Mientras persiste la falta de gasoil en las principales ciudades del país y se escuchan voces autorizadas que anuncian la disminución o la suspensión de los servicios de colectivos, y que hablan de sobreprecios para abastecerse del tan preciado como escaso combustible, entre muchos otros inconvenientes provocados por este motivo, el gobierno nacional acaba de consumar otra inadmisible presión contra la petrolera Shell.
Todo comenzó cuando la empresa anunció la presentación de Shell V-Power Diesel, un producto premium de alta calidad y único disponible en el mercado, que cumple con la calificación de Grado 3. Este requerimiento fue establecido por la Resolución SE 1283/06 de la Secretaría de Energía de la Nación del 6 de septiembre de 2006, fijando para 2008 su obligatoriedad. Así, la compañía petrolera se adelantó en el tiempo, brindando al consumidor la posibilidad de utilizar un combustible que protege su motor diésel y el medio ambiente. El producto había salido al mercado con un precio un 10 por ciento superior al resto.
Este lanzamiento no implicaba discontinuar el abastecimiento del Shell Diesel, que se encuentra disponible, sin modificación de precio. La petrolera buscó así que los consumidores pudieran optar libremente entre un combustible único de calidad superior y otro con características similares a la oferta existente en el mercado.
Pero en la Casa Rosada vieron otra cosa. La decisión de la firma angloholandesa fue, según la lógica oficial, una provocación, una especie de suba encubierta. En ese ambiente de sospechas nació la Resolución N° 1334/06 de la Secretaría de Energía de la Nación que dispone que todo nuevo combustible que sea ofrecido para su venta al mercado local a partir del 1° de septiembre de 2006 deberá ser previamente aprobado por la Subsecretaría de Combustibles de la Nación a través de un procedimiento todavía no reglamentado. Asimismo, la referida resolución ordena la inmediata suspensión de la comercialización de cualquier nuevo producto lanzado al mercado después de dicha fecha hasta que no sea autorizado por la mencionada subsecretaría.
Si bien la nueva norma no estaba vigente al momento del lanzamiento y su aplicación retroactiva ha causado honda preocupación por las graves e imprevisibles consecuencias que esa práctica podría ocasionar, la compañía petrolera decidió suspender la comercialización hasta tanto obtenga las autorizaciones pertinentes, que ya fueron solicitadas conforme lo prescribe la flamante resolución.
Cabe recordar que uno de los principios generales del derecho es la irretroactividad de las leyes. Esto es, nadie puede modificar las condiciones legales que existían antes de un hecho consumado. Los especialistas ven en este principio un resguardo contra cualquier discrecionalidad del Estado y lo grafican así: un gobierno no podría, por ejemplo, determinar que es delito un acto que hasta ayer no lo era y condenar a quienes lo hubieran cometido antes de la sanción de la nueva norma.
Esta es la segunda oportunidad en que una decisión de Shell es enfrentada por el Gobierno. En marzo de 2005, cuando la empresa decidió subir los precios de los combustibles al público, el presidente Néstor Kirchner llamó a un boicot y a no comprarle a la petrolera. Al día siguiente, además, estaciones de servicio de esa red fueron hostigadas por grupos piqueteros. La reciente decisión oficial sorprendió a la industria petrolera, donde fue considerada como un segundo intento de boicot contra la empresa angloholandesa.
Los precios de los combustibles no tienen ninguna restricción. Al menos ese mensaje fue transmitido por el ministro de Planificación, Julio De Vido, a empresarios en Nueva York. Sin embargo, cada vez que alguna petrolera toma una decisión que las autoridades interpretan como una corrección de precios, debe soportar una fuerte presión oficial. El Gobierno mantiene su política de controlar todo y ello, por cierto, no constituye un aliciente para atraer o alentar nuevas inversiones. Para ganar credibilidad y generar confianza es necesario que los anuncios que se formulan tengan su correlato en las decisiones que se adoptan.
