NUEVO MINISTERIO EN CHUBUT
(Editorial Diario La Nación)
Se ha anunciado que, como parte de una reforma para agilizar el funcionamiento del Estado, la provincia de Chubut tendrá un ministerio de ambiente. Esa dependencia tendrá la función esencial de fijar las políticas para atender las cuestiones ambientales, compatibilizando el funcionamiento de áreas diseminadas hoy en diferentes entes oficiales aunque, sin embargo, se ocupan de las mismas cuestiones.
La forma en que se organiza una administración para abordar los problemas ambientales y cómo se integra el tema en el proceso de toma de decisiones públicas, reflejan el nivel de atención y prioridad que cada gestión le otorga al medio ambiente, parte fundamental de la calidad de vida de la sociedad. Es por ello que debe ser rescatada y subrayada como positiva la iniciativa de aunar bajo la órbita de un ministerio responsabilidades que hoy se encuentran fragmentadas.
Sin duda, la protección y el uso sustentable de los recursos naturales constituyen uno de los desafíos fundamentales que la provincia deberá abordar en los próximos años. En ese sentido, resulta elogiable la búsqueda de respuestas dinámicas a temas críticos tales como la problemática del agua, la energía, la protección de la biodiversidad, el ordenamiento ambiental, la conservación y el uso adecuado de los valiosos recursos naturales que posee la provincia y que tanto contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. Se trata de una necesaria valorización de la cuestión ambiental, que deberá integrar a la planificación como una herramienta clave para poder determinar los pasos para llegar a un futuro promisorio.
Sin duda, este tema es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía: la conciencia ambiental ha crecido de modo notable en los últimos años debido a los daños que se infieren de modo continuo a los recursos naturales. Prueba de ello es la crisis desatada en la comunidad de Esquel hace unos años, como consecuencia de un proceso en el que se discutió acerca de aspectos ambientales y económicos de la explotación de una mina de oro a pocos kilómetros de la ciudad. El caso sirvió para poner en relieve que el sistema de toma de decisiones actual en la provincia, para los casos que pueden afectar al ambiente, es insuficiente y conduce a extremos donde existe una gran dosis de subjetividad, por no contar con todas las herramientas indispensables para evaluar adecuadamente los hechos.
Esas deficiencias requieren nuevos procedimientos que brinden información adecuada, que sean realmente participativos y que lleven paso a paso las actuaciones hacia una resolución fundada sobre un criterio de absoluta razonabilidad.
De nada sirven los conflictos sociales permanentes ni las prohibiciones absolutas, como se pretende ahora en relación con las actividades mineras en Chubut. Es necesario contar con una política clara que permita el desarrollo de las actividades de un modo sustentable y evitar las costosas indemnizaciones que podría tener que afrontar el Estado frente a reclamos fundados de las empresas que invirtieron legítimamente en la provincia. De allí la necesidad de que este recientemente creado ministerio afronte de manera adecuada estos problemas urgentes. Se impone otra planificación, con más transparencia e información apta para generar procesos adecuados que conduzcan a una mejor calidad en las decisiones.
Por esos motivos, quien resulte responsable del área deberá contar con todo el apoyo de la máxima autoridad provincial. De nada serviría una modificación tan trascendental si no se produjese un verdadero y necesario cambio que representase el fortalecimiento real de su posición institucional y un incremento sustancial en el presupuesto, y no una mera estrategia de coyuntura.
