Editorial
AGUAS: LO ESENCIAL ES NO REPETIR ERRORES
El Cronista, Buenos Aires
En lugar de Suez, hubiera hecho lo mismo”, sorprendió el miércoles Elisa Carrió a un grupo de empresarios, al hablar sobre el portazo y la partida del concesionario de Aguas Argentinas. Politizado y con final abierto, la polémica por el contrato de provisión de agua potable y cloacas se mantiene ceñido a una resolución sobre las tarifas del servicio, un tema urticante para el Gobierno especialmente en una etapa electoral. Sin embargo, es hora de revisar la oportunidad que se presenta ante la necesidad de encarar un nuevo proceso de adjudicación, pero no sólo pensando en el modo en que se aplicarán las tarifas sino también
–unido a ello– en las inversiones que son necesarias para garantizar una mayor cobertura y eficiencia del servicio, y los mecanismos adecuados para que esos planes de inversión se cumplan. También es hora de revisar, entonces, cuál ha sido el grado de control que ha realizado el Estado hasta el momento sobre los planes de la concesión y cuál su visión para el próximo quinquenio. Es decir: si se está privilegiando el impacto tarifario en la actual coyuntura, o se está pensando más bien en quienes aún no tienen la posibilidad de acceder al servicio.
La afirmación suena extraña en la Capital Federal, que tiene a su lado la mayor fuente de provisión, pero en otras zonas no es así: el agua potable puede ser un recurso escaso, y lo mismo ocurre con las cloacas, cuya existencia es fundamental para la preservación de la salud y el medio ambiente. Según un informe del BID publicado esta semana, se necesitarán 15.000 millones de pesos de inversión en un plazo de 15 años para poder dar agua en todo el país, ya que alrededor del 20% de la población todavía no tiene acceso a las redes de agua potable (según datos de 2001).
Como miembro de la ONU, la Argentina se comprometió en el año 2000 con las Metas del Milenio de reducción de la pobreza y su cumplimiento en materia de agua potable consiste en reducir en un 50% la porción de población sin suministro. Desde 1990 a la fecha, ha habido avances significativos, pero un 20% sin red sigue siendo elevado, contra 13% de Brasil, 12% de México y 7% de Chile. Para llegar al objetivo, según el BID, 6,5 millones de personas deberían ser incluidas antes de 2015, para lo cual tendrían que invertirse $ 411 millones por año.
En el caso de las tarifas, debe tenerse en cuenta la importancia de otorgar incentivos genuinos para la expansión con inversiones y para el uso eficiente del recurso. En el principio de la concesión de Aguas Argentinas, el esquema no concebía un cobro basado en el costo de la prestación del servicio, sino en función del valor de la propiedad, asemejándose a un impuesto inmobiliario.
La tentación de aplicar políticas redistributivas mediante las tarifas de servicios públicos es conocida, especialmente frente a urgencias políticas. Pero también son conocidos sus efectos negativos para la inversión y, en definitiva, para los propios usuarios.
