CORRUPCIÓN EN LAS NACIONES UNIDAS
Editorial Diario La Nación
La investigación ordenada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sobre la administración del programa humanitario vinculado con Irak -más conocido como "petróleo por alimentos"-, a cargo de un comité especial encabezado por el ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos Paul Volcker, ha culminado con un resultado realmente desalentador.
Por una parte, algunos veteranos funcionarios de la organización, como Benon Sevan, han sido encontrados responsables de toda suerte de actos de corrupción cometidos durante seis años, hasta la invasión de Irak. Por la otra, ha quedado claro que las pautas éticas utilizadas en lo más alto de la pirámide administrativa de la ONU dejan ciertamente que desear, en particular en lo que a conflictos de intereses se refiere. En este aspecto, las vinculaciones comerciales de las empresas en las que trabajaba Kojo, hijo de Kofi Annan, con las Naciones Unidas no debieron existir nunca.
Todo esto ha dañado la imagen del organismo multilateral, que está siendo reestructurado con urgencia, y lastimado la gestión del propio secretario general, que ha entrado ya en su fase final.
El informe del comité presidido por Volcker agrega a todo esto un muy lamentable capítulo adicional. De acuerdo con ese trabajo de investigación, funcionarios, políticos -y hasta algún embajador- franceses, rusos, italianos; banqueros suizos y empresarios poderosos de distintos países parecen haber sido cómplices en defraudar a las Naciones Unidas.
Parece mentira que empresas de renombre hayan aceptado pagar comisiones ilegales para poder vender sus productos o servicios a las Naciones Unidas. Más de 2000 empresas de 66 países actuaron inaceptablemente en sus negocios con la organización internacional, permitiendo de ese modo que el régimen del ex dictador Saddam Hussein se beneficiara con utilidades ilícitas del orden de los 1800 millones de dólares. Hasta el propio Consejo de Seguridad de la ONU, según el informe, "no cumplió con sus responsabilidades" en el período comprendido entre 1997 y 2003.
Que la aplicación de algunas sanciones económicas genera corrupción y mercado negro era sabido. Pero que ellas hayan dado pie a casos de corrupción en la propia ONU es inaceptable. Ha llegado entonces la hora de determinar las responsabilidades del caso por medio de la actuación de la justicia de los países cuyas empresas o ciudadanos aparecen involucrados. Además, es menester asegurar que nada similar a esto pueda ocurrir en el futuro, a través de profundas reformas administrativas que otorguen más transparencia a la gestión de la Organización de las Naciones Unidas.