KIRCHNER, EN LOS PEORES DÍAS DE SU GOBIERNO

Atenazado por la insurgencia social del Sur y por los emplazamientos de los jueces que investigan presuntos casos de corrupción, Néstor Kirchner acaba de meterse en los peores días de su gestión como presidente. Los fiscales se sublevan. Uno decapitó a dos jerarcas del sistema kirchnerista de obras públicas y otro pidió que el declinante Guillermo Moreno se fuera a su casa por cometer lo que todos sabían que cometía: exceso de autoridad. Para peor, parece que el fisgoneo de los jueces en los manejos financieros del Gobierno sólo ha comenzado.

El caso Skanska ha expuesto a la superficie el sistema, ciertamente oscuro y enrevesado, de manejo de enormes recursos financieros del Estado. Precios que se elevan con la velocidad de los pájaros; empresas que confiesan, en conversaciones grabadas, que debían aceptar ese método o resignarse a no hacer nada, y funcionarios que saltan por la ventana, echados por decretos de apuro, mal escritos.

Es probable que Fulvio Madaro y Néstor Ulloa hayan estado sólo en la primera fila de los cesanteados. La cadena de responsabilidades podría seguir con secretarios de Estado del Ministerio de Planificación; varios de ellos vacilan en sus cargos. Nadie le ha imputado nada todavía al ministro Julio De Vido, pero su situación política es ya de una palpable debilidad. ¿Hasta dónde llegará el espoleo de los jueces sobre el Gobierno? No lo sabemos, pero esto sólo empezó , dijeron funcionarios judiciales.

Las cintas con grabaciones de conversaciones de Skanska cerraron, de manera casi perfecta, el círculo de la sospecha judicial; no han sido, ni son, el único elemento en manos de la Justicia. Hubo una confesión previa de la propia empresa Skanska de que habían existido pagos indebidos ; hubo un intercambio de cartas entre la empresa Techint y el Enargas, en la que aquélla protestaba por el injustificado precio de las obras de ampliación de un gasoducto y pedía declarar desierta la licitación; hubo una carta del Enargas en la que se ordenaba que las obras se hicieran con esos precios altísimos; hubo facturas truchas compradas para convertir dinero blanco en dinero negro; hubo en los presupuestos de Skanska fondos por unos 20 millones de pesos adosados al rubro imprevistos , que no pasarían por el control de ningún Estado decente del mundo, y hubo hasta una tímida advertencia de la desaparecida Sindicatura General de la Nación (Sigen). Las cintas corroboraron, simplemente, lo que ya se sabía.

¿Aquel 5 por ciento de sobornos mencionados en las cintas es el único monto asignado a la voracidad de los funcionarios? ¿O es, en cambio, sólo una parte del total de las coimas? ¿Qué pasará con las otras 23 empresas que compraron facturas truchas , muchas de ellas vinculadas a fideicomisos para hacer más obras públicas? ¿Hay, entonces, un sistema descontrolado para administrar cerca de 5000 millones de dólares en fideicomisos? Según aquellas conversaciones, llenas de metáforas barriobajeras, ese sistema existe. Nuevas causas judiciales se abrirían en los próximos días para investigar a las otras empresas que compraron facturas truchas .

Alguien, no se sabe muy bien quién, divulgó los contenidos de las cintas. La divulgación escondió una estrategia: colocar a Skanska como un simple caso más de corrupción. Hay otros, algunos se habrían cometidos hace seis años en el interior del país y otros habrían ocurrido supuestamente en Perú. Así, el tiempo y la distancia ayudarían a encubrir el presunto pago de sobornos para construir ahora la ampliación de los gasoductos.

Dicen que el juez federal Guillermo Montenegro no se dejó llevar por la maniobra. Sigamos con lo nuestro , lo escucharon ordenar a su equipo. De otra manera, debería llamar a declarar a un ex gobernador de La Pampa y a un ex presidente de Perú. No habría mejor manera de perder el tiempo y de distraer la atención.

Las cintas con fama están en muchas manos. La desgrabación la hizo la policía científica que depende de la Policía Federal. Es posible que los papeles con el contenido de las cintas hayan llegado primero al Gobierno que al juez. Sucede lo mismo con las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia. Esas grabaciones se efectúan en oficinas de la SIDE. El Gobierno accede antes que el juez a esas conversaciones cuando el propio Gobierno está siendo investigado.

La independencia y la autonomía de la Justicia requieren, cuanto antes, una policía judicial y el control propio del sistema de escuchas telefónicas. La necesidad de la Justicia de tener acceso a conversaciones telefónicas de sospechosos, y el hecho de que esa tarea caiga en manos del Gobierno, es lo que le proporciona cobertura legal a éste para montar una estructura de inteligencia que se mete luego en los diálogos privados de las figuras públicas.

Nunca hubo un decreto más extravagante que el que firmó Kirchner para echar a Madaro y a Ulloa. La redacción ya es, por sí sola, propia de un aprendiz. Empieza con la primera persona del plural y termina con la primera del singular. El decreto exhibió la necesidad política de acomodar la primera página de los diarios del día siguiente. El Gobierno precisaba que dijeran que el Presidente había relevado a dos funcionarios, y no que éstos habían sido llamados a declaración indagatoria por el juez.

El decreto exuda también saña con el fiscal Carlos Stornelli; le desconfían al halo que lo envuelve de hombre implacable que ya metió preso a un ex presidente de la Nación. Quizá Stornelli cometió el error político y administrativo de anunciarle al ministro Aníbal Fernández la decisión que ya había tomado. La precisión es necesaria: no lo consultó; sólo le avisó de un dictamen al que se podría acceder por Internet minutos después.

Graciela Ocaña, amiga personal de Stornelli, le había pedido en nombre del Gobierno que le avisara a éste si caía un funcionario por el caso Skanska; querían, le dijo, echarlo en el acto. Stornelli prefirió hablar con el ministro del Interior, porque con él tienen, al menos, un viejo conocimiento mutuo. El ministro volvió a llamarlo minutos después para que ratificara lo que le había anticipado; es probable que entonces hayan grabado las palabras del fiscal. En verdad, Stornelli debió limitarse a comunicarle su decisión al fiscal de la Cámara, Germán Moldes, y al procurador general Esteban Righi.

Kirchner decidió incluir ese diálogo en el decreto y, de paso, señalar que Stornelli "colaboraría con Scioli". El fiscal sigue asegurando que nunca recibió un ofrecimiento del vicepresidente; Scioli calla. Sea como sea, el Presidente dejó mal parados de un solo golpe al vicepresidente, al ministro del Interior y a Ocaña. ¿Qué juez, fiscal o escribiente de los tribunales le adelantará ahora una decisión al Gobierno? Ninguno.

¿Buscaba el Gobierno las causales de la recusación de Stornelli? Es probable. Stornelli no se irá de la causa; aseguran también que el juez Montenegro no encuentra motivos para recusar a Stornelli. La causa no estaba bajo secreto de sumario. Es un buen fiscal y n o hubo ninguna afectación a la causa , dijeron cerca del juez.

Un decreto insólito que barrió con la credibilidad de tres dirigentes del Gobierno. Un fiscal acosado que decidió seguir donde está. Cuando hay diez implicados, siempre hay uno que se quiebra y habla , aseguran los jueces. La historia sólo ha comenzado entre las brumas que separan lo aparente de lo real.