A LA ARGENTINA LE HACE FALTA UNA POLÍTICA ENERGÉTICA
(Jorge Lapeña, ex secretario de energía)
Hay demasiados déficit en el área como para no instrumentar con urgencia medidas racionales, patrióticas y consensuadas.
Argentina exhibe en su sector energético un conjunto de graves problemas irresueltos de índole técnica y económica que han adquirido dimensión política relevante. Son de larga data; arrancan con la mala privatización y la retirada del Estado del ejercicio de sus roles indelegables a principio de los 90 y se agudizaron con la salida de la convertibilidad en el 2001.
El hecho de que problemas relevantes para el funcionamiento de la Nación permanezcan en el "limbo de la irresolución" (y por lo tanto de la confusión); y que el Gobierno no atine a articular una estrategia revela una falla (de índole política) en la forma en que son encaradas por los gobernantes las grandes cuestiones nacionales. En este contexto no es de extrañar que haya por parte de la ciudadanía una actitud de desconfianza hacia la política y de apatía civil.
Argentina no puede garantizar hoy un crecimiento sustentable de su sector energético; esto resumidamente significa que la ampliación de oferta no es suficiente para garantizar el abastecimiento de la demanda; el país no tiene política energética ni tampoco un Estado activo capaz de anticiparse al futuro promoviendo e implementado soluciones.
Nuestro país, que a fines de los 80 contaba con 35 años de reservas de gas, y por lo tanto podía considerarse a sí misma como país gasífero, se transformó hoy —por vía de la aplicación de una política autodestructiva y no sostenible— en un país con reservas para sólo 9 años. La producción petrolera está disminuyendo desde 1998, y seguirá disminuyendo, por lo tanto pronto tendrá que volver a importar petróleo.
No se están realizando las inversiones en cantidad suficiente como para revertir una situación tan comprometida como la actual en ninguno de los segmentos que componen el sector energético.
En este contexto vemos con preocupación cómo gana espacio la mala praxis política por sobre lo simple y razonable: 1) falta de planes y de discurso; 2) anuncios puntuales y efectistas; falta de transparencia de los actos de gobierno; 3) descapitalización empresaria y tolerancia de los funcionarios; 5) pasividad y desinformación por parte de la Administración; etc.
Veamos algunos ejemplos:
La noticia de la reducción de las reservas gasíferas del 25% por parte de Repsol-YPF en el mundo —que afectan a nuestros yacimientos más importantes, es una ««3muy mala noticia para nuestro país que tiene en el gas natural la columna vertebral de sus sistema energético y cuyas reservas caen dramáticamente— fue hecha pública en Madrid y fue consecuencia del cumplimiento por parte de esta empresa de las disposiciones de SEC de Nueva York, que tiene como finalidad exclusiva la preservación de los intereses de los accionistas de la empresa. Sin embargo, el Gobierno argentino no emitió ninguna comunicación sobre el particular; ningún comentario sobre la peor noticia. La conclusión es evidente: el Poder Ejecutivo, que es el titular de las reservas de hidrocarburos de la Nación según la constitución del 94 y la ley de hidrocarburos, no tiene auditado en forma confiable el inventario de reservas petroleras.
La descapitalización empresaria. Las empresas energéticas que prestan servicios públicos regulados mediante contratos de concesión con el Estado están sufriendo un constante proceso de descapitalización desde 2001, al punto que la inversión en bienes de uso apenas alcanza al 60% de la depreciación de sus activos (según sus balances auditados), ante la pasividad gubernamental en un contexto de constante crecimiento de la demanda, que ronda el 6%.
La falta de transparencia de los actos de Gobierno. En un acto de importantes características realizado en la Casa de Gobierno y con la caracterización de"día histórico" por parte de los funcionarios gubernamentales, se presentó en sociedad un acuerdo entre la recientemente creada empresa petrolera estatal Enarsa, la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la uruguaya Ancap para explorar la Cuenca Colorado Marina en una superficie de unos 35.000 Km2. Lamentablemente, el análisis fino de la información no nos permite ser seriamente optimistas: la inversión anunciada de 15 millones de U$S es poco menos que simbólica para el área en cuestión. El Gobierno sigue con su política de hacer anuncios puntuales en vez de decidirse a enunciar una política nacional de hidrocarburos de largo plazo, actualizar la legislación de base y dar a conocer los detalles del contrato exploratorio tipo que se va a utilizar para explorar y para revertir la declinación en la cual estamos inmersos.
El anuncio puntual efectista por sobre el enunciado de una política de largo plazo elaborada con rigor técnico y políticamente consensuada. Recientemente hemos tomado nota del acuerdo para la ejecución de un gasoducto de escala continental que se presenta como la solución para los problemas energéticos de medio continente. Omite decirse que en realidad se trata sólo de una idea que todavía no ha demostrado su viabilidad. En estos temas es necesario ser cautos y precisos (en lo temporal y en el lenguaje) para no despertar falsas esperanzas en los legos. Ni la idea de que se "equivocaron de gasoducto" los especialistas.
Es necesario que en este tema el Gobierno acierte con una solución eficaz para resolver un tema que es verdaderamente de fondo. Por una cuestión propia de la democracia y del funcionamiento de la República es imprescindible que la solución que se proponga pueda ser implementada y mantenida por los gobiernos sucesivos que sean elegidos por los ciudadanos de ahora en más.
La fórmula para diseñar la solución es simple: debe ser racional, patriótica y consensuada políticamente. ¿Por qué no empezar ya formando un Consejo de Política Energética?
