ESPACIOS PARA LA CORRUPCIÓN

Desde 2002 el Estado decidió tomar a su cargo el pago y las decisiones sobre las obras, pero manteniendo su operación privada y sin los controles de la obra pública. Se creó así el campo más propicio para lo que luego pasó: sobreprecios y coimas

A igualdad de pautas éticas, la coima es tanto más frecuente y extendida en un país cuanto mayores sean los incentivos y menor sea la posibilidad de identificarla y penalizarla. Habrá menos coimas en un medio fuertemente competitivo en donde interactúen preponderantemente empresas privadas bien controladas por sus dueños. Habrá seguramente mayor corrupción en ambientes económicos intervenidos por el Estado y también cuando los mercados dejan de ser competitivos y la facilidad de captar rentas monopólicas relaja los esfuerzos por mantener ajustados los costos.

La propiedad estatal de empresas constituye un escalón más para crear condiciones que faciliten la corrupción. El gasto innecesario o la pérdida no implican que el funcionario que decide o el que lo controla, sufran alguna consecuencia patrimonial siempre que respeten las formalidades. El dinero proviene de los impuestos pagados por millones de contribuyentes y cada peso tributado pierde identificación con su destino. En la gestión estatal no hay alguien a quien le duela el bolsillo que tenga relación directa o cercana con quien gasta su dinero. Sólo los controles presupuestarios y los sistemas de auditoría interna del propio gobierno ponen límites a la oportunidad del cohecho. En las administraciones más modernas y mejor llevadas se instrumentan procedimientos de transparencia que hacen posible que los mismos ciudadanos puedan obtener por internet información directa de licitaciones y contratos. Pero en definitiva, es sólo el control y el consiguiente castigo, lo que puede neutralizar en la gestión estatal las otras circunstancias naturales que la hacen propensa a la corrupción.

Cuando los controles presupuestarios se debilitan o desaparecen, la corrupción aumenta. Esta realidad viene al caso a la vista de los episodios de corrupción que vive actualmente nuestro país con las inversiones en infraestructura fondeadas con los fideicomisos públicos. Las obras en las que participó Skanska fueron licitadas por concesionarios privados pero financiadas con fondos públicos. La decisión de las inversiones así como su supervisión, la autorización a adjudicar y la aprobación de los pagos, correspondió a entes públicos dependientes del Poder Ejecutivo. Los fondos provinieron de fideicomisos alimentados con cargos específicos sobre los consumos de servicios públicos, introducidos y legislados por el Estado. Pero a diferencia de otros recursos tributarios, estos fideicomisos no están sujetos al mismo tratamiento y control presupuestario. De hecho, los presupuestos calculados previamente para estas obras fueron fuertemente desbordados por las ofertas sin que ningún órgano de control administrativo o parlamentario haya podido impedir la adjudicación de las mismas.

Hasta el momento en que en la Argentina el Estado dejó de cumplir los contratos de concesión y congeló las tarifas, las inversiones eran responsabilidad de los concesionarios privados y financiadas por ellos con sus tarifas. Así era no sólo en gas sino también en electricidad, peajes, transporte y otros. Desde 2002 el Estado decidió tomar a su cargo el pago y las decisiones sobre las obras, pero manteniendo su operación privada y sin los controles de la obra pública. Se creó así el campo más propicio para lo que luego pasó: sobreprecios y coimas. Ocurrió lo de Skanska y probablemente muchos otros hechos dentro de las mismas o parecidas circunstancias, que la justicia deberá dilucidar. No era una cuestión entre privados, como inicialmente intentó presentar el Gobierno.

Urge desmantelar el sistema de inversiones vigente y recrear las condiciones apropiadas para evitar y combatir la corrupción. Para ello será necesario recrear las condiciones para que las concesiones reconstruyan su ecuación económica y se responsabilicen y financien sus inversiones. Paralelamente deberá desmontarse el intrincado sistema de subsidios, otro espacio para la discrecionalidad y la corrupción. De lo contrario la acción de la justicia, aunque se lleve hasta sus últimas consecuencias, no será suficiente.