ALEJANDRA BUITRAGO SALAMANCA

Un proyecto de política pública que abrirá las puertas del sector financiero a la minería a fin de disminuir la ilegalidad podría ser una clave para la reactivación de la economía, de acuerdo con una investigación adelantada por un equipo interdisciplinario de la Pontificia Universidad Javeriana en cooperación con el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Banca, Asobancaria, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, los gremios mineros y la empresa privada liderada por Gran Colombia Gold.

“En la minería está una de las grandes salidas a la crisis actual, si ésta recibe el respaldo mancomunado del gobierno y el sector privado, pero, en especial, de la banca que por varios años ha tenido algunas restricciones para el acceso al crédito, apertura de cuentas, monetizaciones y otros servicios financieros para este sector que representa cerca del 21 por ciento de las exportaciones”, indicó Juan José Parada Holguín, coordinador de la investigación, abogado experto en Derecho Minero-Energético y ex presidente de la Agencia Nacional de Minería. 

Tras un consenso con todos los sectores de la economía que tienen que ver con el desarrollo de la minería, los investigadores diseñan en cooperación con la banca, el gremio minero y el gobierno nacional, un instrumento que permitirá la bancarización de la minería, para lo cual analizan los riesgos del sector minero a partir de la categorización del mismo, y así promover la reactivación y dinamización de la economía.

“El estudio concluirá con una política pública para tender puentes que favorezcan el acceso de la minería a los productos bancarios en general y a las herramientas que facilitarán a los mineros la realización de su actividad de manera lícita”, agregó Parada Holguín que inició el proceso desde comienzos de año y cuya primera fase concluirá en agosto.

El especialista, académico, sostiene que es necesario que sean abiertos los canales de acceso no sólo al crédito sino a las demás operaciones activas y pasivas de crédito.

Los investigadores suministrarán al Estado, a la banca y a los gremios de la minería una serie de instrumentos legales a fin de que impacte positivamente en la lucha contra la minería criminal y estimular la cultura de la legalidad. 

Al respecto, el experto en fiducia Omar Suárez, de la firma Cremades & Calvo Sotelo, quien desde hace dos años inició una labor de apoyo a diversos mineros desde la fiduciaria, sostiene que esta posibilidad blinda al sector al garantizar a los involucrados el uso eficiente de los recursos y minimizar los riesgos.

“Analizamos de la mano de algunas fiduciarias el proceso desde la extracción hasta la exportación, buscando establecer mecanismos de control a cada fase y a la fecha logramos estructurar patrimonios autónomos pilotos, con el acompañamiento estricto de compañías mineras colombianas”, dijo Suárez.

Suárez agrega que es indispensable la cooperación de la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía para hacer el camino más fácil y permitir así la inclusión financiera de los actores que ejercen de manera legal la minería.

“Es importante que la ANM y el Ministerio de Minas y Energía faciliten a la fiducia su papel de garante del desarrollo minero y posibiliten que los patrimonios autónomos administrados por entidades fiduciarias puedan ser titulares de contratos de concesión (títulos mineros); lo cual hará que se tenga mayor acceso a inversión y créditos internacionales”, puntualizó el experto fiduciario.

La minería en Colombia representó a diciembre de 2.019 el 2 por ciento del PIB, aportando el 20 por ciento de las regalías, además de ser el 15 por ciento promedio de toda la inversión extranjera directa en los últimos 20 años en Colombia y genera aproximadamente 350.000 empleos directos y un millón de empleos indirectos, de acuerdo con la Viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayes.

El Presidente de Gran Colombia Gold, José Ignacio Noguera, quien apoya la investigación, consideró que la legalización de la minería es un paso que debe darse para desactivar no sólo la financiación de acciones que ponen en riesgo la seguridad del país, por el fenómeno de la minería ilegal, sino que abrirá grandes posibilidades al sector en pro de la formalización de los mineros tradicionales.

Parada Holguín advirtió que se ha puesto en marcha una lucha frontal contra el fenómeno de la minería ilegal por parte del Gobierno Nacional la cual, de no ser neutralizada contribuirá a incrementar la descomposición del orden público económico y social en aquellas zonas del país involucradas, además de los daños ambientales que esta clase de minería genera.

“No es sano estigmatizar a sectores como el minero en cualquiera de sus modalidades, por el hecho de que alguna parte de la actividad se encuentre desarrollada por actores que incurren en actividades ilícitas, pues son barreras de entrada injustas e ineficientes, pues este es un sector generador de importantes rentas pasadas, presentes y futuras para la Nación; además del esfuerzo que realiza el minero y el Estado colombiano en el fortalecimiento de sus controles para evitar el lavado de activos, financiación del terrorismo, entre otros”, concluyó el investigador de la Universidad Javeriana.