LA REESTATIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

La reestatización de la inversión

El Congreso está analizando un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a crear nuevos impuestos para financiar obras públicas aplicables sobre las tarifas de servicios. Lo recaudado se destinará a los fondos fiduciarios, creados por decreto en 2004, que pretenden ser el instrumento para financiar las inversiones que antes realizaban las concesionarias de servicios públicos, pero que en adelante realizará el Estado.

El cambio es conceptual y no meramente instrumental. Se encuentra en un polémico proyecto de ley para financiar los fondos por crearse para desarrollar obras de infraestructura en los sectores de gas y electricidad.

Las privatizaciones no sólo permitieron que la operación de los servicios ganara eficiencia y calidad respecto de los estándares que caracterizaban el anterior manejo estatal de las empresas, sino también que las inversiones crecieran sin requerir el uso de fondos públicos.

Con excepción de las concesiones ferroviarias de pasajeros y los subterráneos, en los demás casos las inversiones fueron de responsabilidad técnica y financiera de quienes adquirieron las empresas o concesionaron los servicios. Con las privatizaciones el erario se alivió, al tiempo que la aplicación de capital y financiamiento privados impuso pautas de eficiencia en la selección de inversiones y en la ingeniería, gestión y ejecución de éstas.

La devaluación, con la pesificación y el congelamiento de las tarifas, destruyó la ecuación económica de las empresas privatizadas. Además, gran parte de ellas se habían financiado en moneda extranjera y bajo ley extranjera porque de esa forma accedían a plazos y tasas de interés más convenientes.

La ley de convertibilidad y la fijación de tarifas en dólares en sus contratos parecían asegurar el calce del financiamiento con los flujos de fondos esperados. Pero no fue así. Con la devaluación, los contratos se volvieron incumplibles y no fueron de hecho respetados por el Gobierno, con la cobertura de legislación de emergencia o sin ella. Después de que eso ocurrió, y aunque se anunciaron intenciones de renegociar y normalizar la situación, el Gobierno demoró el proceso, mientras las tarifas permanecieron congeladas. Las inversiones se redujeron prácticamente a cero, mientras la mayor parte de las empresas presentaron recursos de arbitraje ante el Ciadi, el tribunal arbitral que funciona en la órbita del Banco Mundial.

Han pasado más de tres años y resulta claro que la demora y el tratamiento que el Gobierno le dio a este tema obedecieron no sólo al objetivo de no aumentar las tarifas, sino también a una actitud antiprivatista. En el discurso oficial "las privatizadas" siempre han estado en el campo enemigo, mientras que frecuentemente se ha expresado como un objetivo deseable el aumento de la participación del Estado.

Una forma de convalidar ese deseo fue la derivación de las inversiones a la esfera oficial. El instrumento elegido ha sido el de los fideicomisos, cuyos fondos han sido alimentados por el destino específico de ciertos impuestos o por la desviación de parte de la recaudación de las concesiones. Estos fondos no están sometidos a los mismos controles que las partidas usuales del presupuesto público y su manejo no está sujeto a reglas que permitan suficiente transparencia.

Se ha abierto así un nuevo gran espacio para el uso indebido e irregular de fondos públicos. Se encaran inversiones sobre instalaciones concesionadas que son operadas por empresas privadas, por lo cual es extremadamente difícil separar y diferenciar los intereses implicados. Por otro lado, las soluciones técnicas y la programación de las obras no pueden resultar simultáneamente en el menor costo constructivo y en la operación eficiente de la instalación durante la ejecución de las obras.

El Gobierno ha elegido, en definitiva, el peor camino. No se tienen las ventajas de la privatización en la canalización eficiente y abundante de las inversiones y se han abierto enormes espacios para la corrupción en el uso de fondos públicos. Además, están canalizando recursos impositivos a fines que podrían ser cubiertos con capital privado, mientras se descuidan las inversiones para satisfacer necesidades de alto contenido social en educación, salud, seguridad y otras funciones esenciales del Estado.