Hay 60 millones de hectáreas de agua dulce en la Argentina, al arbitrio de provincias y municipios. El Congreso debate su regulación.
"Los riñones del planeta”, como describen los especialistas a los humedales, ocupan en la Argentina 60 millones de hectáreas -el equivalente a casi dos veces la superficie de la provincia de Buenos Aires- y su conservación resulta fundamental para la provisión de agua dulce y alimentos y mitigar cambios climáticos, fundamentalmente las crecidas de los ríos.
Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el 21,5% del territorio argentino está compuesto por esos valiosos espacios, donde la tierra y el agua interactúan como “esponjas”, controlan inundaciones y hacen sustanciales aportes a la biodiversidad y al ecosistema.
Sin embargo, el INTA, algunos gobiernos provinciales y otros sectores vinculados a la agricultura y la ganadería opinan que sólo 25 millones de hectáreas corresponden a esos espacios naturales.
Pantanos, estuarios, deltas, estanques, reservas naturales, arrozales, salinas y hasta pastizales húmedos son algunas de las expresiones que describen a los humedales, según lo acordado en 1971 entre 18 naciones en la Convención Ramsar, en Irán, donde se estableció un marco de acción internacional para fomentar el uso racional de esos recursos.
Hasta ahora, la Argentina tiene declarados como “sitios Ramsar” sólo 22 humedales desde Jujuy a Tierra del Fuego, que ocupan unas 6 millones de hectáreas (el 10% de la superficie total estimada), de acuerdo con esa convención a la que adhirió en 1992.
La agricultura y el negocio inmobiliario constituyen la principal amenaza para estos reservorios de agua dulce, que hasta ahora no cuentan con una ley nacional que los proteja y que deja su preservación, su buen uso o su destrucción al arbitrio de los gobiernos provinciales y municipales, con decisiones muchas veces contrapuestas a los estándares defendidos por las organizaciones ecologistas.
De hecho, el Senado dejó expuestas en las últimas semanas sus diferencias en torno a una iniciativa de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Humedales, que dividió aguas entre el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (ARI) y Teresa Luna (FpV) y otro impulsado por el titular de la comisión de Agricultura, Alfredo De Ángelis (PRO).
El de Odarda y Luna, que recibió dictamen de mayoría, cuenta con el respaldo de los ambientalistas, de bloques opositores y del presidente de la comisión de Medio Ambiente, Fernando ‘Pino’ Solanas, en tanto que el oficialismo parlamentario se encolumnó detrás del De Ángelis, con el apoyo de varias provincias.
Entre las principales diferencias entre una y otra iniciativa, la opositora establece un esquema mucho más restrictivo sobre el uso de los humedales y prohíbe realizar obras o iniciar actividades sobre esos ecosistemas hasta que la Nación haya elaborado un inventario de todo el país.
La del PRO, a su vez, permite intervenciones productivas sobre los territorios con el compromiso de “compensar” ese impacto restaurando otro humedal; reafirma la potestad de los gobiernos provinciales en las decisiones; y elimina la obligación de verificar los cambios que vayan registrando los humedales con el tiempo.
Preservar los humedales no sólo es clave para conservar hábitats de especies en extinción, sino también para cuidar el bien más valioso de la Tierra: el agua. Si bien el 70% del planeta está cubierto de agua, menos del 3% es agua dulce y en su mayoría (2%) está congelada.
La agricultura es el mayor usuario. En algunos países en desarrollo, el 95% del agua que se consume es destinada a esta actividad.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para producir un kilo de cereales se utilizan 1,5 toneladas de agua y hacen falta 3 mil litros de agua para producir los alimentos que una persona consume al día.
El secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, resaltó que para el Poder Ejecutivo resulta fundamental la elaboración de un inventario nacional de humedales y que luego cada provincia “defina su ordenamiento territorial”, es decir el “valor de conservación” de cada uno.
Por su parte, el director del Instituto de Suelos del INTA, Miguel Taboada, advirtió que los humedales argentinos tienen diversos niveles de intervención: algunos casi inalterados, otros con actividades productivas tradicionales y hasta algunos donde se desarrolla explotación minera o de litio.
Taboada consideró indispensable que una ley de protección de humedales “contemple y defienda también los recursos de vida de poblaciones, que en muchos casos están asentadas hace más de 100 años”.
Entre sus más valiosos humedales, Argentina cuenta con la Reserva Natural Iberá, en Corrientes, que tiene 13 mil km2 de esteros, pastizales y fauna exótica y está en segundo lugar en el mundo en importancia después del Pantanal de Mato Grosso, en Brasil.
La Laguna de los Pozuelos (Jujuy), el Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), la Bahía de Samborombón (Buenos Aires), la Laguna Llancanelo (Mendoza), la reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y la de Costanera Sur en la Capital Federal son algunos de los 22 sitios Ramsar del país.
