INVERSIONES PETROLERAS: EL VOLUNTARISMO NO ALCANZA
Eduardo Simone
INVERSIONES PETROLERAS: EL VOLUNTARISMO NO ALCANZA
Eduardo De Simone
Ponerle varias bombillas al mismo mate es hoy, según la figura a la que apelan reiteradamente en el sector, una práctica habitual entre las empresas petroleras. En buen romance, significa que las compañías que operan en este negocio sobreexplotan los pozos que están en producción, exigen a los yacimientos que ya están maduros y no reponen reservas en nuevas trampas geológicas.
¿Lo hacen por voracidad o falta de vocación inversora? Acaso alguna corriente de opinión en el Gobierno imagine que cierta naturaleza malsana lleva a los empresarios a desentenderse ante el agotamiento de las reservas.
Y que las reservas se agotan no está en duda: según cálculos del ex secretario de Energía Daniel Montamat, la Argentina importará cada vez más gas y en tres años estará importando petróleo. “A este paso, estamos por perder el autoabastecimiento”, alerta.
Pero no parece razonable demonizar a las empresas por esta preocupante realidad. Sí vale la pena detenerse en los riesgos que se avecinan, a juzgar por lo que estuvo ocurriendo en los últimos años:
Las reservas de petróleo cayeron casi 25% desde 1999. También descendió la productividad por pozo desde 10 metros cúbicos por día en 1999 a 6,5 metros cúbicos por día en 2004.
• Las reservas de gas disminuyeron más de un 30% entre 2000 y el año último, en gran medida por el congelamiento de los precios en boca de pozo y la consiguiente falta de inversiones en exploración. Así lo puso de manifiesto en un exhaustivo informe el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.
Por otra parte, el propio Gobierno ha reconocido que la relación entre producción y reservas se deterioró desde los 17 hasta los 12 años en relativamente poco tiempo.
• El alza del precio del petróleo que se ha verificado en los últimos años no se reflejó en la cantidad de pozos perforados porque es notoria la pérdida de atractivo y el desaliento para la actividad.
Este escenario despertó a los funcionarios y los movilizó a remitir al Congreso un proyecto de régimen promocional para la exploración de hidrocarburos al que el ministro de Planificación, Julio de Vido, calificó de “cuestión de Estado”.
Es elogiable el empeño, aunque no cabe igual calificativo para los resultados, según se desprende de la opinión de empresarios y analistas del sector.
La iniciativa que promueve el Ejecutivo dispone una serie de beneficios impositivos que, a primera vista podrían resultar interesantes. Pero una mirada más incisiva los vuelve, en verdad, rutinarios.
Se trata de aplicar incentivos fiscales vinculados con el IVA, ganancias, derechos de importación y una exención en ganancia mínima presunta sobre los bienes afectados a los emprendimientos que se quiere alentar. Para los empresarios, la saludable intención del Gobierno derivó en un proyecto insuficiente, que no cumplirá el objetivo de estimular las necesarias inversiones en exploración de petróleo y gas.
Quienes conocen el paño aseguran que la propuesta –que reposa cómoda en la Comisión de Combustibles de la Cámara de Diputados– requerirá indispensables correcciones, a saber:
• Beneficios más intensivos en IVA y ganancias, pero fundamentalmente un régimen similar al que hoy tiene la minería, que supone un mecanismo de estabilidad fiscal por alrededor de 30 años. Esto significa que no habrá cambios impositivos ni alteración de las reglas de juego durante ese período.
• El proyecto oficial impone a las empresas interesadas en explorar una asociación compulsiva con la estatal Enarsa, experimento que no cae bien en el sector privado, pero que también genera dudas en la propia conducción de la petrolera que ideó el presidente Kirchner. El reclamo de mínima, en este capítulo, es que se precisen los términos de la asociación que se impulsa y la fórmula para dividir los beneficios.
• No hay discriminación de incentivos según la naturaleza de las cuencas, lo cual permite suponer que las nuevas inversiones, si las hubiera, se orientarían esencialmente a las áreas de menor riesgo.
• Habrá que resolver el factor de conflicto que se produce con las provincias, al avanzar el proyecto en la posibilidad de establecer una suerte de subconcesión sobre las concesiones actuales, que son jurisdicción de los Estados del interior. Representantes de los distritos petroleros ya hicieron escuchar sus quejas en Diputados.
• Finalmente, están totalmente ausentes las definiciones sobre el régimen de futuras retenciones para las nuevas explotaciones que surjan como consecuencia de este conjunto de incentivos. Montamat sugiere que se establezca que no haya retenciones en el nuevo petróleo o gas que se obtenga en las áreas de alto riesgo.
Así las cosas, el proyecto oficial reúne un curioso consenso: las empresas, las provincias y hasta la propia Enarsa mostraron disconformidad y dudas con su redacción.
Como la interna política dormirá la iniciativa hasta después de octubre, no faltará oportunidad para debatir a fondo modificaciones que alimenten un clima inversor. Mientras tanto, habrá que distraerse con la euforia de anuncios que se agitan ante el toque caribeño de Hugo Chávez.
