LA MINERÍA...... ¡QUÉ IMPORTA!

Hace pocos días la sociedad mendocina se vio sorprendida por la insistencia de la Cámara de Senadores a la ley que “suspende” la actividad minera –o lo que es lo mismo el otorgamiento de derechos mineros- hasta tanto Mendoza tenga aprobado un Plan Ambiental. Esa ley había sido previamente vetada por el Sr. Gobernador de la Provincia.

Motivado por la seriedad que nuestra Constitución Provincial otorga a la Cámara de Senadores, así como la alta investidura y profundos conocimientos de quienes la integran, es que comenzamos a estudiar las razones y motivos de tal “suspensión” y cuál era el significado del Plan Ambiental que motivara esa “suspensión” de la actividad minera.

Es así como recurrimos al estudio del expediente donde tramitó la sanción de esa ley, esperando allí encontrar la respuesta a nuestros interrogantes. Del análisis de ese expediente legislativo lo primero que se advierte es que el proyecto original en realidad lo que declaraba era la “emergencia ambiental en todo el territorio de Mendoza”, siendo el único fundamento de tal declaración una presentación de un Senador del Partido Demócrata que no estaba de acuerdo con el Plan Ambiental presentado por el Gobierno Provincial, señalando que existen una serie de graves problemas ambientales tales como: un proyecto minero metalífero –aún sin desarrollo- en el Sur de la Provincia, la existencia de algas en el Embalse El Nihuil, apelaciones en tribunales por una ley, una discusión –en tribunales también- entre un propietario y una empresa minera, la falta de cuidado de los cauces de riego y una posible contaminación de aguas en Ugarteche.

Como no entendíamos qué relación podían tener las algas del Nihuil o las discusiones legales entre particulares en los tribunales, es que nuestra inquietud se incrementó y con mayor detenimiento continuamos con el estudio de los fundamentos de ese proyecto del solitario senador. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo puesto en el tema no pudimos averiguar cuáles eran las diferencias que ese Senador provincial tenía con el Plan Ambiental del Gobierno de Mendoza, ya que no se analiza tal Plan, no se lo critica, no se dan fundamentos de porqué es deficiente o errado y, mucho menos, se indica qué debe entenderse por ese famoso “plan” ambiental; al respecto, tuvimos en cuenta que desde que se sancionara la Ley de medioambiente de la Provincia en el año 1992 hasta la actualidad han transcurrido casi 15 años, durante los que varios gobiernos de diferentes colores políticos se preocuparon por los temas medioambientales, adoptando políticas y estableciendo medidas concretas de protección, prevención y remediación medioambiental, al margen de teóricas planificaciones estatales.

Partiendo de la experiencia de que tales planes se refieren normalmente a estatales planificaciones consultamos algunos de los múltiples planes que han existido en nuestro país, tales como los planes quinquenales de mediados del siglo pasado o el Plan del Riachuelo que en 1.000 días iba a descontaminar tal río, y ahora –a casi 15 años- todavía se sigue hablando, discutiendo y planificando al respecto, mientras las basuras y detritos del Riachuelo continúan gozando de buena salud. Tampoco advertimos en los antecedentes históricos relación alguna con la planificación stalinista de los años 30 del siglo pasado que -según algunos historiadores- costara la vida a más de 10.000.000 de personas y graves hambrunas al pueblo ruso.

Por ello continuamos profundizando el estudio del expediente donde se realizara el trámite legal de la comentada ley, ahora denominada “antiminera”, y advertimos que ante un solitario escrito que apoyaba al Senador autor de la iniciativa, existían una serie de presentaciones muy serias y fundamentadas que señalan los distintos planes que existen en la Provincia de Mendoza referidos todos ellos al medioambiente; municipios que advierten su oposición a ese proyecto de ley pues afectará gravemente su desarrollo en armonía con el cuidado del medioambiente; asociaciones profesionales y cámaras empresarias y aún organismos del Estado Nacional que con serios argumentos, estudios científicos, objetivos análisis legales, estadísticas económicas, etc. advertían sobre la total falta de coherencia y mínima seriedad de ese proyecto de ley.

No habiendo podido encontrar algún argumento serio, concurrimos a la sesión de la Cámara Alta del 13 de diciembre pasado, y allí se comenzó a vislumbrar el sentido que tenía esa ley. El problema no es la minería, que es la única actividad económica que tiene una estricta regulación legal, clara, precisa y concreta respecto al cuidado del medioambiente, que para cada proyecto debe contar con la aprobación de múltiples organismos estatales de control, previo la pertinente consulta ciudadana, y que- además- cuenta con un permanente monitoreo en el desarrollo de la actividad. En la discusión que en esa sesión se planteó, ante la clara y seriamente fundamentada exposición de un Senador de la oposición quien pidiera el rechazo de la norma, señalando con didáctica exposición científica y con datos estadísticos oficiales la importancia de la minería en la generación de puestos de trabajo y el gran efecto multiplicador de la economía que produce, sólo hubo algunas tibias expresiones de deseos de otros integrantes del Cuerpo y el enojo de un conocido Senador -del mismo partido que el Gobernador- por cuanto se habían aportado prudentes estadísticas de los muchos elementos contaminantes (y aún cianurados) que utilizan otras actividades económicas que ninguna regulación ni control tienen, dando a entender que esas pequeñeces había que dejarlas bajo un manto de silencio. (Esas pequeñeces están referidas a que más del 80% del cianuro que se consume es utilizado por otras industrias que no son la minera y que –repito- ninguna regulación ni control tienen).

En tal sesión se pudo advertir que el tema medioambiental no era más que una excusa, que esa cuestión ambiental así como la minería no interesaban, pues lo que en realidad interesaba es que en la pelea entre distintas fracciones políticas el objetivo era colocar la mayor cantidad de obstáculos posibles al Gobierno de la Provincia que si continúa con su política de apoyo a las actividades económicas y logra que se ponga en funcionamiento algún proyecto de envergadura ello le significaría un rédito importante.

De los elementos técnicos y científicos, de las estadísticas, de la pobreza, de la cantidad de indigentes y desocupados, de la necesidad de creación de puestos de trabajo, ninguno de los Senadores que votaron a favor de la propuesta solitaria se acordó.

(Rafael C. Monllor es abogado y Director del Sector Minería de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza)