Repatriación de fondos
SANTA CRUZ: RESPUESTAS NECESARIAS
Diario La Nación, Buenos Aires
Editorial Diario La Nación
Santa Cruz: respuestas necesarias
La tan esperada y, por cierto, saludable decisión del gobierno santacruceño de repatriar los fondos de la provincia depositados en el exterior ha suscitado más preguntas que respuestas.
Ante todo, parece necesario explicar por qué razón el actual gobernador provincial, Sergio Acevedo, se demoró casi dos años en tomar esta determinación, cuando durante su campaña electoral había anunciado que repatriaría aquellos fondos tan pronto como asumiera el cargo.
En algún momento se dijo que seguían en Suiza para evitar que fueran capturados por los fondos "buitre"; en otra oportunidad, se esgrimió que la provincia tenía que definir primero un plan de infraestructura, y más tarde se sostuvo que era conveniente esperar a que el país saliera del default.
Los fondos en cuestión se originaron tras un juicio por regalías mal liquidadas que recibieron las provincias hidrocarburíferas por parte del Estado. En 1993, el monto que cobró Santa Cruz alcanzó a los 535 millones de pesos o dólares, de los cuales recibió el 40,1 por ciento en efectivo y el 59,9 en acciones de YPF. Estas últimas fueron vendidas a más del doble de su valor original, por lo que algunos economistas, entre los que se destaca el ex ministro Domingo Cavallo, estimaron que los fondos provinciales se acercaron en algún momento a los mil millones de dólares.
Por qué razón ahora se repatrían 521 millones de dólares es la primera pregunta que debe ser respondida. El gobierno de Santa Cruz argumenta haber gastado 562 millones desde la fecha del cobro hasta el 31 de diciembre de 2003, algo que debería ir acompañado de las constancias del gasto y su destino. Esto confirmaría la afirmación de Cavallo, ya que la provincia habría recibido según el propio gobierno de Santa Cruz 1084 millones -la cifra mencionada por el ex ministro-, de los cuales quedaría aproximadamente la mitad.
Tienen razón varios dirigentes de la oposición cuando reclaman que se pongan a disposición de los órganos de control los movimientos bancarios entre 1993 y 2003.
A ello se suma que dos meses atrás se informó periodísticamente que el juez de instrucción Nº 1 de Río Gallegos, Santiago Lozada -a quien derivó la causa uno de los cinco jueces federales designados durante esta administración, Guillermo Montenegro- archivó la acusación contra el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, por presunto mal manejo de los fondos de la provincia de Santa Cruz depositados en el exterior, prácticamente sin efectuar investigación alguna sobre la ruta de ese dinero.
Ante la requisitoria periodística, dicho juez se limitó a confirmar la información, pero se negó hasta ahora a dar a conocer los fundamentos de su decisión, lo que lesiona el principio de la necesaria publicidad de las resoluciones judiciales.
El tema de los fondos santacruceños requiere una urgente clarificación, no sólo porque se trata de fondos públicos, sino porque es un asunto que atañe al mismo primer mandatario por las decisiones adoptadas durante su gestión como gobernador. En tal sentido, cabe recordar que el 16 de enero del año último el doctor Kirchner manifestó durante la Cumbre de las Américas realizada en Monterrey, México, que en el contexto de la crisis socioeconómica de 2001 llevó los fondos de Santa Cruz "a la Reserva Federal de los Estados Unidos a una tasa del 1 por ciento anual, mientras había gente que invertía en el país al 30 por ciento anual". Lo insólito de esas controvertidas declaraciones es que la Reserva Federal norteamericana no interviene como banco de inversiones, por lo que jamás los ahorros santacruceños pudieron haber sido derivados hacia allí, como dio a entender el presidente de la Nación con toda claridad.
Desde esta perspectiva, sería deseable que se respondiera con la mayor transparencia y exactitud a las preguntas abiertas, dando cuenta del derrotero de los fondos en cuestión a lo largo de los últimos años y de la rentabilidad que dieron, y no acusar de malandrines a quienes preguntan y exigen justificadamente una pormenorizada rendición de cuentas de los dineros públicos.
