“Estamos trabajando para que nuestra reserva de Villavicencio no sea afectada por la minería” dijo Pablo Colombo, director de Compras y Sustentabilidad de Aguas Dadone Argentina y responsable de la reserva, quien estuvo en Mendoza para festejar los 15 años de gestión de la empresa en el lugar, por la inauguración de un parador y la presentación de la Fundación Villavicencio.
Destacó que están dando los últimos pasos administrativos para que la reserva sea nombrada como sitio Ramsar y sea considerada patrimonio de la humanidad, lo que podría pasar en los próximos meses.
“Esta definición te protege de cualquier acción minera” dijo el funcionario. En ese sentido explicó que están trabajando con la Provincia y la Nación. Es el Gobierno nacional quien propone el sitio para Ramsar y la empresa debe demostrar que en el lugar se genera agua y es un humedal.
“Nosotros tratamos de mantener a la reserva lejos de los riesgos de la minería y por ello tomamos medidas. La minería es un riesgo y la reserva es un lugar que hay que proteger”explicó.
Colombo presentó el parador en donde estaba el famoso hotel y la flamante Fundación Villavicencio. En el parador la gente podrá comprar y consumir y además, reveló que se estudian algunos proyectos para que el antiguo edificio se convierta en un espacio cultural o museo donde mucha gente pueda reunirse.
El objetivo de Aguas Danone Argentina es que la reserva se convierta en un lugar de experiencia y que el visitante se transforme en una persona que piense en forma sustentable. “Queremos transformar la reserva de 72.000 hectáreas y que sus 200.000 visitantes por año se lleven una educación en medio ambiente. Villavicencio ya es el tercer destino turístico visitado en la provincia” dijo.
La Fundación se propone impulsar los 33 proyectos de investigación que hay sobre Villavicencio, como por ejemplo, cómo cuidar la gran cantidad de guanacos que hay luego de recuperar nuevamente el ecosistema. Todo lo que se recaude por las ventas en el parador o lo recaudado por las entradas para visitar el lugar, será destinado al ciento por ciento para mejorar la reserva.
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional al distinguir un lugar quiere "la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo".
En el año 2011, 160 estados miembros de todo el mundo se habían sumado a dicho acuerdo, protegiendo 1950 humedales, con una superficie total de 190 millones de hectáreas. En Mendoza existen dos sitios con calificación internacional: Llancanelo y lagunas de Guanacache. El tercero será Villavicencio.
El Sol
Después de que se produjera un derrame de cianuro en San Juan, el cual la empresa Barrick Gold definió como "un incidente derivado de la rotura de una cañería" de solución cianurada, se avivó el debate público sobre la minería en la provincia. En medio del incidente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza analiza el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7.722, la cual establece límites al uso de sustancias y no permite el desarrollo de la minería metalífera.
El accidente del cianuro en la mina de Veladerollegó en un momento complicado y de definiciones para el máximo tribunal de Mendoza, que recientemente resolvió no llamar a audiencia pública por este tema. El procurador Rofolfo González debe dictaminar sobre la constitucionalidad de la ley 7.722 y la Corte deberá tomar la decisión final. Por lo tanto, existe la posibilidad de que lo sucedido en la vecina provincia mantenga "caliente" la opinión de los mendocinos y pueda influir en la decisión de la Corte.
La ley 7722 prohibe el uso de tóxicos como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros, por lo que varias empresas mineras buscan su derogación. La Suprema Corte debe expedirse frente a estos pedidos de inconstitucionalidad.
Los sectores que mantienen la expectativa por este fallo, es decir, agrupaciones ambientalistas, el sector minero y el ministerio de Energía, consideran que el accidente del derrame no debería incidir en la decisión de los magistrados.
El presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Mario Chabert, consideró que el incidente ocurrido en San Juan "no afectará de ninguna forma" la decisión de los jueces.
"Cuando en la misma provincia, trece personas tomaron vino envenenado porque confundieron el alcohol metílico con alcohol etílico, no se prohibió la vitivinicultura. En este incidente no acusó ningún herido y ningún impacto ¿por qué la Corte tendría que cambiar su opinión?", sentenció.
"Acá hay una serie de fanáticos fundamentalistas que quieren impedir una actividad completamente lícita y legal".
A pesar de eso, el dirigente minero reconoció: "Obviamente los antimineros van a utilizar este hecho para pedir que se prohiba la actividad; acá hay una serie de fanáticos fundamentalistas que quieren impedir una actividad completamente lícita y legal".
Chabert protestó por una cadena de mensajes difundida por Whatsapp, donde los vecinos de San José de Jachal aseguraban que se había derramado 15 mil litros de cianuro directamente al río.
"Eso es falso, hubo cero consecuencias, la solución cianurada nunca llegó al río, fue un incidente donde la empresa tiene toda la capacidad para revertirlo. Es algo que ocurre normalmente en toda la industria, pero como es minería y en Mendoza no les gusta, salen rápidamente a pegarle", manifestó Chabert.
A su vez, Federico Blonda, miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, dijo que la preocupación hoy deben ser las consecuencias que el caso puede tener para la vida de los sanjuaninos. Dijo que actuarán una vez que conozcan los resultados de los estudios que buscan determinar si se produjo contaminación.
Respecto a la influencia que podría tener el derrame en los ministros de la Corte, manifestó: "No creemos que genere demasiada presión, hay miles de casos como este por año y la Corte no se ha decidido igual, posiblemente lo tomen sólo como un ejemplo". Sin embargo, también destacó que "es la primera vez que la gente reacciona a algo de esta manera, no sabemos cómo pueda llegar a influenciar".
"Los mismos vecinos solicitaron que se tomaran muestras. No se pueden hacer estudios cuando sucede dentro de su propio territorio, pero en este caso, la contaminación pudo haber llegado aguas abajo de la zona minera", recalcó el ambientalista. Blonda adelantó que se está analizando cuánto costaría dañar hoy un río en Mendoza si hubiese contaminación con cianuro en caso de aplicarse la inconstitucionalidad de la 7722. "Es un dato importante, porque sería un gasto que pagaría el Estado", sentenció.
Para el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, no se trata de un hecho que pueda vincularse con lo que sucede en la Provincia. El funcionario utilizó una analogía similar a la hecha por Chabert: "Es como sugerir que deberían prohibirse los pesticidas porque en una ocasión hubo peces que murieron porque se lo aplicaba en una huerta cercana".
"Hoy tengo la esperanza”, dijo el intendente de Malargüe, el sanjuanino Juan Agulles, eterno y frustrado defensor de la minería en suelo mendocino. En diciembre abandonará el municipio para asumir una banca en la Legislatura provincial. Pero sus expectativas no son precisamente políticas. Su fe está puesta en un fallo de la Corte Suprema que prometió expedirse en breve sobre la constitucionalidad de la ley antiminera que atravesó tres gestiones sin que nadie se atreviera a moverle una coma por decisión propia.
Curiosamente Mendoza palpita por estos días un posible quiebre en su historia de rechazo a la minería desde que fue sancionada la ley 7.722 durante la gobernación del radical Julio Cobos (2003-2007). Esa norma le puso un cepo a la actividad tal cual hoy se practica en San Juan. Prohibió, por ejemplo, utilizar sustancias como el cianuro.
Como ocurre en otros puntos del país con legislación similar, la negativa de recurrir a estos químicos sólo está reservada a la minería. El resto de los rubros tiene vía libre para hacerlo. En la pluma de los parlamentarios, evidentemente, pesó el lobby y el discurso ambientalista.
Consultado por Tiempo de San Juan, Agulles cifró sus esperanzas en que la Corte Suprema de Mendoza declare la inconstitucionalidad de la 7.722 y, sin más remedio, la próxima Legislatura deba reabrir el debate.
Mientras tanto, emerge el "modelo San Juan”, que el propio José "Pepe” Scioli restregó públicamente el pasado lunes 7 de septiembre en Casa de Gobierno, con José Luis Gioja a su derecha:
"Llevo su bandera en provincias que todavía tienen dudas en beneficio de la explotación de la minería sustentable y responsable”, afirmó el hermano del candidato presidencial más votado en las primarias. "Este es un modelo que las provincias vecinas deberían venir a ver”, agregó luego de aclarar que hablaba específicamente de Mendoza.
Mientras tanto, el radical gobernador electo Alfredo Cornejo, así como el justicialista saliente Francisco "Paco” Pérez, evitaron embanderarse con la minería. "Vamos a defender el agua”, contestó recientemente el primero consultado sobre el futuro de la 7.722.
A su lado caminaba Mauricio Macri. Según reprodujo la prensa local, el candidato presidencial acomodó el discurso ultraminero que pronuncia cada vez que puede en San Juan para manifestar que "hay que respetar las autonomías provinciales”. Al estilo de Sergio Massa, en suelo vendimiador prefirió guardar el ímpetu metalífero.
Pero volviendo a la esperanza de Agulles –y otros dirigentes mendocinos abiertamente promineros- hay dos factores que alimentan sensaciones encontradas.
El primero fue la determinación de los cortistas de evitar una audiencia pública y pasar directamente a la etapa del fallo. Esto fue celebrado por los defensores de la minería, porque entendían que la militancia ambientalista podía copar la parada nuevamente y ganar a fuerza de visibilidad. En una tribuna abierta, se podía imponer el que hiciera más ruido. Y la discusión aquí pasa por otro lugar.
El segundo factor es de carácter externo. Genera cierta incertidumbre en el sector prominero el antecedente del máximo tribunal cordobés, que ante una ley prohibitiva semejante a la mendocina ratificó su constitucionalidad con argumentos entre los que citó negativamente a los proyectos Veladero, de San Juan, y Bajo la Alumbrera, de Catamarca.
"Tengo la esperanza de que si ellos (los jueces) fallan a derecho, tienen que declarar la inconstitucionalidad de la ley 7.722. Pero con el antecedente de Córdoba, no puedo aventurarme a nada”, reflexionó Agulles.
"Si no desarrollamos la actividad minera, la provincia se va a tornar cada vez más inviable. Tengo la esperanza que desde la política se va a apoyar el fallo que tome la Corte Suprema”, agregó el malargüino.
No habrá que esperar una resolución antes de las elecciones del 25 de octubre, según especulan en Mendoza. Pero tampoco pasaría del 10 de diciembre. Para alquilar balcones.
