EL ACUERDO ESTÁ EN DESACUERDO

El acuerdo está en el desacuerdo

La fecha del 23 de octubre está marcando una línea divisoria en el manejo de la política económica. Hasta los funcionarios del Palacio de Hacienda más alejados de la campaña electoral y de la ampulosa interna del PJ reconocen que las elecciones legislativas significan un antes y un después para muchas decisiones.

Como se preveía desde hace tiempo, ya está descartada la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de esa fecha. La duda, en todo caso, es si habrá algún entendimiento en lo que resta de 2005 o incluso durante el próximo año.

El presidente Kirchner, que suele apuntar alternativamente al duhaldismo y al FMI como blancos preferidos de sus discursos de campaña, acaba de dar algunas pistas bastante concretas. La semana pasada fustigó al Fondo por querer imponer políticas a la Argentina y reiteró que la estrategia del gobierno es desendeudarse paso a paso.

En un lenguaje más técnico, eso significa que no habrá un acuerdo stand by de largo plazo por las condicionalidades que trae aparejadas y que los futuros vencimientos se seguirán pagando como hasta ahora, con una mezcla de superávit fiscal y de reservas.

Paradójicamente, esto es lo mismo que pide el FMI, sólo que en otras proporciones. Aun en el desacuerdo, las dos partes están de acuerdo. Nunca la Argentina le pagó tanto al organismo como en los últimos doce meses sin recibir nada a cambio: casi 4000 millones de dólares. Para su staff, ésta es una noticia que compensa las críticas que suele recibir desde el gobierno de Kirchner, máxime cuando de aquí a fin de año vencen otros 1700 millones.

Dentro de este cronograma, el mes de agosto se presentaba con un gran signo de interrogación. Entre los vencimientos con el FMI, principalmente los que corresponden a la deuda nueva (Boden y préstamos garantizados), la suma trepa a 2500 millones de dólares. Sin embargo, las preocupaciones acaban de disiparse y le permitirán al Gobierno apurar el mal trago que significará la difusión del índice de precios de julio con una suba superior al 1 por ciento. El "colchón" que logró armar el Ministerio de Economía colocando títulos le permite atender sin sobresaltos esa cuenta. Ayudaron la rápida reapertura del mercado de deuda después del canje (incentivada por bonos indexados cuyo rendimiento en dólares es el más alto del mundo), y también los casi 550 millones que suscribió el gobierno de Hugo Chávez. Este aporte venezolano resultó ser mucho más concreto que la supuesta ayuda china que la Casa Rosada promocionaba con bombos y platillos hace casi un año, en una operación mediática que se apagó con más pena que gloria entre los fuegos artificiales de la propaganda política. Con este escollo superado, el discurso oficial de aquí en más será probablemente que, si no hay acuerdo, es porque el FMI no quiere. Después de las elecciones se verá. El diálogo no está cortado, pero tampoco ha avanzado demasiado.

Claro que la estrategia de desendeudarse paso a paso para no someterse a la presión del organismo tiene como obstáculo que en los próximos dos años se acumulan vencimientos por 12.000 millones de dólares, que no podrían atenderse con superávit y que equivalen a la mitad del actual stock de reservas del Banco Central.

De hecho, la Argentina tiene hoy por primera vez en décadas superávit financiero (o sea superávit primario menos el pago de intereses de la deuda pública) de unos 1000 millones de dólares. Pero no puede hablarse de superávit fiscal (en realidad, hay déficit) hasta tanto no quede claro el perfil de vencimientos de capital con el FMI y los organismos multilaterales.

Tarde o temprano, atender esos pagos obligará a reformar la Carta Orgánica del BCRA para ampliar su asistencia al Tesoro, medida que está en carpeta, pero no para este año. Sin embargo, no sería una buena señal para la economía de 2006, año que se perfila menos cómodo, ya que se prevé que el crecimiento del PBI bajaría un escalón y no hay señales que permitan entrever cómo descenderá la inflación desde su actual plataforma de dos dígitos anuales.

Levantar el pie del acelerador del gasto público podría ser la receta más eficaz para calmar las expectativas, pero no está disponible antes de las elecciones. Por ahora, se gasta cada peso que se recauda por encima de la recaudación prevista para este año, aunque sin comprometer la meta de superávit primario equivalente a 3% del PBI. El Fondo pide un superávit de 4,5%, que el gobierno se niega a aceptar para no achicar su caja. Pero es muy probable que sin acuerdo para refinanciar vencimientos, el superávit deba subir y no bajar para no poner en peligro la estabilidad. En este escenario, además, quedaría archivada cualquier iniciativa para reducir las retenciones o el impuesto al cheque, así como para elevar la base imponible de los impuestos a las ganancias o bienes personales, admiten por lo bajo en el Palacio de Hacienda.

Dilema tarifario

Otro problema se presenta con las tarifas y los subsidios para mantenerlas congeladas. Con una estrategia de negociación semejante al tómelo o déjelo, el Gobierno acordó con la mayoría de las empresas distribuidoras de electricidad y gas ajustes en las tarifas industriales antes de fin de año y en las residenciales en algún momento de 2006, junto con la revisión de contratos. Claramente se trató de una secuencia destinada a no dejar un flanco abierto en la lenta negociación con el FMI y a no aplicar aumentos antes de las elecciones, aun cuando los aumentos acordados impactan sobre los costos de las empresas.

Con el repunte de la inflación las compañías cruzan los dedos con respecto a la segunda parte del acuerdo: el ajuste pactado para 2006 aportaría entre uno y dos puntos al índice anual de precios minoristas.

La contrapartida es que el congelamiento de tarifas termina aumentando el gasto por la vía de subsidios. Esto quedó demostrado la semana pasada cuando el gobierno destinó otros 85 millones de pesos a las empresas de trenes y subtes, por encima de los 166 millones que les había aportado en la primera mitad del año. La cuenta no incluye otros 100 millones que se destinan a las empresas de colectivos a través del precio subsidiado del gasoil. Ni tampoco la diferencia de costos entre gas y fuel oil que se les reconoce a las generadoras de electricidad, en un año tan benigno desde el punto de vista climático que ha permitido dejar en segundo plano la escasez de gas natural.

Pese a este despliegue, el Gobierno dejó sin respuesta y al borde de la rescisión del contrato a Aguas Argentinas, que pedía un subsidio de 120 millones de pesos este año a cuenta de dos aumentos tarifarios del 20% en 2006, que en la penúltima propuesta oficial se habían recortado al 20 y 15 por ciento. Ya sea por el costo fiscal o político, ahora el futuro de la concesión es una incógnita; lo mismo que la financiación de futuras inversiones para ampliar la red con cualquier operador, local o extranjero, privado o público. En la empresa de capitales franceses aseguran que los ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos operativos, mientras rezan para que no se dañe ningún caño maestro y menos antes de las elecciones.