La prohibición de exportaciones de naftas y de gasoil es un ejemplo más de que en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias.
La medida anunciada ayer es hija del aumento de las retenciones dispuesta en los últimos días del gobierno de Néstor Kirchner. Pero también de la pretensión anterior de mantener al país al margen del tercer shock petrolero mundial, que ha llevado los precios del petróleo a US$ 100 el barril, sin una política explícita a más largo plazo que evite seguir debilitando la producción local y, fundamentalmente, las nuevas inversiones en exploración.
Estas decisiones generaron en el mercado una sucesión de distorsiones que en las últimas semanas terminaron por desconcertar a los consumidores: precios más altos, cupos para la venta de combustibles, suspensión de ventas con tarjeta y la sensación de que la cadena de producción, refinación y comercialización está cada vez más desarticulada.
Hasta ayer, las exportaciones de combustibles estaban sujetas a autorización previa del Ministerio de Planificación. No resulta extraño que ahora se suspenda taxativamente la exportación de gasoil -cerrada de hecho-, ya que desde hace tiempo la capacidad de refinación se encuentra al límite. Cuando sube la demanda, ya sea por el turismo o por la cosecha, hay faltantes imposibles de cubrir con importaciones a pérdida. Por eso, nunca se registró la "lluvia de gasoil" prometida en su momento por Guillermo Moreno.
En cambio, los excedentes de naftas se están reduciendo, porque las refinerías procesan menos petróleo. Especialmente, desde que la última suba de retenciones (se aplica por encima de un precio de referencia de US$ 42 el barril) terminó por distorsionar el mercado. Aunque las exportaciones de crudo cayeron el 46% a lo largo de 2007 (pese a los precios récords), los productores no terminan de ponerse de acuerdo con los refinadores sobre el precio interno y algunos optan por vender al exterior aun con menos margen, lo cual reduce stocks frente a una mayor demanda. A esto debe sumarse que el aumento de retenciones a las exportaciones de naftas redujo el subsidio que permitió a las petroleras mantener precios de surtidor un tercio más bajos de los que rigen en la región, o bien compensar forzadas importaciones de gasoil.
Quizás el aspecto más controvertido de la medida es haber desempolvado nuevamente la anacrónica ley de abastecimiento para tratar de corregir estas distorsiones, originadas por el propio intervencionismo estatal, así como para retrotraer los precios de los combustibles al 31 de octubre pasado, luego de que el propio Gobierno hiciera la vista gorda con la interminable sucesión de pequeños aumentos registrados desde entonces.
En este terreno, productores, refinadores y estaciones de servicio se han enfrascado en un juego de gran bonete en el que cada eslabón le pasa la responsabilidad a otro. Hay refinadoras que venden combustibles en consignación (a precios sugeridos), pero en otros casos a precios que terminan siendo libres en los surtidores o establecen cupos para estaciones que no llevan marca. Los estacioneros buscan recuperar márgenes para compensar aumentos de costos que han llevado a muchos a la quiebra, o reemplazar el antipático "servicio de playa", que inventaron el año pasado para sortear la crisis. Nadie -ni los automovilistas- se acuerda ya de cuál era el precio de hace 70 días.
Si esta medida traerá o no nuevas distorsiones está por verse. Lo que no tiene respuesta es cuál será la política para alentar inversiones en producción y exploración petrolera.
