Cuesta creer que el aumento de las retenciones a la exportación de soja y girasol, que mantiene en pie de guerra a los productores del campo sin distinción de tamaño, persiga los objetivos declarados por el gobierno de Cristina Kirchner. Ni los precios internos de estas oleaginosas influyen en el índice minorista que desvela al secretario Guillermo Moreno (ya que el grueso de la producción se exporta), ni tampoco parece lógico que un gobierno cuyos crecientes ingresos fiscales se apoyan en la soja tenga el propósito de evitar con estas medidas una mayor "sojización" de la producción agrícola, como sostuvo el ministro Martín Lousteau. "Sería como si los países de la OPEP decidieran tapar pozos de petróleo", razonan los productores agrícolas.

Las nuevas retenciones móviles, que al igual que lo que ocurre con el petróleo imponen un techo explícito a los ingresos de los exportadores -por encima del cual toda ganancia extra va para el Estado nacional-, probablemente tengan otras motivaciones. Una de ellas es reforzar los recursos fiscales para atender vencimientos externos de la deuda pública, en otro año en que los mercados financieros internacionales se mantienen cerrados para la Argentina. Otra, complementaria de la anterior, es hacer "caja", con la cual pagar las fuertes importaciones de combustibles pesados y gas, así como alimentar el barril sin fondo de los subsidios que se aplican para camuflar el déficit energético. Si estas hipótesis fueran correctas, poco tendrían que ver con la política redistributiva con fines sociales que proclaman los discursos oficiales y que tiende a aceptar buena parte de la opinión pública. Al menos, hasta que se precise el destino de los ingresos extra para redistribuir que, vale la pena recordar, no se coparticipan con las provincias ni con aquellas de donde proviene la producción agrícola. La simple firma de un decreto acaba de quitarles el equivalente de 1300 millones de dólares anuales con destino a la Casa Rosada. Si recuperan o no parte de esos recursos, dependerá de su mayor o menor grado de alineamiento con el Gobierno, ya que el Congreso no cuenta en el manejo de esta política. El diputado radical Oscar Aguad acaba de presentar un proyecto para crear un fondo compensador que redistribuya los ingresos por retenciones con participación de las provincias, pero hasta el propio autor de esta iniciativa admite que difícilmente encuentre eco en el oficialismo.

Gas muy caro
El hilo conductor que une el aumento de las retenciones agrícolas con el déficit energético puede advertirse en varias medidas que conviene analizar con mayor detenimiento. Sobre todo porque no todo lo que se dice es lo que es, y en lo que no se dice casi siempre aparecen sorpresas que modifican la perspectiva.

El plan Gas Plus, por ejemplo, fue una manera elegante de reconocer que ni este año ni el próximo se podrá contar con mayores volúmenes de gas provenientes de Bolivia... A primera vista podría suponerse que la división entre "gas viejo" y "gas nuevo" para determinar la regulación o liberación de precios permitirá a los productores locales percibir hasta 6 dólares por millón de BTU (lo mismo que se paga por el gas boliviano) si realizan nuevas inversiones que permitan aumentar la extracción o descubrir nuevas reservas. Y si bien esta medida fue recibida por el sector como un paso en la dirección correcta, existen ingredientes que condicionan sus alcances. Uno de ellos es que, para resultar beneficiarias del nuevo régimen, las compañías petroleras debieron comprometerse expresamente meses atrás a mantener el valor de 0,50 dólar para el consumo residencial, que representa más del 30% de la demanda. Quienes no adhirieron, no pueden exportar en los meses de bajo consumo interno. Toda una señal para quienes se ilusionan con un futuro plan Petróleo Plus, de precios desregulados para retribuir inversiones de riesgo.

También dentro del paquete gasífero anunciado por la presidenta Cristina Kirchner se incluyó la suba de retenciones a las exportaciones, como una correcta manera de trasladar a los países limítrofes (en especial, Chile) el mayor costo del gas licuado de petróleo o el natural importado desde Bolivia. En teoría, esos ingresos habrán de destinarse al subsidio por mayores costos que por dos años recibirán las industrias que reemplacen gas natural por combustibles líquidos. Pero nadie en el Gobierno se encargó de explicar si una cosa compensa la otra. O sea, de precisar el resultado de la cuenta fiscal que surge de sumar mayores retenciones sobre volúmenes de exportación de gas cada vez más bajos y restar subsidios crecientes por importaciones de combustibles cada vez más caros. Para tener una idea de magnitudes, el costo del fueloil importado alcanza hoy a 12 dólares (equivalentes en gas a un millón de BTU) y el del gasoil a 24 dólares. Por eso es válido suponer que los productores agrícolas terminarán pagando la diferencia, junto con los petroleros que exportan a precio máximo (de aproximadamente 42 dólares por barril, por encima del cual la diferencia va al Estado).

La rueda de auxilio para atenuar la escasez de gas natural (local y boliviano) vendrá de la mano de Repsol YPF, que instalaría a fines de mayo una planta flotante en el puerto de Bahía Blanca para regasificar gas natural comprimido importado y transportado en barcos, a través de un contrato con Enarsa, de un año con opción a otros cuatro. Si se cumplen los plazos de conexión con el gasoducto troncal del Sur, esta operación permitiría inyectar en el próximo invierno unos 8 millones de metros cúbicos diarios. Este volumen más que duplica al que envía hoy Bolivia (menos de 3 millones), pero lo mismo ocurrirá con el precio: entre 12 y 14 dólares por MBTU, que también será subsidiado. No obstante, está lejos de los 27 millones de metros cúbicos que Bolivia admitió no poder exportar a la Argentina en los próximos tres años. Mientras, avanzan a paso lento los proyectos para instalar plantas fijas de regasificación en Bahía Blanca (una asociación entre Enarsa y la venezolana Pdvsa, a pesar de que no cuenta con plantas de licuefacción) y en Montevideo (para inyectar gas al área metropolitana a través del gasoducto del Litoral). En el mejor de los casos, estarían disponibles en tres o cuatro años.

En medio de tantos subsidios e intervenciones en mercados sensibles para los precios o la actividad, el Gobierno parece actuar como un malabarista en el juego de platos chinos, que cada vez incorpora más y más discos giratorios sin certeza de que no comiencen a caerse. Guillermo Moreno puede dar fe de esta sensación: cuando se busca abarcar mucho (Indec, IPC, carnes, pan, lácteos, bebidas, alimentos elaborados, cigarrillos, comidas rápidas, subsidios, prohibición de exportaciones, electricidad, combustibles, gas, medicina prepaga, tarifas, colegios privados, útiles escolares) y en un contexto de mayor inflación, la experiencia indica que se aprieta cada vez menos.