YA NO SE PUEDEN BUSCAR LAS CULPAS EN EL PASADO

El autor fue secretario de Energía de la Nación

En la tradición política existe una constante: cuando se hace cargo del gobierno un partido diferente del saliente es común que hable de la pesada herencia recibida y de las innumerables cosas que se necesitan arreglar antes de empezar a aplicar las políticas que constituyeron la plataforma de los nuevos gobernantes. El argumento de los males recibidos, no obstante, tiene forzosamente una duración limitada, y a partir de un cierto momento es necesario abandonarlo, porque deja de ser creíble para la ciudadanía.

Sin embargo, a raíz de la crisis energética que estamos viviendo, el Gobierno, a través de su ministro de Planificación, Julio De Vido, ha introducido una variante interesante: en recientes declaraciones, el funcionario, además de negar la crisis, ha afirmado que las dificultades son producto de los errores de los que gobernaron antes. Y si bien lo dijo en forma genérica, uniendo sus expresiones con otros comentarios recientes resulta obvio que se estaba refiriendo, en particular, a los malditos años noventa.

No deja de ser novedosa la variante, porque resulta que desde hace más de cuatro años tanto el Presidente como el ministro y el secretario de Energía son los mismos, de manera que podría pensarse, con bastante fundamento, que si las cosas están mal son ellos los únicos responsables, ya que habrían dilapidado cuatro años, o sea, un período presidencial completo, sin hacer absolutamente nada.

El Presidente tiene la costumbre de acusarnos a los argentinos de tener poca memoria y posiblemente tenga razón. Hacia fines de los años ochenta, la Argentina atravesó una de las crisis energéticas más serias de las que se tenga memoria: cortes prolongados, racionamiento, producción insuficiente de petróleo y gas y cuantiosos déficit de las empresas públicas. Si hacía frío, faltaba el gas; si hacía calor, la electricidad. Como dice el tango, todo era una cruz. Al ex presidente Raúl Alfonsín le tocó vivir ese calvario, que, entre otras cosas, le acarreó una aplastante derrota electoral y le significó la salida anticipada del gobierno.

No obstante, hay que reconocerle a Alfonsín que él asumió la existencia de la crisis y que, a pesar del costo político, prefirió limitar el consumo a los sectores residenciales, tratando de que no pararan los sectores productivos. Luego, ya iniciados los años 90, las reformas sectoriales -aplaudidas y apoyadas por Néstor Kirchner y sus colaboradores- revirtieron rápidamente la situación y así se verificaron fuertes inversiones, que dieron lugar a la existencia de excedentes, tanto en electricidad como en gas, al punto de que el país pasó a ser exportador de esos bienes.

El parque de generación eléctrica pasó rápidamente de casi 15.000 MW de potencia instalada a cerca de 22.000 MW y, si bien la tendencia fue hacia las privatizaciones, en septiembre de 1994 se inauguró la primera turbina de Yacyretá, después de más de 20 años de iniciado el proyecto, y sucesivamente se incorporaron las 19 turbinas restantes, lo que representó un importante aumento de la capacidad, a pesar de que dicha central comenzó a operar en una cota casi siete metros inferior a la cota de diseño.

Este proceso de inversiones se completó en 2000 cuando entró en servicio la central de AES Paraná. Estos fueron los últimos kilovatios incorporados hasta hoy al sistema. El Gobierno sostiene que no hay crisis y que maneja adecuadamente los recursos. Pero por otra parte les echa la culpa de las dificultades a las administraciones anteriores. Resulta difícil resolver esta contradicción. Si lo que hicieron los anteriores fue tan desastroso, ¿cómo se explica que un gobierno que no ha hecho nada pueda haber respondido a una demanda de electricidad que creció vertiginosamente y que hasta ahora ha tenido sobresaltos mínimos, si bien ya ha entrado en una fase en la cual la demanda supera a la oferta?

Lo que no se hizo
Que no ha hecho nada es evidente: recibió Yacyretá a cota 76 metros (pero operando en la práctica a un poco más de 77 metros) y en cuatro años no la elevó ni un centímetro. Hace más de tres años que resolvió obligar a los generadores privados a aplicar las deudas que el Estado tiene con ellos a la construcción de dos centrales de ciclo combinado, que tendrían que haber entrado en servicio en 2006. Ahora el Gobierno se jacta de que tal vez estén operativas en 2008. Por el ritmo de crecimiento de la demanda, el aporte resultará insuficiente. Aún existen dudas de si tendrán gas suficiente, originario de Bolivia, o si tendrán que operar con combustibles más caro, como el fueloil.

El país se ha visto obligado a importar gas de Bolivia y fueloil de Venezuela pagando un precio varias veces superior al que les reconoce a los productores locales, pero como no quiere sincerar las tarifas ha montado un complicado sistema de subsidios que, en la práctica, sirve para aumentar la iniquidad, ya que los usuarios en mejor situación económica pagan tarifas muy por debajo de lo que podrían pagar sin ver alterado su nivel de vida, lo que, a su vez, no alienta el ahorro de energía. Lo correcto sería establecer una tarifa social para los sectores más pobres y tarifas realistas para el resto, y no como ahora, cuando aquellos usuarios conectados a la red de gas pagan monedas y el resto, generalmente de bajos ingresos, pagan, por la compra de garrafas, muchísimo más caro el producto.

A diferencia de Alfonsín, las actuales autoridades niegan la crisis y prefieren, por afán electoralista, cortar el servicio a las industrias y no a los usuarios residenciales, a pesar de la merma en la producción que ello implica. Realmente, cuesta mucho entender esta lógica, y mucho más la aparente falta de memoria que se nos achaca. En la década del 90, en este sector no todas fueron rosas. Se puede criticar la privatización de YPF (que fue posible por el decidido apoyo que dieron en aquel momento algunos políticos como Kirchner), así como otros detalles menores, pero no se puede aceptar que después de cuatro años de gobierno sin haber hecho absolutamente nada se pretenda hacernos creer que fueron los errores del pasado los que nos han llevado a esta situación.

Debería haber un mínimo de honestidad intelectual para reconocer que gracias a las inversiones de aquellos años la situación hoy no es todavía peor, pero si se insiste en esta política de no hacer, a este gobierno, al que tanto le gusta mirar para atrás, lo va a sorprender, en materia energética, encontrarse de golpe con el final de los años ochenta.