Para la CEPAL la economía regional se contraerá un 5,3%
Al momento, América Latina ha registrado cerca de 1.200.000 casos confirmados de coronavirus y unas 50.000 muertes, de acuerdo a datos de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea el avance de la pandemia en todo el mundo.
Se trata de aproximadamente un 16% del total de contagios comprobados en el mundo, y un 12% del total de fallecidos, que en todo el planeta ha llegado a la desoladora cifra de 400.000.
Pero la atención se ha centrado últimamente en la región porque es aquí, junto a Estados Unidos, donde el crecimiento en muertos y contagios está en su punto más alto, como en un primer momento ocurrió en China y en segundo término en Europa.
Esta enfermedad nueva de la que aún se sabe poco, pero cuya capacidad de infectar es patente y su mortalidad en ciertos sectores de la población alarmante, está acrecentando la dura situación coyuntural de la mayoría de los países de América Latina, afectados por altos niveles de pobreza y desigualdad, y tasas de crecimiento desde hace años en franca desaceleración, cuando ya no en recesión como en el caso de Argentina y Venezuela.
Como antes ocurrió en China y Europa, en América Latina también se adoptaron medidas de distanciamiento social y cuarentenas (algunas más duras que otras) durante los primeros meses de la pandemia, y estas decisiones -que alcanzaron diferentes niveles de éxito- tuvieron un fuerte impacto en la actividad económica.
Con o sin un monitoreo policial intenso de este distanciamiento social, la llegada del virus a América Latina redujo considerablemente la cantidad de personas circulando por las calles, y con la ausencia de éstas llegó el derrumbe del consumo.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía regional se contraerá un 5,3% este año producto del coronavirus, lo que significa que habrá 30 millones de nuevos pobres y 11,6 millones de desempleados. Esta proyección contrasta con el crecimiento del 1,3% que CEPAL estimaba en diciembre, antes de la pandemia, y ha llevado a muchos a trazar comparaciones con la Gran Depresión de 1929 o la crisis económica global de 2009.
La dura crisis del coronavirus se construye sobre las bases endebles que alcanzaron las economías regionales en los últimos años, y muchos ya están pensando en las dificultades que esperan el día después del virus.
Para intentar contrarrestar este fenómeno, los diferentes países han adoptado diversas medidas cuyo éxito está aún por verse. Algunas apuntan a reducir la presión tributaria y salarial sobre empresas que han visto cómo sus ventas y ganancias se borraban de un día para para el otro. Otras buscan proteger el empleo y los ingresos de las familias.
A continuación, algunas de las principales medidas anunciadas por los diferentes gobiernos en la región.
La economía argentina se encontraba en un momento muy delicado al inicio de la pandemia, tras dos años de recesión y en medio de negociaciones por el pago de la deuda externa. Sin embargo, hasta el inicio del brote, ningún plan de largo alcance había sido propuesto por el flamante gobierno.
Diferenciándose de otros países y generando mayor incertidumbre en el sector inversionista, el gobierno argentino anunció un proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las personas de mayores ingresos, un polémico gravamen destinado supuestamente a compensar la fuerte merma en la recaudación producida por la caída en la actividad económica. Ésta última medida puso en alerta a gran parte del sector empresario argentino: incluso algunos piensan en radicarse en otros países por la presión tributaria a la que son sometidos.
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Un grupo de personas espera alimentos frente a un comedor comunitario durante la crisis del coronavirus este viernes en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, anteriormente conocido como Villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
En este contexto, una de las primeras medidas fue la extensión de las negociaciones por la deuda y el congelamiento de los pagos, lo que generó alerta por una posible crisis de cesación de pagos. El riesgo país comenzó a trepar a niveles récord.
Por otra parte, el gobierno del presidente Alberto Fernández eliminó los derechos de importación para productos esenciales en la lucha contra el COVID-19 y estableció un permiso especial para exportación de esos productos.
También estableció un bono de 3000 pesos (unos USD 26 al tipo de cambio informal, y USD 33 al oficial, de difícil acceso) por niño dentro de la Asignación Universal por Hijo, y para jubilados y pensionados, así como un pago de 10.000 pesos (unos 87 dólares al tipo de cambio informal, y USD 111 al oficial) para familias de menores ingresos.
Se establecieron créditos para productores de alimentos, higiene y limpieza, y se anunció un aumento en el presupuesto para inversión en obra pública.
Por otro lado, a través del programa ATP el gobierno se encargó del pago de parte de los salarios y se hicieron exenciones a los pagos de seguridad social. Aunque estas medidas no alcanzaron a todas las empresas y sus requisitos eran incontables. Sumado a esto, los mensajes de parte del sector gobernante fueron contradictorios: algunos llegaron incluso a amenazar con quedarse con parte de las compañías a las que asistían.
El gobierno boliviano, en tanto, ordenó la extensión del pago de créditos e implementó descuentos en los servicios básicos. También se anunció un bono de 72 USD por niño en escuela primaria.
El pago de impuestos se postergó hasta mayo, y se anunció una reducción del 30% en el pago de electricidad en abril para 2,5 millones de familias, con prohibición del corte del servicio.
El gobierno de un impredecible presidente Jair Bolsonaro anunció en los inicios de la pandemia la creación de un fondo por 36.000 millones de dólares destinados a los esfuerzos de los ministerios de Ciudadanía, Salud, Educación, Justicia, Derechos Humanos y presidencia de la nación, así como también un fondo de 2.000 millones de dólares para un programa antidesempleo.
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Un empleado, portando una máscara facial, escanea la temperatura de un trabajador de la construcción durante el primer día de la reapertura gradual de la economía del país para industrias "esenciales", mientras continúa la propagación del coronavirus en Ciudad de México. 1 de junio de 2020 (REUTERS / Edgard Garrido)
Al respecto de esto último, el gobierno brasileño se comprometió a pagar hasta el 30% de los salarios de los trabajadores en las empresas que han visto una caída de sus ganancias.
En consonancia con las promesas de campaña de Bolsonaro, este programa también incluye una serie de flexibilizaciones laborales, permitiendo a las empresas reducir la jornada laboral por hasta tres meses y reduciendo las exigencias para los despidos.
Otra medida apunta a la reducción de impuestos y burocracia para la importación de productos necesarios en la lucha contra el coronavirus, que en Brasil ha golpeado con más fuerza que en cualquier otro país de la región.
Además, el gobierno implementó el pago de 600 reales (unos USD120) a trabajadores informales y de bajos ingresos, la extensión e los beneficios del programa de ayuda Bolsa Familia y la anticipación en el segundo pago del aguinaldo para los pensionistas.
El gobierno del presidente Iván Duque implementó un paquete de estímulos que consiste en préstamos a tasas bajas y devolución del IVA para personas de bajos recursos. Algunos productos selecionados también quedarán exentos del pago de este impuesto al valor agregado.
Además, se ordenó el restablecimiento del servicio de agua potable para quienes hubieran sufrido una suspensión por morosidad y un giro adicional de fondos para adultos mayores y beneficiarios de programas sociales, por dos meses.
Finalmente, el gobierno también estableció un recorte de entre el 10 y el 15 por ciento a los salarios de los funcionarios de salarios más altos, con el objetivo de utilizar esos fondos en la lucha contra el COVID-19.
El gobierno redujo las tasas de interés, y estableció prórrogas y extensión de plazos para el pago de créditos, así como una moratoria de tres meses al pago del IVA, el impuesto a la renta y de importación.
Se ordenó el restablecimiento de servicios suspendidos por morosidad y se habilitó a las empresas a reducir jornadas a medio tiempo o un cuarto de tiempo, dependiendo de la caída en sus ganancias
El gobierno chileno anunció un plan de apoyo fiscal por USD 11.750 millones y ordenó el congelamiento por tres meses en los precios de los planes de salud, dictaminando además una prórroga en el pago de impuestos.
También se prorrogó el pago de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones durante la emergencia.
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Una calle casi vacía en Santiago de Chile en medio del brote de coronavirus., el 18 de mayo de 2020 (REUTERS/Ivan Alvarado)
Finalmente, se aprobó una Ley de Protección del Empleo, que permite seguir recibiendo paga si no se puede hacer teletrabajo
Uno de los países más golpeados por el virus, Ecuador implementó una extensión en el pago de impuestos y se ordenó el refinanciamiento de las deudas de acuerdo a necesidades particulares.
También se aplazó por 60 días del cobro de cuotas por créditos y el pago de aportes sociales de parte de trabajadores sin relación de dependencia
Por otro lado, se estableció un impuesto del 5% mensual (durante tres meses) a toda empresa que haya reportado ganancias anuales superiores al millón de dólares en 2018. También los empleados que ganen más de 500 dólares al mes pagan el tributo, destinado en ambos casos a un fondo humanitario.
El gobierno ordenó la suspensión por tres meses del pago de servicios básicos como electricidad, agua, internet y el congelamiento créditos hipotecarios.
También se implementó un pago de USD300 a 1,5 millones de hogares de bajos recursos, y se exoneró el pago de renta a empresas de telecomunicaciones, turismo y energía eléctrica.
El gobierno de Guatemala lanzó un plan para prorrogar el pago de impuestos, condonar de intereses financieros y aplazar compromisos económicos.
Se determinó también una serie de pagos directos a familias de bajos recursos y el aplazamiento en el pago de deudas de crédito e hipotecas de parte de bancos privados.
En Honduras el Banco Central redujo la tasa de interés y se implementaron prórrogas y facilidades para el pago de impuestos
Además, el gobierno anunció una ampliación de la obra pública con inversiones por USD 420 millones, el congelamiento de precios en la canasta básica y el lanzamiento de créditos blandos para población y pequeñas empresas.
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Empleados de Flex, una empresa que produce arneses especializados para la industria automotriz, ajustan sus máscaras protectoras mientras esperan entrar a la planta durante el primer día de la reapertura gradual de la economía del país para las industrias "esenciales", mientras el coronavirus continúa en Ciudad Juárez, México. Junio 1, 2020 (REUTERS/José Luis González)
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó una de las cuarentenas más laxas del continente, y en materia de paliativos económicos la respiesta fue también limitada, con una serie de créditos blandos y facilidades regulatorias temporales para Instituciones de Seguros
También se redujo la tasa de interés.
El pago de impuestos fue aplazado en Panamá hasta el 31 de diciembre.
Además, se implementaron bonos de USD75 y USD100 para quienes hayan perdido el empleo, así como también la entrega de bolsas de alimentos.
Otras medidas incluyen las facilidades para el pago de deudas y servicios públicos, y una reducción en el costo de la energía eléctrica-
Asunción anunció un aumento de la deuda pública al 25% del PBI para financiar las medidas de lucha contra el coronavirus
Además, se implementaron facilidades para el pago de impuestos y un pago adicional para 167.000 familias beneficiarias del programa Tekopora
El gobierno también redujo la tasa de interés y el arancel de importación de bienes de capital, además de establecer untTrato preferencial aduanero para insumos sanitarios, medicinas, alimentos, combustibles y elementos de limpieza
Finalmente se implementó una reducción en los sueldos de funcionarios por tres meses, para destinar ese dinero a la lucha contra pandemia.
Al comienzo de la pandemia el presidente Martín Vizcarra anunció la utilización de la caja de ahorros fiscales para invertir cerca del 12% del PBI en la lucha contra la cuarentena.
El gobierno implementó además un bono de USD108 por familia y única vez a los necesitados y un fondo de apoyo por USD 85 millones para pequeñas empresas
Además se postergó el pago del impuesto a la renta para pequeñas y medianas empresas hasta mediados de año, y para deudas en general, y se flexibilizó el pago de deudas tributarias.
Finalemte, Vizcarra prometió avanzar con la reforma del sistema de pensiones tan pronto como bajan los contagios por COVID-19.
El gobierno de la República Dominica ordenó la suspensión del pago de impuestos de parte del sector hotelero, su principal industria, y facilidades para el pago de impuestos en otras áreas de la economía.
También se flexibilizó el pago de obligaciones y se lanzaron préstamos a pequeñas y medianas empresas, y se redujo la tasa de interés
Además, se estableció la disminución del pago mínimo de tarjetas de crédito al 1% y del 20% al interés por deudas.
El presidente Alberto Lacalle Pou implementó el crédito accesible para familias vulnerables y pequeñas y medianas empresas.
También se estableció el aplazamiento pago de impuestos a empresas y una prórroga a los pagos de aportes sociales
Como Colombia y Paraguay, Uruguay también recortó los salarios de los funcionarios para crear un “Fondo Coronavirus”.
El régimen de Nicolás Maduro, cuestionado por su conteto de las víctimas por coronavirus, implementó también un plan de pago de salarios para pequeñas y medianas empresas hasta agosto, y suspendió el pago de alquileres de comercios y viviendas por seis meses.
También se anunciaron bonos especiales para los trabajadores informales en marzo y abril, y se prohibió la suspensión del servicio de telecomunicaciones por falta de pago.
Sin embargo, en plena pandemia dolarizó parte del suministro de gasolina, llevándolo a 50 centavos de dólar el litro. Un precio impagable para un asalariado que cobra en promedio 16 dólares al mes.
