EL PROBLEMA ENERGÉTICO
(Editorial Diario La Nación)
Uno de los riesgos mayores que enfrenta la economía argentina es la fragilidad estructural del sistema energético, al no poder satisfacer la demanda creciente sin correr el riesgo de una crisis de abastecimiento como la que se vivió en los últimos dos años.
Desde fines de 2001 no se ha incorporado ninguna central termoeléctrica al parque generador, a pesar de que el aumento del consumo exigía sumar anualmente a razón de 800 y 1000 MW. Esto da una idea de la magnitud alarmante del déficit de generación acumulado. La situación en el gas es igualmente preocupante. Debido a la falta de inversión y a la carencia de reservas, la Argentina se vería dentro de dos o tres años ante el problema de convertirse en importador neto de petróleo y de cantidades crecientes de gas, en un contexto mundial de altos precios.
Para tratar de revertir esta deficiencia, el Gobierno constituyó un fideicomiso para construir e instalar dos centrales termoeléctricas, que recién en 2008 estarían en condiciones de sumar 1600 MW. Para ello, las empresas generadoras debieron aceptar un ahorro forzoso consistente en no percibir la totalidad de los precios de la energía vendida en el mercado de la electricidad. Con la misma finalidad, el Gobierno introdujo un cargo compulsivo a todos los usuarios no residenciales para financiar las obras.
La incertidumbre en el mercado de la producción del gas y las sucesivas intervenciones gubernamentales en el mecanismo de fijación de los precios de la energía eléctrica han desalentado cualquier proyecto de inversión privada en el área de la generación. En lugar de crear las condiciones para que el sector privado invierta, el Gobierno impulsa en el Congreso un reprobable proyecto para la creación de cargos específicos que serán aplicados en las facturas de luz y de gas, que irán a parar a fideicomisos controlados por el Ministerio de Infraestructura .
El congelamiento de las tarifas de servicios públicos, cuyo propósito ha excedido largamente el control de la inflación o el tránsito de la convertibilidad a la devaluación, produce una deformación de las condiciones para que se realicen inversiones genuinas en la expansión de las redes de transporte y distribución, indispensables para asegurar un crecimiento económico sustentable y mantener los niveles de calidad del servicio alcanzados.
Mientras las industrias han visto acrecentados los costos de los servicios, valorizados en dólares, en relación con los tiempos de la convertibilidad, el Gobierno destina cuantiosos recursos para mantener congeladas las tarifas de energía eléctrica a los consumidores domiciliarios, sin distinguir la capacidad económica de éstos.
Hoy se estimula artificialmente el consumo de energía sin que haya como contrapartida inversiones para aumentar la oferta. Para que el mayor consumo domiciliario a precios congelados fuera sustentable, el Estado ha tenido que gastar millones de pesos en combustibles líquidos -importados en su mayor parte de Venezuela- destinados al parque generador. Esto se agravará durante este año, pues se estima que, como mínimo, se deberán destinar mil millones de pesos para tal fin.
Las usinas nucleares, que por sus especiales características deben operar haciendo prevalecer la seguridad por sobre la confiabilidad del suministro, se han convertido hoy en un recurso imprescindible por la escasez de generación térmica, lo cual determina que se hayan postergado las tareas de mantenimiento programadas en la central de Embalse, con el riesgo que ello conlleva. Mientras tanto, se ha tenido que extender peligrosamente la vida útil de la central de Atucha, sobrepasando los estándares internacionales en la materia.
Durante el último invierno el sistema de gas presentó dificultades para el abastecimiento y hubo restricciones en el suministro a industrias, panorama que podría agravarse durante este año.
Las expansiones previstas para el año próximo en el sistema de transporte no se han iniciado, y de no ser tomadas en el cortísimo plazo las decisiones necesarias tampoco podrá contarse con esas expansiones para el próximo invierno, lo cual implica un panorama sombrío para que el país pueda no ya crecer, sino mantener los actuales niveles de producción.
Es de esperar que el Gobierno abandone sus políticas dirigistas y voluntaristas, genere las condiciones para que retorne la inversión y diseñe políticas de largo plazo que eviten que vuelvan a producirse crisis de abastecimiento energético.
