La Asociación Chilena de Desalinización (ACADES) está impulsando la definición de un marco regulatorio que promueva la inversión en la desalación en el país con el debido resguardo al medio ambiente y de las comunidades.

Para ello entregó al Ministerio de Economía propuestas de mejoramiento legal e institucional que apuntan a la promoción de proyectos de desalinización, con el fin de que esta tecnología se transforme en una solución accesible, eficiente y sustentable frente a un escenario de creciente escasez hídrica.

Así también, dos directores de la Asociación -Carlos Foxley y Francisco de la Barra- expusieron en la Comisión de Recursos Naturales, Desertificación y Sequía del Senado sobre la urgencia de promover el desarrollo de la desalinización.

En la oportunidad destacaron la importancia de impulsar esta tecnología como fuente de abastecimiento alternativa, ya que se trata de una solución limpia, confiable y cada vez más accesible, que tiene el potencial de beneficiar a distintas actividades (minería, industria y agricultura) y ser una fuente de agua para el consumo humano.

“Vivimos un complejo panorama hídrico a raíz de la severa sequía que afecta a nuestro país, a causa del cambio climático. Es hora de mirar la desalinización como una solución válida y allanar el camino para que esta actividad pueda desplegar su potencial, levantando los obstáculos que hoy retrasan su desarrollo”, afirmó Joan Leal, director de la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES).

Considerando el importante vacío en términos regulatorios e institucionales, la asociación levantó los aspectos claves para que la desalinización avance en la dirección correcta, que incluyen agilizar las inversiones, aportar certeza jurídica a los privados y redefinir el rol del Estado entre los principales temas.   

En total, son nueve propuestas para promover la desalinización: construir un régimen legal integrado que mire a la actividad de la desalinización en todas sus etapas considerando la generación, transporte y distribución;  redefinir el rol de Estado en la planificación, coordinación y promoción de la industria desalinizadora; promover la participación pública, privada y mixta en el desarrollo de estos proyectos; garantizar el derecho de propiedad o el uso o goce exclusivo del agua desalinizada;  perfeccionar, modernizar y transparentar el sistema de concesiones marítimas; establecer un régimen jurídico que habilite al desarrollador a la imposición de servidumbres para el transporte y distribución del agua de mar; impulsar certeza jurídica y celeridad en materia de permisos, y crear sistema de permisos ajustado en función del tamaño e impacto de los proyectos