LIMITACIONES A ÓRGANOS DE CONTROL
Editorial Diario Clarín
Ha trascendido la intención del oficialismo de avanzar en un proyecto de reforma de la
Auditoría General de la Nación (AGN) que supone mayores límites a la autonomía de dicho organismo de control.
El proyecto consiste en una modificación de la ley con acortamiento de los mandatos de los auditores de ocho a cuatro años y su recalificación como "ente de asistencia técnica" del Congreso en el control externo.
La AGN es el único organismo de control que, por norma constitucional, está presidido por un funcionario elegido por la oposición. Se trata de un ente de control externo de los actos del
Poder Ejecutivo conformado por auditores elegidos según la representación legislativa. Si bien debe reportar al
Congreso los resultados de sus informes y análisis, goza de atribuciones para actuar con autonomía.
Sus informes y dictámenes no tienen carácter jurídico vinculante, pero sirven como elementos de prueba para investigar delitos vinculados con el ejercicio del poder. Por otra parte, estos informes pueden tomar estado público antes de su tratamiento en el Congreso proporcionando elementos de juicio a la opinión pública. Como ocurriera en su momento con la reforma del
Consejo de la Magistratura, esta iniciativa genera lógica aprehensión por sus consecuencias negativas para el equilibrio de poderes.
La existencia de organismos de control extra-poder que puedan funcionar con independencia del Gobierno y sin interferencias políticas es una prueba de calidad de la democracia que beneficia a gobernantes y gobernados. Así debería entenderse.
Un proyecto de reforma de la Auditoría General de la Nación supone mayores límites a la autonomía del organismo de control y genera lógica preocupación.
