La pugna legal por la estatización de YPF en la justicia de Estados Unidos escaló esta semana, con el fondo buitre Burford Capital arremetiendo duramente contra el apoyo del gobierno estadounidense a Argentina, mientras la administración de Javier Milei ultima detalles para una crucial apelación ante la Corte de Apelaciones. El fantasma de la posible entrega de acciones de la petrolera estatal, valuadas en miles de millones de dólares, sigue pendiendo sobre el país.

Según reportó Infobae, Burford Capital, que representa a los exaccionistas Petersen Energía y Eton Park, criticó duramente el reciente "amicus curiae" presentado por el gobierno de Estados Unidos en apoyo a Argentina. En dicho escrito, la administración Biden había solicitado una suspensión en la ejecución de la sentencia que condena a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación irregular de YPF en 2012. El argumento central de EE.UU. fue que la ejecución inmediata de la sentencia podría tener "implicaciones adversas" para su política exterior y sus relaciones económicas, un intento de proteger a Argentina de un embargo inminente de activos.

Sin embargo, Burford calificó el argumento del gobierno estadounidense de "sin fundamento" y "egoísta", insistiendo en que Argentina debe cumplir con la sentencia y pagar la abultada cifra. El fondo reiteró su postura de que el Estado argentino "debe pagar" los 16.000 millones de dólares, una suma que incluye capital e intereses desde el momento de la expropiación.

Mientras tanto  el gobierno argentino se prepara para llevar su caso ante la Corte de Apelaciones. El objetivo es claro: evitar a toda costa la entrega de las acciones de YPF y de otros potenciales activos que podrían ser objeto de embargo, como propiedades de embajadas o reservas del Banco Central. La defensa argentina buscará argumentar que las acciones de YPF, como empresa estatal estratégica, están protegidas por el principio de inmunidad soberana, o que la justicia estadounidense excedió su jurisdicción.

La sentencia original, que responsabiliza a Argentina por no haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al momento de expropiar YPF, tal como lo establecían los estatutos de la compañía, ha generado una de las mayores condenas judiciales en la historia del país. La inminencia de la ejecución de esta sentencia ha puesto en alerta a las autoridades económicas y financieras, conscientes del impacto que un embargo o la entrega de acciones podría tener en la operatividad de YPF y en la confianza de los inversores internacionales.

El futuro de la petrolera insignia argentina, y con ella, una porción considerable de la estabilidad económica del país, se juega en los pasillos de los tribunales de Nueva York, en un litigio que mantiene en vilo a los mercados y a la ciudadanía.