REGALÍAS, RETENCIONES E INJUSTICIAS

Hace algún tiempo y desde esta misma columna formulamos una serie de apreciaciones y críticas en relación con la carencia de una política nacional de hidrocarburos que tienda a salvar las deficiencias producidas en el proceso de privatización de YPF, referidas, entre otros aspectos, a la falta de cláusulas que impusieran a los que se hicieron cargo de la estructura anteriormente estatal, la obligación de realizar tareas de exploración en procura de determinar la existencia y explotación de nuevos yacimientos de petróleo y gas.

Se sabe que hay muchas áreas de las concesionadas que poseen abundantes reservas, especialmente en el sur de la Argentina, y que buena parte del petróleo que se encontró hace ya años en otros lugares, entre ellos Mendoza, aguarda una seria acción en materia de técnicas denominadas de recuperación secundaria. Como eso no se realiza, el país ha visto reducido el horizonte de sus reservas comprobadas a poco más de diez años, por lo menos en lo relativo a petróleo, y a poco más de quince en lo que atañe al gas.

Por si eso fuera poco, se dan circunstancias que hacen aparecer como irracional el modo en que se encara en el país la labor extractiva, ya que mientras por una parte se han estado exportando gas y petróleo a países vecinos, por otra se ha debido importar el primero desde yacimientos bolivianos, y derivados del segundo que, como el gasoil, hacen a nuestros sistemas de transporte de pasajeros y cargas, generación de energía y operación de diversos tipos de establecimientos fabriles. Con los precios internacionales en alza, es claro que conviene a los actuales concesionarios exportar hidrocarburos y hacer una buena diferencia, ya que los costos internos de extracción marcan grandes diferencias con los internacionales.

Así, el esquema diseñado por el Gobierno Nacional de imponer fuertes retenciones a las exportaciones de petróleo tiende a hacer menos atractivo el negocio y lograr que no quede más desabastecido el mercado nacional.

Hay quienes indican que las retenciones son un impuesto de carácter fuertemente regresivo y, en ciertas circunstancias, estamos de acuerdo en que ello es así. Pero, no en el caso de recursos naturales no renovables que, como el petróleo y el gas, terminarán por agotarse dejándonos ante la alternativa de tener que exportarlos a precios internacionales, algo que destruiría nuestras escalas internas de costos. Hemos indicado en anteriores oportunidades en que hicimos referencia a las retenciones que, bien utilizadas, pueden ser consideradas como un elemento de promoción del crecimiento nacional. Por ejemplo, minimizarlas en aquellos casos en que los bienes transables sean el producto de procesos con alto valor agregado, como una forma de favorecer la economía nacional, pero hacerlas realmente altas cuando se trata del manejo de recursos estratégicos que no nos conviene comerciar a precio alguno y que no aportan a la generación de empleo en el país.

Tal nos parece el caso de los hidrocarburos, sobre los cuales poco han podido actuar para diseño de políticas los gobiernos que sucedieron al de Menem, que privatizó a YPF y sus yacimientos. Las retenciones tienden a desalentar un negocio opíparo para los exportadores, y otorgar mayor participación al Estado en la renta petrolera. Participación que no es tan grande como pretenden algunos si se compara la cifra de algo más del 36% de la Argentina con el 66% que marca la de otros estados productores de América Latina , como México, Venezuela o Ecuador

Las utilidades de las empresas se acrecentaron en nuestro país en un 200% desde antes de la devaluación hasta ahora, algo que destruye los argumentos de que como no hay aumentos de precios no conviene aumentar las inversiones.

Al aumentar las ganancias de las empresas, también lo hizo la del Estado Nacional, pero con claras desventajas para las provincias petroleras, ya que de lo obtenido por retenciones a precios internacionales, no obtienen nada. Así, solamente Mendoza, pierde por ese solo concepto en el orden de los 250 millones de pesos por año, que se guarda el poder central. Como el producto del impuesto al cheque, no coparticipable, esta modalidad agrede los intereses locales y limita las posibilidades de crecimiento de Mendoza, ya agraviadas por regímenes promocionales en otras provincias con los cuales no puede competir.

Si es bueno que se resguarden las existencias de hidrocarburos en el país por lo menos hasta que se haya ampliado considerablemente el horizonte de sus reservas, no lo sería menos que se replanteara la forma en que la Nación dispone de riquezas que, por disposición constitucional, son del dominio de las provincias donde se las obtiene. El tema de las regalías debe ser inscripto como uno de los grandes asuntos por incluir dentro de la agenda, hasta ahora inexistente, de la necesaria planificación nacional en materia de energía, donde obran muchos otros factores además del petróleo y el gas.