EL REACTOR NUCLEAR DE EMBALSE

La mayor parte del plan nuclear argentino se decidió durante gobiernos militares y, por lo tanto, sin ningún tipo de consulta pública. La Central Nuclear de Embalse en Córdoba es parte de ese legado autoritario. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) nunca consultó a los ciudadanos de esta provincia si querían tener en Calamuchita una de las tecnologías más peligrosa que desarrolló hasta ahora el ser humano.

Al autoritarismo le sumaron la incapacidad y la imprudencia para manejar la ahora cerrada mina de uranio de Los Gigantes y el Complejo Fabril Córdoba (hoy Dioxitek). El resultado está a la vista. La mina de uranio aún no ha sido debidamente remediada y en la planta de Alta Córdoba siguen enterradas sin membrana más de 36 mil toneladas de residuos radiactivos de baja actividad. Las gestiones municipales y provinciales pasan, pero la contaminación que generan esos residuos de uranio nunca fue evaluada por un laboratorio independiente.

Pese a que el reactor Candu de Embalse es un potencial Chernobyl, como cualquier central nuclear, jamás se le realizó una auditoría ambiental y radiológica independiente. La única información disponible para Embalse es la emitida con cuentagotas y mucho secreto por Nucleoeléctrica Argentina SA (Nasa), el organismo que administra las centrales nucleoeléctricas, y la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear).

De hecho la ciudadanía ha conocido la mayor parte de los episodios de fuga de agua pesada radiactiva y de contaminación por tritio gracias a las denuncias de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam). La explicación siempre se dio tras las denuncias, no después de los accidentes.

Pero uno de los episodios más graves está ocurriendo en estos mismos momentos sin que la ciudadanía haya sido invitada a participar. Usualmente las centrales nucleares tienen costos exorbitantes de instalación y operación y una corta vida útil, de unos 30 años. Embalse debería ser cerrada en 2012, pero su envejecimiento haría necesario un cierre prematuro. Sin embargo, Nasa y Cnea, pasando por alto la legislación vigente y la opinión de los ciudadanos, avanzan decididamente hacia la extensión por otros 20 años como mínimo). Durante los gobiernos militares se silenció a la población. Hoy Cnea no quiere escucharla.

Es inaceptable que el presidente de Nasa, Eduardo Messi, aluda a la extensión de la vida útil de la central nuclear, y se refiera a los ingenieros que están perfeccionándose con esta finalidad en Canadá. ¿Y la ley provincial del Ambiente? ¿Y el artículo 11 de la ley nacional sobre la actividad nuclear? ¿Y la opinión de los ciudadanos? Cnea y Nasa no pueden seguir con sus proyectos de extender la vida útil de Embalse sin una previa consulta pública, sin la debida evaluación de impacto ambiental, sin una auditoría ambiental y radiológica que nos diga cuál es el estado del ambiente en Embalse, y sin una autorización expresa del gobierno de la provincia.

El autoritarismo y el secreto ya no son herramientas válidas ni aceptables, porque si la central nuclear de Embalse sufriera un accidente grado siete en la escala de Red Internacional de Ingenieros y Científicos por la Responsabilidad Global (Ines, por sus siglas en inglés), quedaría contaminada buena parte del centro del país, y totalmente colapsada la economía de varias provincias. Cuanto más se postergue su cierre, aún con reparaciones, los riesgos siempre serán mayores.

Accidente nuclear: qué hacer

Un accidente nuclear grado siete podría ocurrir por alguna grave falla interna, parecida a la que ocurrió al comenzar sus operaciones la central (que afortunadamente se controló), o por el choque de un avión de pasajeros de gran tamaño, por ejemplo un Boeing 737 ó 747, contra el depósito de residuos radiactivos de alta actividad que están acumulados junto a la central.

Ocurriría entonces una versión local y quizá aumentada de Chernobyl. Pero la mayoría de los ciudadanos, hospitales y medios de comunicación social no han sido preparados para actuar frente a esta catástrofe. A los pobladores de las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Río Tercero y Villa María, por ejemplo, los organismos nacionales (ARN, Nasa) y la Agencia Córdoba Ambiente no les han proporcionado consignas para protegerse de una fuga masiva de materiales radiactivos. Lo grave es que la Agencia tiene en sus manos un trabajo técnico donde se demuestra esta falta de preparación de los ciudadanos, pero aún así no actuaron. Se limitan a decir, equivocadamente: “No es de nuestra competencia”. El trabajo de investigación que demuestra la falta de preparación de los ciudadanos ante un accidente nuclear fue apoyado en su momento por el anterior presidente del organismo, Néstor Bárbaro, y luego presentado como trabajo de tesis de maestría en la Universidad Nacional de Córdoba con copia a la Agencia.

Jugar con fuego

Prolongar la vida útil de Embalse es jugar con fuego. Los reactores nucleares Candu tienen problemas que le son propios: 1) mayor probabilidad de pérdida de agua pesada desde el circuito primario; 2) el reaprovisionamiento de combustible mientras continúa funcionando el reactor introduce factores adicionales de riesgo; 3) las sucesivas fallas y roturas de los tubos de presión está relacionada con la misma aleación de zirconio-niobio utilizada en Chernobyl; 4) la combinación de uranio natural-agua pesada tiene serias implicancias en materia de seguridad; 5) el uso de agua pesada genera grandes cantidades de tritio tres radiactivo, y el uso generoso de zirconio en el núcleo tiene como consecuencia un elevado potencial de reacción zirconio-vapor de agua; 6) como en otros reactores, los Candu no están diseñados para soportar los peores accidentes que involucran extensas reacciones de zirconio-vapor de agua, explosiones de hidrógeno y vapor de agua, y ruptura de las modalidades comunes de los ciclos de enfriamiento primarios y secundarios dentro de la contención. ¿Es sensato jugar a extender su vida útil?

Pero el riesgo no se limita sin embargo al gran accidente. Embalse dejará, al final de su vida útil, unas 125 mil barras de combustible agotado altamente radiactivas, riesgosas por más de 100 mil años. Cuando la cierren, nuestros impuestos deberán pagar décadas de estricta vigilancia. ¿Tiene sentido prolongar 20 años más sus riesgos, y acumular más barras de combustible agotado, altamente radiactivas?

Nosotros creemos que no, pero a la respuesta final deben darla los ciudadanos en una consulta pública. No los funcionarios.