REACCIÓN OFICIAL IMPROCEDENTE
Editorial Diario La Nación
Desmedida e improcedente fue la reacción del gobierno argentino frente a los conceptos vertidos en una disertación por el presidente de la empresa petrolera brasileña Petrobras, José Gabrielli.
Las palabras de este empresario no hicieron más que expresar una realidad evidente: "Creemos que el sistema de precios (en la Argentina) -dijo- no estimula muchas inversiones " Tanto el contenido como el tono moderado, así como el ámbito técnico y no político en el que tuvo lugar ese mensaje, dan a estas palabras el carácter de una opinión respetuosa. El hecho de que el disertante sea presidente de una empresa extranjera que desarrolla actividades en la Argentina, de ninguna manera puede ser motivo para coartar, o siquiera limitar su libertad de expresión. No hubo ofensa alguna contra el país ni extralimitación que permitiera aplicarle, por ser Petrobras una empresa de control estatal, las normas diplomáticas referidas a la intervención en asuntos internos de otro país.
El Gobierno reaccionó con la amenaza de represalias, como ya lo ha hecho en otras oportunidades frente a empresarios que osaron criticar sus medidas o procedimientos. En este caso, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que las palabras del empresario brasileño habían sido "absolutamente inapropiadas" y que "si no hace las inversiones necesarias (Petrobras) será seriamente afectada en sus contratos". El subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, fue más allá: "Si Petrobras considera que la política energética no es adecuada, que devuelva las concesiones. Hay muchas empresas interesadas en producir hidrocarburos en la Argentina". La firma brasileña emitió, como era de esperar, un comunicado de cortesía, que trató de crear un espacio de distensión.
Este episodio confirma la existencia de una fuerte compulsión oficial sobre los empresarios para inhibir cualquier manifestación de discrepancia con las políticas del Gobierno.
Hay que sumar a eso los habituales exabruptos con que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se despacha ante hombres de empresa. El más reciente fue su amenaza a las industrias lácteas en el sentido de que "la van a pasar muy mal" si no venden sus productos a idénticos precios que seis meses atrás.
El periodismo recoge en forma permanente críticas de empresarios que exigen el off the record y que sólo se expresan en reuniones privadas y reducidas, pero que se silencian en ámbitos más abiertos. Estas situaciones son justificadas con el argumento del riesgo de inspecciones impositivas o de la aplicación irrestricta y despiadada de normas que podrían afectar a la empresa y sus fuentes de trabajo. Por estos mismos motivos, muchas entidades empresariales rehuyen exponer en forma institucional lo que mayoritariamente sus integrantes piensan en privado.
Desde esta columna editorial hemos afirmado reiteradamente que los congelamientos y controles de precios desalientan la inversión. El sector de los hidrocarburos es uno de los ejemplos más palpables. La producción de petróleo declina como consecuencia de la falta de inversiones en exploración y desarrollo. La producción de gas, así como su transporte y distribución, han recibido inversiones absolutamente insuficientes para dar respuesta a un consumo a su vez exacerbado por tarifas residenciales congeladas. La Argentina tiende hoy a dejar de ser exportadora de hidrocarburos para convertirse en importadora neta.
No sólo los empresarios deben hacer notar el efecto destructivo de estas políticas. El Gobierno debería agradecer a quienes lo señalen, en lugar de amordazarlos. En todo caso tendría que proponer un amplio debate, escuchando incluso opiniones internacionales, y no hacer de este episodio una cuestión diplomática que se acerca al ridículo.
