MARCELO FALAK
La región latinoamericana se benefició al salir a la luz el virus SARS-CoV-2 hace más de cinco meses, por dos factores: su menor integración, en comparación con las zonas centrales, al movimiento de personas y mercancías -lo que demoró la llegada de aquel- y la vigencia del verano -lo que dificultó su diseminación inicial-. Ahora, con la primera oleada de Covid-19 en retirada en el hemisferio norte por razones epidemiológicas y estacionales, los términos se invierten y el sur sufre en lo sanitario y en lo económico.
Esto, sumado a los rezagos de desarrollo productivo y humano del vecindario, así como su menor espalda para poner en marcha planes masivos de gasto ante el ciclo económico bajista, hace prever un 2020 muy difícil en términos de recesión, efectos graves sobre niveles de pobreza ya elevados antes de la emergencia y un rebote que estará condicionado por lo que pase en segmentos clave de las principales economías del mundo.
El contagio económico del virus se produce en el continente a través de diversos mecanismos: freno brusco de la actividad en los países que traccionan el crecimiento mundial -China, Estados Unidos, Alemania y otros-; precios de las materias primas de exportación en caída; desplome del comercio internacional y consiguiente dislocamiento de las cadenas globales de producción; derrumbe a cero del turismo, la navegación aerocomercial y la hotelería; y reversión total del flujo de capitales, que abandonan los mercados emergentes y emprenden el “vuelo a la calidad” hacia Estados Unidos, dejando detrás de sí devaluaciones bruscas de las monedas locales, restricción de divisas duras y problemas de solvencia soberana.
En primer lugar, de acuerdo con la última edición del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ya llamado “Gran Confinamiento” causaría una retracción de la actividad global del 3%. En tanto, en Estados Unidos ese indicador sería de -5,9% y en la eurozona, de -7,5%. Dentro de esta, el Producto Bruto Interno (PBI) se desplomaría en Alemania 7%, en Francia 7,2%, en Italia 9,1% y en España 8%. El de Japón se contraería 5,2% y el del Reino Unido, 6,5%, por nombrar economías clave del G-7. En China, mientras tanto, primer epicentro del desastre, la recuperación del segundo semestre alcanzaría para que el año cierre 1,2% en terreno positivo. Lo motores están parados.
En segundo lugar, el valor de las materias primas de exportación viene en picada, con las vinculadas a la producción más afectadas y las alimentarias, más sostenidas.
El petróleo -fundamental para Venezuela, México, Ecuador y Colombia, entre otros, y muy importante para Brasil- perdió en lo que va del año nada menos que 45% de su valor. Pero el derrumbe del valor de la energía es más disruptivo que eso: con los precios actuales, del orden de los 33 dólares por barril, la producción de crudo no convencional deja de ser rentable en su paraíso estadounidense y no son pocas las empresas del sector que podrían colapsar, arrastrando a los bancos con los que se han endeudado copiosamente. En tanto, en Argentina, Vaca Muerta cae del nivel de esperanza de generación de divisas a un nivel inferior, el de utopía, privando al país por el momento de una de sus cartas más promisorias para pensar el desarrollo.
Por otra parte, el cobre, crucial para Chile, perdió casi un 15% y la soja, producto estrella de la Argentina, cedió un 6% en lo que va de 2020.
En tercer lugar, la Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé para el año un derrumbe de hasta el 32% del intercambio de mercancías y, cuarto, el sector turístico -otra esperanza de crecimiento para nuestro país- colapsa con la cancelación total de pasajes aéreos y reservas hoteleras. En el mundo, las aerolíneas hacen cola ante los tesoros de sus respectivos países para rogar por rescates, siendo el caso más dramático en lo inmediato el de Lufthansa, la primera empresa de la Unión Europea que, en tanto requiere un rescate superior al 22% de su capital, deberá aceptar el ingreso temporal del Estado alemán en su directorio.
Quinto, la salida de capitales financieros y las devaluaciones de las monedas emergentes son tendencias intensas que dejan a la Argentina en desventaja: la necesidad de usar el dólar como ancla contra una inflación que mete miedo limita las posibilidades del Banco Central de dejar correr la cotización como lo ha hecho, por ejemplo, el de Brasil, lo que suma un interrogante a las condiciones en las que el país deberá encarar la pospandemia.
El día después no será fácil para ningún país de la región. Las secuelas del Gran Confinamiento, según la CEPAL, señalan una recesión regional del 5,3%. A la Argentina de las crisis superpuestas -la del estancamiento posterior a 2011; la de la retahíla de devaluaciones, espiralización inflacionaria, default virtual y recesión en 2018 y 2019- le tocaría un retroceso del 6,5%, igual que a México, frente a un 5,2% de Brasil y a un 4% de Chile. Ningún país se salva.
El problema con esos pronósticos es que se basan en supuestos lineales: el Covid-19 pasará en los próximos meses y, vacuna y tratamiento eficaz mediante, 2021 será el año de la recuperación. Sin embargo, la vacuna parece más cerca pero aún no ofrece certezas, los tratamientos siguen brillando por su ausencia y el rebote que se espera para 2021 en ningún caso equiparará el desplome macro de este año.
Mientras, en la región, las expectativas se deterioran con preocupante velocidad.
En Brasil, el informe Focus que elabora semanalmente el Banco Central en base a las proyecciones de especialistas de referencia, ya sobrepasa el pesimismo cepalino del -5,2%. En efecto, el dato difundido ayer anticipa una recesión del 5,89% para el año, mucho si se considera que a mediados de abril el mercado esperaba una recesión del 1,96% y que bancos de inversión apuntan a más del 7%.
Chile, la economía más dinámica de Sudamérica, en tanto depende en demasía del rebote que experimente China, país que da cuenta de casi un tercio de sus exportaciones, compuestas en un 75% por cobre.
La Argentina, como se sabe, vive su tercer año de recesión tras el -2,5% de 2018 y -2,5% de 2019. Este año, el pronóstico es más sombrío por el parate impuesto por la cuarentena y la suma de factores externos mencionados y, de hecho, la caída en picada de la producción interanual del 11,45% registrada en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo, elaborado por el INDEC, lleva a muchos analistas a revisar sus pronósticos a la baja, llegando a barajar la posibilidad de una pérdida de PBI del 10% en el año, casi a la altura de la de 2002.
Las principales víctimas del economicidio perpetrado por el Covid-19 surgen del propio EMAE: pesca (-48,6%), construcción (-46,5%), hoteles y restaurantes (-30,8%) e industria manufacturera (-15,5%).
Con datos de abril, Orlando J. Ferreres y Asociados dio cuenta de una caída más pronunciada aun de la producción industrial, del 27% contra igual mes de un de por sí bajo 2019. Las principales víctimas fueron tabaco (¡-100%!), papel (-71,6%), maquinaria y equipo (-65%), metales básicos (-61,8%)…¿Los “mejores” rubros? Alimentos y medicamentos, claro. Pero ni estos escaparon a la tendencia, ya que cayeron 3,85 y 2,5%, respectivamente.
Si las causas del derrumbe son externas y vinculadas a un virus, las de la recuperación deben, por fuerza, ser análogas. Una región y una Argentina más pobres necesitan que la pandemia dé tregua, que el comercio mundial vuelva a fluir y que se restablezca urbi et orbe la dinámica del consumo. Se necesitan certezas, justo el bien más escaso en este año oscuro.
La pobreza nunca se fue del todo de Chile, a pesar de que disminuyó en forma muy relevante en las últimas décadas, pasando del 68% de la población en 1990 al 8,6% en la última medición, de 2017. Sin embargo, ahora parece -como nunca desde el regreso de la democracia- que volverá a ganar protagonismo, debido a la crisis económica causada por el coronavirus y, anterior a eso, a la crisis social.
La primera entidad que alertó sobre esto fue la Cepal, que hace un par de semanas indicó que la tasa de población viviendo bajo la línea de la pobreza podría escalar hasta el 13,7% durante este año en el peor escenario, lo que representaría un aumento de casi un millón de personas, considerando la población actual.
Luego de que se decretara la cuarentena total en la Región Metropolitana, y que los casos de contagiados sigan aumentando, la preocupación por el tema ha ido escalando.
De acuerdo al informe “How’s Life” de la Ocde, publicado a mediados de marzo, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo. En ese momento lo que se planteaba era una situación hipotética, pero hoy es una posible realidad que afrontarán muchas personas en el país.
Ya en abril se comenzaron a ver algunos datos al respecto. El nuevo sondeo sobre el empleo del Centro de Encuestas UC mostró que la desocupación ya se empina hasta el 9,7%, cerca de 876 mil personas. Además, el 55% de todos los encuestados indicó que los ingresos de su hogar bajaron en abril en relación al mismo mes del año pasado.
“A diferencia de las crisis que hemos experimentado en el pasado, la situación actual afecta también al sector de servicios, que comprende los servicios personales, educación, salud, entre otros. Este sector tiende a ser relativamente estable y representa cerca del 44% del empleo y es un 46% del PIB”, advierte el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Alfonso Fuentes.
En este contexto, la atención ha estado puesta en la ayuda que el Estado está entregando a las personas, en especial a las más vulnerables. Para el segmento de trabajadores informales (28,9% de los ocupados según el INE), el gobierno logró aprobar en el Congreso el Ingreso Familiar de Emergencia, que consiste en un subsidio de $ 65 mil por persona en el primer mes, $ 55.250 en el segundo y $ 45.500 en el tercero. El problema es que ese monto es inferior a la línea de extrema pobreza calculada por el Ministerio de Desarrollo Social, la cual llega a $ 114.075 por persona, equivalente de un hogar medio, con datos a abril. Y, obviamente, también está muy lejos de la línea de pobreza, que es de $ 171.113. Esos cálculos también fijan la canasta básica de alimentos en $ 46.070, considerando el consumo de 2 mil calorías promedio por persona.
De esta forma, las familias que reciban ese subsidio, si no tienen otro ingreso, caerían bajo la extrema pobreza (al menos mientras dure la crisis), estatus donde, según la última encuesta Casen, solo está el 2,3% de la población. Así, es crítico el cambio que se generaría en el perfil de pobreza en el país cuando se vuelva a tomar la Encuesta Casen en noviembre de este año, considerando que los cálculos del gobierno apuntan a que este ingreso de emergencia lo recibirían cerca de 2 millones de hogares.
“La crisis que enfrentamos actualmente, sin duda, afecta de forma más cruda a quienes tienen menos recursos, por lo que gran parte de nuestros esfuerzos están concentrados precisamente en ir en apoyo de los que lo están pasando peor en este difícil escenario sanitario y socioeconómico. Todos estos esfuerzos apuntan a mitigar el impacto de esta difícil situación en las familias más vulnerables en su empleo, ingresos y bienestar general, y con ello poder contener el potencial aumento en la pobreza que esta crisis podría tener”, señala la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
La autoridad destaca que, además del ingreso de emergencia, el gobierno entregó el bono Covid (que es por una vez), promulgó el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la Ley de Protección al Empleo, para contener las alzas en la desocupación y que entrega ingresos a través del Seguro de Cesantía. Asimismo, agrega que “sabemos que este es un proceso dinámico, donde no descartamos la creación de nuevas medidas o nuevos apoyos para hacer frente al complejo escenario que se puede avecinar”.
El exjefe de asesores del Ministerio de Hacienda y actual investigador de Clapes UC, Hermann González, añade que “el aumento del desempleo y la pobreza revelan el enorme impacto social que tendrá esta crisis, además del sanitario y económico. La caída del producto este año en Chile será la mayor desde 1983 y la recuperación será más lenta de lo que se preveía hasta hace muy poco, prolongando el daño económico y social de esta pandemia (...). Las medidas que ha tomado el gobierno hasta la fecha apuntan a atenuar estos efectos sobre las familias, pero no impedirán un alza de la pobreza. Hacia adelante, lo clave es que se hagan todos los esfuerzos para que la economía vuelva a crecer y crear empleos, porque esa es la única forma de reducir la pobreza de forma sostenible”.
Para Andrea Repetto, académica de la UAI y presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, “los fondos asignados por el gobierno para complementar los ingresos de las familias cuyos ingresos son informales no alcanzan para financiar los gastos más necesarios de las familias más vulnerables, monto que es menor al de la línea de la pobreza. Tampoco tiene la cobertura social que uno hubiese logrado con más recursos, y alcanzar así a las familias que están en vulnerabilidad a la pobreza”. Por esto, la experta -que firmó con otros economistas, entre los que están José De Gregorio y Sebastián Edwards un documento en el que se pide el uso de más recursos para enfrentar la crisis-, dice que las medidas del gobierno se deben complementar con nuevos bonos, que permitan a las familias pasar un periodo más largo sin la posibilidad de generar ingresos, que no sean decrecientes ni a los que se deba postular, como es el caso del ingreso de emergencia. “Si no, se arriesga que a pesar de los costos sociales y económicos que significan las cuarentenas, no se logre toda la efectividad esperada de la medida en contener los contagios”, puntualiza.
La falta de ingresos también podría aumentar de forma violenta los campamentos en el país, los cuales de hecho ya se habían elevado de modo relevante en los últimos meses, tras el 18 de octubre.
“Estamos ante un escenario social y económico que se suma al escenario sanitario y a la crisis sociopolítica de la cual venimos desde octubre pasado, que va a agudizar los niveles de precariedad de la población chilena. En tal sentido, hay que analizar tres grupos, el de extrema pobreza, el que está bajo la línea de pobreza (pero sobre la extrema), que son grupos que efectivamente han ido disminuyendo en el tiempo, pero oculta toda la gravedad que significa el tercer grupo: la alta población que tenemos en condiciones de vulnerabilidad”, indica el director ejecutivo de Techo, Sebastián Bowen, y añade que “lo que está sucediendo hoy es que ante la pérdida de empleo, la presencia de enfermedades, y una situación de crisis económica, esa población que se encontraba en situación de vulnerabilidad va a volver a entrar bajo la línea de la pobreza”.
El representante de la ONG afirma que entre 2011 y el año pasado los campamentos han aumentado en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más, “y lo más probable es que en el contexto post Covid esto se va a disparar. Es tanto lo que va a aumentar, que no tengo certeza de cuál es el margen de la cifra, podríamos pasar perfectamente los 100 mil hogares y tal vez a muchos más”.
El experto agrega que, si bien las medidas del gobierno “sin duda son una ayuda, no son medidas a la altura de la crisis que estamos pasando hoy”. Esto, señala, porque es justamente la población más vulnerable la que menos probabilidades tiene de poder seguir las pautas de acción preventivas: no puede mantener la distancia en sus casas porque vive hacinada, no tienen casas o viven en campamentos. Esto hace que sea la población más vulnerable también al contagio.
Para contextualizar lo anterior, Techo con la Fundación Vivienda realizaron un “Mapa de Vulnerabilidad Social frente al Covid-19” en la Región Metropolitana, en el que se consideraron tres variables: hacinamiento total por comuna, disponibilidad de camas UCI y ventiladores mecánicos, y la población del 40% más vulnerable, que refleja justamente la alta vulnerabilidad en la que están particularmente las comunas de la zona sur de Santiago (ver infografía).
