El presidente de Petrobras, la estatal brasileña de energía, José Gabrielli, señaló el martes a la agencia Reuters que la Argentina debía modificar aspectos de su política en materia de combustibles y gas si quería sostener un flujo de inversiones.

Los dichos del directivo brasileño reflejan la opinión de prácticamente todos los empresarios del sector, incluso de los que recientemente han entrado al negocio energético con las actuales reglas de juego. Consideran que más temprano que tarde los actuales controles de precios deben dejar de funcionar para dejar su lugar a las reglas del mercado.

La razón de esto es muy simple: las empresas buscan rentabilidad, la necesitan, y los controles de precios horadan no sólo sus posibilidades de negocios, sino que también funcionan como una advertencia de la intervención estatal en los negocios.

Ayer el gobierno argentino, por boca de su ministro de Planificación, Julio de Vido, respondió a los dichos brasileños de una manera destemplada. El ministro le advirtió a la petrolera que “si no invierte, debe irse”. El debate que planteaba Gabrielli era otro. El tono del ministro tiene, aparentemente, un objetivo fundamental: evitar toda discusión sobre el manejo público de la cuestión energética.

Aún se recuerda en el sector lo sucedido en la celebración del último Día del Petróleo, cuando en medio de un acto de discurso templado irrumpió un viejo referente del sector, quien fuera de agenda tomó el micrófono para defender a Shell, que venía de sufrir una fuerte multa por parte del gobierno. Un aplauso cerrado acompañó la intervención.

El tono amenazante que utilizó De Vido ahora con Petrobras lleva a preguntarse si en la Argentina, para hacer negocios, energéticos o de otra índole, los empresarios deben sujetarse a la ley del silencio.