda la política antiinflacionaria que viene aplicando el Gobierno sigue fracasando olímpicamente. En ese sentido, es muy ilustrativo el episodio que aconteció con los “acuerdos de precios” de la carne que difundió el Gobierno y que le costó la fractura de un dedo a un dirigente de la Cámara de Frigoríficos que, en principio, se negaba a firmarlos.
Los periodistas que asistieron a la presentación que se hizo en Economía el viernes 7 de marzo, recibieron unos precios pero después en el Boletín Oficial, aparecieron otros diferentes y más caros que fueron los que publicitaron los supermercados con volúmenes de stock limitados.

Finalmente, Santa Cruz.
Siempre hay que estar atentos a lo que pasa allí, visto el accionar directo de los Kirchner sobre el manejo feudal de la provincia.

Antes que nada, hay que mencionar un dato de valor referencial: el gobernador Daniel Peralta y Néstor Kirchner tienen personalidades muy parecidas. A Peralta le gusta manejar las cosas a su manera y tiene un proyecto propio de permanencia en el poder. Por ende, tiene choques con el ex presidente en funciones. El reconocimiento de que los ya famosos fondos de Santa Cruz no habían sido repatriados cayó como una bomba en Puerto Madero. Directamente, lo dejó como un mentiroso a Néstor Kirchner quien, en un reportaje con Magdalena Ruiz Guiñazú el año pasado, había sostenido que esa plata había sido repatriada. Algunos ven en esto un mensaje a través del cual Peralta pretende demostrarles a los Kirchner que no quiere ser títere de nadie.

En este contexto, un hecho escandaloso, con poca repercusión nacional, se produjo en la legislatura provincial la semana pasada. Allí, se votó favorablemente y sobre tablas la prórroga por otros diez años del controvertido contrato de concesión con la empresa petrolera Pan American Energy. La Ley de Hidrocarburos prevé la prórroga de un contrato cuando el comportamiento de la empresa beneficiada se considera adecuado. Una de las objeciones de esta prórroga a partir del 2017 es que nadie sabe –ni siquiera la empresa– cómo será el comportamiento de Pan American Energy de aquí al 2017 (¿Los legisladores K habrán consultado a un adivino?). El episodio fue bochornoso no sólo por los aspectos discutibles del contrato sino también por el modus operandi del bloque kirchnerista. Allí, el oficialismo tiene los dos tercios de las bancas lo cual le permite manejar todo a voluntad. Por eso fue que, sorpresivamente y en medio de una sesión en la que se iba a tratar la construcción del dique Los Monos –un proyecto que viene de 2003 con un presupuesto inicial de 300 millones de pesos que ahora ha subido a los 3.000 millones–, la diputada Ana Urricelqui levantó la mano para pedir el tratamiento sobre tablas de la prórroga por diez años más de la citada concesión. Esto se quiso hacer aparecer como algo espontáneo. La realidad, no obstante, es que todo ya estaba preparado. Lo demuestra el hecho de que lo diputados oficialistas tenían el proyecto en sus pupitres, documento que les faltaba a los diputados de la oposición.

Una parte de la ciudadanía de Santa Cruz se había movilizado para protestar por la firma de este contrato de concesión en junio de 2007 y se habían juntado unas diez mil firmas para pedir la realización de una consulta popular que se expidiera sobre su conveniencia o no.

Desde la empresa se empeñan en decir que todo esto era necesario en pos de la previsibilidad de las inversiones requeridas para asegurar la provisión de energía a la provincia. Sin embargo, el modo en cómo se trató la prórroga no hace sino generar sospechas. Muchos recuerdan que el gobernador Peralta se había comprometido a convocar a una discusión profunda y abierta sobre el contrato en cuestión.

En este marco, a su vez, se ve a esta prórroga como una cabeza de playa para un posterior desembarco de Repsol YPF con las mismas prerrogativas.

“Todo esto huele a azufre”, Chávez dixit. Y, por cierto, el azufre huele mal.
Producción periodística: Laura Bartolomé