No sólo hay aportes voluntarios por parte de empresarios para la campaña electoral de Cristina Kirchner, con una sugestiva mayoría proveniente de sectores subsidiados, regulados o favorecidos de alguna manera por el dedo del Estado. También el gobierno de Néstor Kirchner acaba de inaugurar una nueva modalidad de contribución empresaria, mucho menos personalizada, pero con fines similares: los acuerdos para producir buenas noticias, apenas días antes de las elecciones presidenciales, en temas económicos que, según las encuestas, preocupan a los votantes.

"Lo pidió el Presidente y no podemos negarnos", suele ser la respuesta, que brindan supermercadistas, industriales y banqueros cuando se los consulta sobre la nueva generación de acuerdos que, a diferencia de lo que había ocurrido el año pasado, no están escritos en ningún papel, con o sin membrete oficial. Se trata, entonces, de pactos de caballeros, cuyo alcance podría estimarse hasta el cambio de gobierno y su cumplimiento bastante difuso.

Aquella misma respuesta revela además que no se trata de iniciativas voluntarias. En estricto off the récord , los protagonistas reconocen lo que es obvio: hubo llamados del secretario Guillermo Moreno para convocarlos a acordar con carácter casi perentorio.

Aunque a estos efectos Moreno es lo mismo que Kirchner, sólo que con modales menos amables, llamó la atención que por primera vez el inefable secretario de Comercio corrigiera un anuncio del propio Presidente al señalar que no habrá en los supermercados listas de 400 precios acordados, sino que las rebajas del 5% abarcarían a todos los productos. Quizá fue un exceso de entusiasmo, aclarado luego por el jefe de Gabinete. O bien un acto fallido, orientado a que el Indec incluya en los índices de octubre rebajas teóricas para un universo mucho más amplio de productos. Otra posibilidad cierta es que el funcionario descuenta además el retroceso de precios de otros productos que no son de consumo masivo ni pueden comprarse en supermercados, como insumos para la industria o la construcción. De hecho, se sabe que Moreno utilizó activamente su teléfono en los últimos días y presionó a varias compañías líderes que habían ajustado sus precios para que los retrotrajeran sin más trámite.

En realidad, si la mayoría de las cadenas de supermercados no exhiben aquellas listas, es porque sólo ahora están pactando las rebajas con sus proveedores. No se trata de una tarea sencilla: varias empresas líderes están ofreciendo reducir en un 2,5% los precios de un conjunto acotado de productos (no siempre de alta incidencia en el IPC), pero sólo para los volúmenes de venta habituales de cada línea. En otras palabras, buscan que los supermercadistas no se acumulen stock para el día después de los acuerdos.

Como ya había ocurrido a lo largo de 2006, cuando el Gobierno controlaba los precios en lugar de los índices, también están resurgiendo recelos entre ambos sectores. Algunas entidades de autoservicios volvieron al hábito de denunciar ante la Secretaría de Comercio cualquier aumento aplicado por sus proveedores o bien la negativa a rebajar precios. Desde las industrias contraatacan señalando que acordar rebajas conjuntas en los valores de 300 o 400 productos, sobre un universo de 10.000, que comercializan los supermercados, es una movida cosmético-electoral que no ayuda a reducir la inflación, sino más bien a que los supermercados recompongan márgenes en otros rubros no incluidos, aprovechando la mayor demanda. Si esto es así, el único beneficio para el consumidor -teórico destinatario de la medida- sería dedicarse a comprar únicamente productos en oferta, que no siempre son de consumo imprescindible ni tampoco de primeras marcas.

Créditos más baratos

Con el trasfondo de una inflación más alta que la que registran los índices oficiales, otro acuerdo de alcances imprecisos es que el Gobierno anudó con las entidades que representan a los bancos, también con la activa participación de Moreno si bien no es área de su competencia.

La buena noticia es que habrá menores tasas de interés en préstamos personales (para clientes con cuenta sueldo) y para pequeñas y medianas empresas (contra garantía de cheques y documentos). La mala es que los depósitos privados, concentrados en plazos cortos, han dejado de crecer, lo cual provoca un descalce que impone límites a este acuerdo. De hecho, implica un subsidio por parte de los bancos, pese a que el Banco Central lo ha suavizado con medidas para recomponer la liquidez.

La clave, entonces, es qué proporción de capacidad prestable volcarán los bancos para esta operatoria a tasas negativas. Según aseguran en el sector, eso dependerá de la estrategia de cada entidad en la administración de su portafolio. Otra incógnita a resolver es cómo se aplicará la anunciada ampliación de la financiación a tasa cero para las compras con tarjetas de crédito, que dependerá de negociaciones individuales con distintas cadenas comerciales.

Aunque el problema no es la escasez de crédito, sino su costo, los bancos prometen llegar al mayor universo posible de clientes al haber establecido un tope individual relativamente bajo para los nuevos préstamos. Pero no ignoran que volcar crédito a tasas negativas en un contexto de alta demanda puede alimentar la inflación o bien una presión sobre el dólar con riesgos de ingresar en el círculo vicioso tasas-dólar. Ese, en todo caso, es un problema del Gobierno, dicen algunos banqueros cuando se les consulta sobre el propósito de este acuerdo anudado pocos días antes de las elecciones. Por lo pronto, es llamativo que algunas grandes empresas hayan resuelto fortalecer su propia liquidez apelando al antiguo recurso de reempadronar proveedores para demorar pagos.

Sin embargo, hay otras preocupaciones que expresan en privado algunos hombres de negocios menos cercanos al entorno presidencial. Temen que estos forzados pedidos de contribuciones políticas a la campaña electoral, el recuperado protagonismo de Moreno y el renovado impulso del dirigismo oficial puedan constituir una suerte de ensayo del pacto social que promete el kirchnerismo en caso de ganar las elecciones. Aun cuando descuentan que en plena campaña el oficialismo no va a mostrar sus cartas, les inquieta la falta de una visión estratégica para apuntalar el crecimiento económico a través de reglas generales y no de respuestas caso por caso a los problemas en función de las encuestas. Si se reprime la inflación o se desalientan nuevas inversiones, habrá de resentirse el ritmo de la actividad. Para quienes razonan así, un acuerdo económico-social sería deseable como complemento y no como sustituto de políticas orientadas a atacar las causas de la inflación, promover más inversiones, resolver el déficit energético, racionalizar los subsidios estatales o recuperar el crédito externo. A ello, se suma la necesaria normalización del Indec para que las estadísticas oficiales vuelvan a ser creíbles. La continuidad o el cambio no son simples conceptos electoralistas para las empresas cuando se trata de proyectar cómo viene el futuro.