El gobierno de Colombia aumentará los impuestos a decenas de productos e industrias -incluidos el petróleo y el oro- para lo que resta de 2025, según un decreto publicado a última hora del miércoles, en un intento por recaudar hasta US$1570 millones en medio de un déficit de recaudación fiscal.

El país sufre un deterioro de sus cuentas fiscales, en medio de menores ingresos tributarios, una elevada deuda pública y fuertes limitaciones para reducir el gasto. Un comité de expertos independientes indicó que el gobierno necesita un ajuste presupuestario de unos US$11.000 millones para cumplir con su propia regla fiscal.

Los impuestos sobre las actividades de extracción petrolera aumentarán levemente del 2,6% al 2,7%, según el decreto, firmado por el ministro de Finanzas, Germán Ávila, mientras que la extracción de oro y otros metales preciosos experimentará un alza más pronunciada, del 2,4% al 4,5%.

Decenas de otras actividades, como la agricultura, la explotación forestal, el refinado de azúcar, la producción de insumos para el refinado de petróleo y la fabricación de textiles, verán incrementado su impuesto del 0,55% al 1,2%.

DEMANDA PARA FRENAR LA SUBA

 El Consejo de Estado de Colombia recibió este jueves una demanda contra un nuevo decreto del Gobierno que adelanta parte del cobro del impuesto de renta de 2026, una medida que busca aliviar la falta de liquidez del Estado, pero que varios gremios han calificado como una "reforma tributaria escondida".

a demanda fue presentada ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo por Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).

"Ante el tremendo raponazo (robo) que pretende realizar Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dian al bolsillo de todos los colombianos, presenté demanda de nulidad ante el Consejo de Estado", escribió Soler en su cuenta de X.

El documento solicita la nulidad del decreto al alegar una violación "flagrante" a la Constitución, "en particular el principio de legalidad tributaria", y pide además la suspensión provisional como medida cautelar "urgente para evitar afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional".

El Consejo de Estado estudiará la demanda contra el decreto con el cual el Gobierno pretende aliviar los problemas de la caja del Estado este año, en medio de una coyuntura fiscal marcada por el desbalance de ingresos.

El decreto fue expedido la víspera por el Ministerio de Hacienda y modifica una serie de tarifas de retención en la fuente y autorretenciones que serían aplicables a partir del próximo domingo, 1 de junio.

Las actividades que tendrán más autorretención en la fuente serían la extracción de oro y otros metales preciosos, de gas natural y de hulla (carbón de piedra). También la generación de energía eléctrica y producción de gas, todos estos con una tarifa del 4,5 %, según el decreto.

Este nuevo decreto ha hecho saltar las alarmas de varios gremios y organizaciones económicas, que han tachado la medida como una "irresponsabilidad" y una "reforma tributaria disfrazada".

El Consejo Gremial Nacional (CGN), que agrupa a los principales gremios económicos del país y representa a sectores como la industria, el comercio, la banca y los servicios, se pronunció este jueves a través de un comunicado en el que solicita la revocatoria inmediata del decreto.

Según esta organización, la medida "impone una carga anticipada que impacta negativamente el crecimiento económico del país y afecta gravemente la liquidez de las empresas".

"El país necesita decisiones responsables, diálogo real y un entorno regulatorio que respalde al sector productivo. No es con medidas improvisadas y de alto costo económico que se construyen condiciones para la sostenibilidad fiscal", subrayó el CGN.

El gremio también cuestiona que el decreto se haya expedido sin un análisis técnico suficiente, ni en diálogo con el sector privado, y advirtió que emprenderá acciones judiciales contra lo que consideran una política fiscal "improvisada y regresiva".

Aunque por ahora solo se conoce la demanda de Soler, la senadora opositora María Fernanda Cabal y el exsenador David Luna, quien fue ministro de Tecnologías de la Información durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, han anunciado a través de redes sociales que también presentarán demandas de nulidad contra el decreto.

"Esto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso de la República. Petro quebró el país y los que paguen no pueden ser los colombianos", escribió Cabal en X.

Por su parte, Luna dijo que su demanda ante el Consejo de Estado solicitará la "suspensión inmediata de este decreto confiscatorio" y coincidió en que el Gobierno está "metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas (en referencia indirecta a campañas electorales)".

El Ejecutivo ha asegurado que el hundimiento en diciembre pasado en el Congreso del proyecto de ley para una segunda reforma tributaria, con la cual buscaba hacer un recaudo adicional de 9,8 billones de pesos (unos 2.389 millones de dólares de hoy) para financiar parte del presupuesto de 2025, lo obligó a hacer recortes en varias áreas.

Petro ha manifestado que heredó de Iván Duque, su antecesor, una elevada deuda pública, lo que sumado a la política monetaria del Banco de la República de recortar de manera lenta la tasa básica de interés "han llevado a una situación difícil que el Gobierno nacional ha tratado de sobremontar (sic) sin mayor costo para la gente más pobre".