EXPLORACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO
(Editorial Diario Los Andes, Mendoza)
Año tras año se cumplen los pronósticos de agotamiento de la disponibilidad de petróleo y gas argentinos. En 2005 disminuyó el 8% en relación al año anterior y la tendencia sigue en aumento. De no ponerse fin a ésta, los problemas de autoabastecimiento podrían llegar a ser muy graves puesto que las reservas estimadas de petróleo alcanzarían para 10 años del consumo actual, mientras que las de gas natural representan 13 años. ¿Y qué después del 2015? Los argentinos sabremos que Dios no es criollo y que hubiese sido mejor haber prevenido las dificultades en vez de esconderlas.
El gobierno de Kirchner reclama de las empresas concesionarias de la explotación de petróleo más inversiones y mejor tecnología aplicada, en prospección y en recuperación de pozos maduros, pero las empresas que heredaron a Yacimientos Petrolíferos Fiscales sólo seguirían invirtiendo si se les asegura la rentabilidad y la libertad absoluta en el manejo de sus negocios, que incluyen exportación de crudo argentino aún ante las perspectivas que estamos comentando.
Ante la situación, el Gobierno envió hace un año al Congreso un proyecto de ley, que está encajonado quizá a la espera de que la renovación de ambas cámaras le diese al Ejecutivo el número suficiente de tropa propia. Ahora el proyecto será desempolvado y ya se hizo saber al Congreso que su aprobación es de alta prioridad.
En sí mismo este proyecto de ley no es bueno ni malo. Muchas iniciativas aparentemente loables fueron manejadas con desaprensión y se volvieron en contra del interés nacional. Si hemos aprendido esas lecciones del pasado reciente, los legisladores deberán tener cuidado con lo que aprueban y no debieran otorgarle al Poder Ejecutivo, además de sus muchas prerrogativas, la de oráculo infalible.
El Gobierno propone, en su proyecto de ley, desgravaciones impositivas para la importación de bienes de capital destinados a la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y de gas, por 15 años, la exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta sobre los bienes afectados a los emprendimientos exploratorios y la concesión de nuevas áreas de exploración, bien de las provincias o de la Nación, siempre que Enarsa forme parte de la sociedad. Según este modelo, Enarsa aporta las áreas y las petroleras la tecnología y el capital inicial para sondear el fondo marino. Habrá que ver si después vienen las exigencias de las petroleras privadas por aportes de capital por parte del Estado.
Como anticipando la tónica de la futura política petrolera del Estado, el Gobierno autorizó a Enarsa a firmar acuerdos de asociación con Petrobras, Pdvsa (Venezuela) y con Repsol YPF para explorar hidrocarburos en el Mar Argentino, aunque Petrobras y Repsol, junto con Chevron, fueron criticadas por el ministro De Vido por encabezar la baja productiva de 2005.
Este panorama de posible desabastecimiento de petróleo nacional y su necesario reemplazo por crudos importados, venía siendo anticipado desde hace décadas, pero ningún gobierno adoptó medidas tendientes a evitar que tales anticipos negativos se hicieran realidad.
Es más, existen fundadas dudas sobre las tratativas y los contratos que terminaron privatizando YPF y poniendo en manos de petroleras internacionales el futuro energético de la sociedad argentina, lo que tendrá consecuencias gravosas sobre los costos de funcionamiento de la industria y de la economía argentina en general.
Parece oportuno reclamar al Gobierno, y muy especialmente al Congreso, sabiduría y prudencia a la hora de buscar soluciones, no sea que un nuevo error, como el cometido en la década de los ’90 del siglo pasado, termine de hipotecar las posibilidades de desarrollo de la Argentina.
Sobre todo debe preverse muy bien la ley que se tratará en breve porque se debe evitar que la creación de una nueva empresa petrolera estatal o una asociación con petroleras internacionales, conduzca a nuevos compromisos financieros que sean imposibles de cumplir.
Lo que sí debe reservarse el Estado, y con toda firmeza y claridad, es la potestad de control, el poder de policía para evitar que los concesionarios se conviertan en dueños absolutos del subsuelo argentino sin contrapeso de poder alguno.
