LA CRISIS DEL PETRÓLEO Y LA ARGENTINA
(Editorial Diario La Nación)
La Argentina se encamina a transformarse en importador neto de petróleo, una condición que había abandonado hace 15 años y que expondrá al país a los vaivenes de un mercado internacional inestable. Esto llevará a los argentinos a pagar precios más caros por el combustible, con el consiguiente impacto en la actividad industrial y en la vida corriente.
El escenario para el cambio de status no es el mejor. El horizonte de conflicto entre los Estados Unidos, el principal consumidor de petróleo del mundo, y algunos de los mayores productores de crudo puede condicionar la producción global e impactar directamente en sus precios, que ya han alcanzado valores récord.
Una confluencia de políticas erráticas en materia energética, la profundidad de la crisis de principios de siglo, la ausencia de incentivos para la inversión en exploración de nuevos pozos, la falta de un marco jurídico atractivo, la fuerte carga impositiva y un horizonte poco claro respecto de los actuales contratos de concesión condujeron al país a esta situación. Este cuadro debería revertirse con un cambio drástico de políticas para el sector.
En 1991, luego de la desregulación y la apertura de la economía al capital privado, las inversiones en el sector petrolero llevaron a la Argentina a exportar más crudo del que importaba, condición que se ha mantenido hasta hoy, pero que podría revertirse, según todas las estimaciones privadas.
La carencia de inversión de las compañías privadas y la sobreexplotación de las actuales cuencas llevó a los expertos a diagnosticar un horizonte crítico: las reservas de hidrocarburos del país sólo alcanzarán para 9 o 10 años. A este presente desalentador también se llegó por la ruptura de los contratos en 2002 a causa de la explosión de la crisis económica y financiera que siguió a la recesión de fines de 1998, la pesificación de alguna parte de la cadena del negocio de los combustibles, la intervención en los precios y la ausencia de atractivos para la inversión de riesgo.
Las grandes ganancias obtenidas por las empresas petroleras gracias al salto de los precios internacionales, que tocaron los valores más altos de las últimas dos décadas, no se tradujeron en más exploración en nuestro país, sino que fueron derivadas a inversiones en países con oportunidades más seguras desde el punto de vista económico y geológico.
En el sector gasífero se vive una situación aún más apremiante. La falta de inversiones derivó en una crisis de abastecimiento que en los últimos dos años se tradujo en cortes de suministro para la industria y de las exportaciones a Chile, lo que causó un conflicto diplomático.
La pérdida de autoabastecimiento puede poner al país frente a problemas de seguridad en el suministro de crudo y obligarlo a pagar un petróleo más caro. Un escenario de esa naturaleza llevaría al Estado a aplicar subsidios si quiere mantener los valores actuales de los combustibles -alejados de la realidad internacional-, un mecanismo siempre opaco que en nada contribuye a la transparencia que debe tener el manejo de los recursos fiscales.
La Argentina debería cambiar su política hacia el sector para que las decisiones dejaran de estar atadas al corto plazo y condicionadas por la coyuntura política. Una estrategia de largo plazo, con objetivos claros y determinados, podría llevar al país a recuperar parte del terreno perdido en los últimos años.
Para ello, es necesaria la sanción de la ley de hidrocarburos, que debería aportar reglas claras y un horizonte sin incertidumbre que despeje todas las dudas sobre el régimen de otorgamiento de las concesiones de explotación. La mayoría de los contratos de concesión de petróleo y gas tiene vigencia hasta el período 2016/2017, que coincide con las proyecciones de reservas.
Sería deseable que el Gobierno enviara al Congreso un proyecto de ley de incentivos exploratorios y que fijara una política integral para el sector, que apunte, entre otras cuestiones, a resolver los problemas de transporte y distribución. En síntesis, es fundamental establecer un marco competitivo y garantizar la seguridad jurídica para reabrir el interés por invertir en el país y revertir el complejo panorama que enfrenta el sector energético.
