EL CONFLICTO CON BOLIVIA

Las primeras decisiones de Evo Morales en Bolivia tienen consecuencias graves e inmediatas para varias empresas españolas. Las explotaciones petroleras en manos de Repsol YPF, primero, y los fondos de pensiones gestionados por el BBVA, después, han sido expropiadas sin más explicación que un decreto, por muchos mensajes diplomáticos que se añadan prometiendo una negociación leal para determinar la relación futura.

Morales, como cualquier Gobierno democrático en aquel u otro continente, tiene total derecho a diseñar y ejecutar la política económica que considere oportuna, y si yerra sus electores le pasarán factura. Si el nacionalismo bolivariano irradiado desde Venezuela y alentado por Cuba, y anclado en el recuerdo del supuesto expolio de los Austrias, es el mejor mecanismo para sacar a los bolivianos de la pobreza o para agravar sus condiciones de vida es un debate inacabable.

Pero la experiencia ha enseñado que el progreso sonríe a los pueblos que combinan inversión del exterior con gestión racional del beneficio. El presidente de Perú, Alejandro Toledo, recordaba ayer en Madrid cómo se logra esa combinación: 'El dinero es lo más cobarde que existe; sólo va a lugares seguros, con estabilidad política, social, económica y jurídica'. Y Latinoamérica no está sobrada de ella, pues un simple cambio de Gobierno puede poner en cuarentena contratos hasta entonces sagrados.

El Gobierno español no ha tenido una actuación muy activa en la crisis abierta por Morales con la expropiación a Repsol, BBVA y quién sabe si mañana a los gestores aeroportuarios. Ha combinado el beneplácito con que acogió la llegada de Morales al poder con una tibia exigencia de seguridad jurídica para las empresas españolas allí instaladas. Ahora están en juego intereses de miles de accionistas que tienen participaciones en empresas amenazadas y que no necesariamente son incompatibles con el anhelo de progreso de los bolivianos. A la ayuda jurídica si llega su hora, se debe anteponer, con firmeza, la presión política.