Que se sepa: los lustrabotas del microcentro porteño no recurren a asesores macroeconómicos ni contratan consultores privados. Sin embargo, muchos de ellos ya pasaron a cobrar una tarifa básica de 4 pesos (que equivale hoy a 1,26 dólar), sin necesidad de autorizaciones, paritarias o acuerdos sectoriales. Esta cifra implica un aumento del 33% sobre la vigente en 2007. Si la comparación se realiza con diciembre de 2001, cuando estalló la convertibilidad, el incremento alcanza al 300% en pesos y al 26% en dólares, mientras que en ese lapso la inflación minorista según el Indec acumuló poco menos del 110%. Por cierto que una lustrada de zapatos no incide en la inflación ni mueve la aguja del IPC. Pero el comportamiento de los lustrabotas porteños muestra varios aspectos propios de una economía inflacionaria: uno, que la expectativa es mucho mayor que la que marcan los falsificados índices oficiales; otro, que debe haber demanda aun con la nueva tarifa, y un tercero, que existe una recuperación de precios relativos en términos de dólar, cuya cotización en los últimos dos años ha subido menos del 10%. Salvando las distancias, este panorama no es muy diferente del de muchos sectores económicos, al menos en materia de precios, demanda o costos. Con un nivel anual de dos dígitos (que ronda el 20%), el problema básico es la inflación y no sólo la forma de medirla. Pero es mucho más que un problema, ya que tiene causas y efectos encadenados que se agudizan por la falta de una política integral y coordinada para frenarla. Quizá la mejor prueba de esto último fue la ausencia de toda referencia al tema en el extenso mensaje de Cristina Kirchner ante el Congreso. A lo sumo, la estrategia del Gobierno apunta a evitar que la inflación se espiralice. Por eso reforzó los superávits gemelos (fiscal y externo) y busca contener desbordes salariales. Pero estas herramientas no tienen la misma eficacia con una inflación del 5 al 6% anual que con una del 20% o más, y mucho menos con precios internacionales de alimentos y energía en permanente aumento, los cuales tampoco explican por sí solos la inflación de dos dígitos. De ahí que también haya desplegado un arsenal de subsidios y medidas caso por caso, cuyo efecto más visible es una mayor incertidumbre para productores y consumidores. Sin embargo, está lejos de haber llegado a las raíces del problema.

Causas concurrentes

Por el lado de las expectativas, es obvio que la estrategia de disfrazar los índices de precios ha fracasado. Nadie, ni el propio Gobierno, cree que la inflación minorista es del 8,4% anual como marca el Indec y esto alimenta comportamientos preventivos. Una encuesta entre consumidores que realiza mensualmente el consultor Hugo Haime revela que en febrero no sólo el 82% percibió aumentos de precios (si bien de menor intensidad que en enero), sino que el 65% espera más incrementos para marzo. Pero aún más preocupante es que el estudio muestra que en menos de dos años, más que se duplicó (del 21%, en agosto de 2006, al 49% el mes pasado) la expectativa de que el Gobierno no va a tener éxito en la lucha contra la inflación. Otro tanto ocurre con el porcentaje de respuestas que ubican a los aumentos de precios como principal problema cotidiano. Casi seguramente esto se da en los sectores de ingresos bajos y medios, supuestos destinatarios de las medidas gubernamentales. Aquí se plantea otro problema, vinculado con la distribución del ingreso que claramente no mejora con inflación alta. Este efecto contrarresta la estrategia oficial de impulsar la demanda interna por encima de lo mucho que crece la oferta de bienes y servicios, ya que no evita las presiones inflacionarias que crean las políticas de alto gasto público, tasas de interés negativas, aumentos salariales que se trasladan a precios o incrementan subsidios estatales. Por ejemplo, lo que el Tesoro planeaba ahorrar en subsidios con el aumento de tarifas de transporte público (unos 600 millones de pesos anuales) prácticamente se diluirá con los mayores aportes a las empresas para pagar el ajuste del 20% en los sueldos del sector. La elevación de las retenciones sobre los productos agrícolas, si bien mejora el superávit fiscal, tampoco resultó eficaz como efecto contractivo sobre la economía.

Esta mayor presión es compensada por el sostenido aumento de los precios internacionales, que, a su vez, obliga a incrementar el monto de subsidios a las industrias procesadoras de alimentos para evitar un mayor impacto en los precios internos. Además, las medidas intervencionistas que ejecuta Guillermo Moreno en algunos mercados para determinar quién gana o deja de ganar más crean una situación de incertidumbre que conspira contra las inversiones para aumentar la oferta. Lo que está ocurriendo en el mercado de la carne es una prueba de este círculo vicioso. El menú de medidas en danza, con subsidios más extendidos, controles de precios ineficaces o mayores prohibiciones para exportar, no incluye ninguna medida estructural a mediano plazo. A este cuadro debe sumarse el aumento de costos, en pesos y en dólares, que provoca la combinación de inflación más alta y tipo de cambio nominal casi estable.

El economista Miguel Angel Broda calcula que el tipo de cambio real equivale hoy a un dólar de aproximadamente 1,50 peso a valores de 2001 sin contar retenciones, que estima que seguirán subiendo si siguen aumentando los precios internacionales, al igual que los subsidios. Es cierto que el peso se ha apreciado frente a otras monedas (real, euro) y que la prudente decisión del Gobierno de no indexar el tipo de cambio frente al dólar contribuye a no alimentar aún más la inflación ni a licuar el gasto público. Pero también lo es que la relación peso-dólar sigue siendo un ineludible punto de referencia para los sectores de ingresos medios-altos.

Una prueba en este sentido es que la balanza externa del sector turismo (que en 2007 tuvo ingresos récord por 4000 millones de dólares) registraría un saldo favorable de apenas 200 millones, por viajes cada vez más frecuentes de argentinos al exterior. Sin que se conozca a ciencia cierta cuál es el verdadero nivel de inflación en la Argentina, también se pierden otras señales económicas y no sólo en materia de precios. Las normas de la AFIP (salvo las últimas actualizaciones de bienes personales y ganancias para asalariados) están diseñadas para una economía sin inflación, lo cual acentúa la presión tributaria real. A esto se suma que varios gobiernos provinciales y municipales no han sido nada tímidos a la hora de subir impuestos.

Otra incógnita son las tasas de interés reales. Si la inflación del Indec fuera cierta, las tasas de la nueva línea de créditos del Banco Nación para el equipamiento de pymes serían fuertemente positivas. Pero la realidad indica todo lo contrario y que en los próximos cinco años será importante el nivel de subsidio a los tomadores. Por las dudas, los lustrabotas también se pusieron a tono en otro aspecto: la nueva tarifa evita un mayor uso de monedas, que escasean para pagar un poco más en colectivos, subtes y quioscos.