GRAVES INCIDENTES EN SANTA CRUZ
(Editorial Diario La Nación)
Los gravísimos incidentes en la localidad de Las Heras, Santa Cruz, promovidos por piqueteros que intentaron asaltar una comisaría y causaron la muerte de un policía y heridas a más de 30 efectivos y civiles, constituyen un crimen aberrante. Además, expresan un inadmisible ataque al orden público y un preocupante llamado de atención sobre rebrotes de violencia en el territorio nacional.
Los episodios vividos en el sur del país se deben enmarcar en la sucesión de actos de intolerancia que la sociedad argentina viene padeciendo día tras día en los últimos años, con cortes de rutas, piquetes y actos de intimidación pública, que han crecido al amparo de la falta de determinación de las autoridades para poner freno a los desbordes.
La opinión pública se pregunta hasta cuándo se va a permitir que desaforados marquen el ritmo de un país que quiere dejar atrás el pasado de desencuentros. El asesinato de un policía de la provincia de Santa Cruz es el altísimo costo que la Argentina está pagando por la propagación de actos ilegales que, lamentablemente, han ganado espacio en los últimos tiempos. En todos estos episodios, de los que la sociedad argentina es testigo permanente -como el reprochable piquete contra las papeleras-, bastaba un solo acto de provocación para causar una tragedia.
Los serios incidentes en el pequeño pueblo de Las Heras se produjeron cuando activistas en huelga desde hace 15 días avanzaron hacia la comisaría local donde Mario Navarro, líder disidente del Sindicato del Petróleo y Gas de Santa Cruz, estaba detenido por orden judicial. El intento de asaltar la comisaría fue repelido con gases lacrimógenos y balas de goma, lo cual dio paso a un enfrentamiento generalizado.
El policía asesinado sufrió fractura de cráneo, producto de un durísimo golpe con un hierro, y un balazo en el hombro izquierdo, en tanto que varios efectivos fueron heridos también con armas de fuego. El gobernador Sergio Acevedo aseguró que la policía no tenía armas de fuego ni de guerra, sino que utilizó balas de goma y gases. Las personas que atacaron la comisaría -dijo- "mataron a uno, pero podrían haber matado a treinta".
Desde diciembre de 2001 hasta ahora el orden público ha sido desafiado en reiteradas oportunidades sin que desde las máximas autoridades se adoptasen las medidas suficientes para detener este tipo de manifestaciones. Cuando la protesta social pasa el límite del orden constitucional e incursiona claramente en el terreno de la delincuencia, los gobernantes tienen una obligación que no pueden eludir: garantizar con eficacia el irrestricto respeto a la ley.
Por esa razón marcamos con preocupación desde esta columna editorial la reaparición de piqueteros encapuchados portando palos por las calles de la ciudad de Buenos Aires, en octubre último, ante la mirada permisiva de las autoridades y en una clara actitud intimidatoria.
Es imperioso desterrar la cultura del piquete violento que, aunque las autoridades no lo admitan, ha sido alentada no pocas veces desde despachos oficiales y judiciales. Basta observar el apoyo que, en principio, se brindó a quienes se oponen a la instalación de dos papeleras en Uruguay, cortando rutas y puentes y violando derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, como los de libre tránsito, comercio y trabajo. O la mirada cómplice que acompaña las marchas que entorpecen e impiden el tránsito de las ciudades. No deben olvidarse tampoco el fallo de la Cámara del Crimen de la ciudad de Buenos Aires que equiparó la protesta piquetera con el derecho constitucional de huelga ni el premio prometido al piquetero oficialista Luis D´Elía con un cargo en la Nación, a pesar de haber liderado el copamiento de una comisaría en el barrio porteño de La Boca en 2004.
Las reacciones oficiales que condenan enérgicamente los hechos ocurridos en Santa Cruz son bienvenidas, aunque tardías, ya que de haberse actuado antes con firmeza, respaldada en la legalidad, se hubieran evitado sucesos de la gravedad del de ayer. Es de esperar que se encuentre a los responsables del crimen y se los juzgue conforme a Derecho.
Es necesario que el Estado argentino recupere su capacidad para restablecer en su plenitud el orden público que, como es natural, antecede al ejercicio de los derechos y garantías individuales, pues, sin aquél, éstos irremediablemente caen.
