Panorama
INEVITABLES JUICIOS CON LAS PETROLERAS
La Razón, La Paz
Editorial Diario La Razón (La Paz)
Inevitables juicios con las petroleras
El gobierno del presidente Eduardo Rodríguez nada puede hacer en estas circunstancias, pues no podría modificar la ley. Lo único que está en sus atribuciones es preparar la defensa de los intereses de Bolivia ante el inevitable escenario de los juicios.
Las empresas petroleras han anticipado, con demasiada insistencia, sus intenciones de llevar al Estado boliviano ante tribunales internacionales a partir de enero, porque no aceptan el cambio de los contratos dispuesto por la nueva Ley de Hidrocarburos. Los anuncios tan reiterados llevaron las cosas demasiado lejos, a tal punto que el Gobierno Nacional tuvo que informar que también estaba tomando las debidas previsiones para el momento en que se hayan iniciado las acciones en los niveles de arbitraje. Expertos nacionales y extranjeros fueron contratados por Bolivia para enfrentar la situación que parece inevitable, a juzgar por lo que dicen las empresas.
Por otro lado, las empresas han hecho saber, con igual pertinacia, que han cancelado todas sus proyectadas inversiones en el país, y que están buscando nuevos países donde operar. Todo esto debido a la vigencia de una nueva ley que ordena el cambio de los contratos y eleva los impuestos. Junto con sus protestas, las empresas han hecho saber que se están yendo a operar en países donde existan mejores condiciones para sus inversiones.
El gobierno del presidente Eduardo Rodríguez nada puede hacer en estas circunstancias, pues no podría modificar la ley. Lo único que está en sus atribuciones es preparar la defensa de los intereses de Bolivia ante el inevitable escenario de los juicios de arbitraje.
El diálogo ha sido descartado por las empresas con sus anuncios sobre los juicios que se avecinan. Podían haber dialogado con los parlamentarios, que son quienes podrían modificar la ley, pero ya es tarde.
Habrá que esperar que los costos de este desenlace no sean muy altos para el país, no solamente por los montos de las eventuales indemnizaciones y reparaciones. Lo peor sería que Bolivia quede sin recibir inversiones ni petroleras de ningún otro tipo.
A pesar de que todo parece ir hacia una confrontación, los contratos a los que deberán acomodarse las empresas todavía no han sido conocidos. Peor todavía: faltan los reglamentos de la ley, sin los cuales no podría entrar en vigencia.
Habría sido mejor que los parlamentarios a cargo de la elaboración de la ley hubieran terminado su trabajo en los plazos necesarios, a fin de que estas falencias no conspiren contra la reputación de Bolivia. Se demoraron en la elaboración de los documentos complementarios y ahora, ante la perspectiva de las elecciones, los parlamentarios están pensando en otra cosa. Pero las repercusiones de lo que hicieron de manera incompleta ya están afectando al país. La falta de inversiones en el campo petrolero amenazan latentemente con sacar a Bolivia del escenario energético regional. Cosa que puede suceder.
En el balance, se podría decir que el país pasó de una ley demasiado complaciente a una muy severa. Los procedimientos para llegar a ambos extremos fueron democráticos. Pero sería mejor que el país no vuelva a tomar decisiones tan extremas.
Por el momento queda expresar la esperanza de que las cosas se mantengan dentro de lo que más le convenga al país. Los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional permiten alentar esa esperanza. Esa tendencia, si se mantuviera, haría que otras empresas lleguen con nuevas inversiones. Eso es lo que habrá que esperar ahora.
