SKANSKA Y LA CREDIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES
Editorial La Nación
Finalmente, la línea argumental del gobierno nacional en el caso
Skanska, en el sentido de que se trató de "corrupción entre privados", ha sido pulverizada. Pocas dudas hay ya de que se han pagado coimas a funcionarios públicos y sólo resta investigar hasta qué nivel de la administración nacional llega este escandaloso affaire .
El gobierno de Néstor Kirchner se ha visto acorralado y forzado a expulsar al titular del
Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, y al gerente de
Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Al mismo tiempo, ha quedado bajo un manto de sospechas todo el sistema de ejecución de obras públicas instrumentado por el actual gobierno.
Reconocida la existencia de sobreprecios del orden del 150 por ciento en algunas contrataciones para la construcción del
Gasoducto del Norte, corresponde ahora determinar la totalidad de los funcionarios implicados en estas graves irregularidades.
Se trata de un objetivo que las autoridades nacionales parecerían dispuestas a obstaculizar. Como pocas veces, la no muy feliz expresión "embarrar la cancha" puede aplicarse a la perfección a algunas maniobras hechas desde la
Casa Rosada para complicar la investigación judicial.
En ese sentido, la mención en el decreto de remoción de
Madaro y Ulloa de la supuesta conversación mantenida entre el fiscal de la citada causa,
Carlos Stornelli, y el ministro del Interior, en la cual el primero le habría anticipado al funcionario gubernamental las inminentes citaciones a declaración indagatoria, pareció una jugada dirigida a desacreditar al fiscal y a abrir resquicios para que alguien, en el futuro, pueda impugnar lo actuado por la Justicia o pedir el apartamiento de Stornelli.
Si la intención de las autoridades nacionales fue efectivamente ésa, cabría sospechar seriamente de que la corrupción que se advierte en el caso Skanska alcanzaría a funcionarios más importantes, a los que desde el
Poder Ejecutivo se pretende proteger.
Independientemente de esto, y de ser cierta la versión, no resulta admisible que un fiscal le anticipe a un funcionario gubernamental la citación a declaración indagatoria de otros funcionarios, por cuanto -como se señaló en
LA NACION días atrás- eso puede servir para que un gobierno destruya pruebas o saque del país a los imputados.
El escándalo presenta otras aristas espinosas que deberían ser solucionadas de inmediato por el poder político. Por empezar, resulta inadmisible que un titular del
Enargas, severamente cuestionado y designado en su momento por decreto presidencial, sea ahora reemplazado por otra persona designada de la misma forma irregular, en lugar de recurrirse a un concurso público de antecedentes.
En segundo lugar, resulta vital que en los organismos de control se extremen los esfuerzos para investigar la posible comisión de hechos ilícitos, como los ya conocidos en el caso
Skanska, en otras contrataciones para la realización de obras públicas. Claro que para que esto se haga efectivo se deberían disponer medidas ejemplares, entre ellas el cese en sus funciones de la esposa del ministro
Julio De Vido en la
Sindicatura General de la Nación (Sigen) por una cuestión de incompatibilidad. Además, tendría que abandonarse un controvertido proyecto de ley que se analiza en la Cámara de Diputados, orientado a privar a la
Auditoría General de la Nación (AGN) de autonomía, al someterla a la revisión de una comisión legislativa dominada por el kirchnerismo.
La falta de funcionarios independientes y de probado profesionalismo en los organismos de control es una de las principales razones de la aparición de brechas en la administración pública por donde pueden colarse los actos ilícitos.
La credibilidad de un gobierno y de las propias instituciones de la República está en juego. Es menester que el presidente de la Nación advierta la real gravedad de lo sucedido, deje de buscar excusas en lo ocurrido en un pasado que no puede explicar las atrocidades del presente y ofrezca claras señales de colaboración con jueces cuya independencia y prestigio personal también están en juego en esta causa.
