DANIEL GUSTAVO MONTAMAT *

La industria energética es capital intensiva, genera puestos de trabajo de alta calificación, presenta un bajo grado de informalidad, y paga impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales (además de regalías en segmentos aguas arriba de su cadena de valor y retenciones a la exportación). La Argentina opera tecnología de punta después de Estados Unidos en la producción de recursos no convencionales (fracking) y tiene una de las industrias de gas natural más maduras del mundo, con sectores aguas abajo de la cadena de valor, como el gas natural vehicular y los gasoductos virtuales (módulos de GNL transportados en camión), que producen equipos para el mercado doméstico y la exportación.

Sus ingenieros han desarrollado la producción de turbinas hidroeléctricas de especialidad y calidad internacional, y una provisión de insumos y servicios que abastecen la industria local y ofrecen oportunidades de negocios en el mercado regional e internacional. Tiene uno de los mayores complejos internacionales en la producción de biodiésel y cuenta con plantas productoras de bioetanol de maíz que complementan su ciclo tecnológico en interacción con la cadena agroindustrial.

La mayor inserción de las energías renovables (solar y eólica) en combinación con el circuito científico tecnológico abre oportunidades de complementación y desarrollo en la producción de hidrógeno, amoníaco y equipos asociados (hidrolizadores, baterías, celdas combustibles, componentes de molinos eólicos).

Y, no menos importante, la Argentina integra el club de potencias nucleares. Fabrica reactores modulares de investigación que compiten con los de los países desarrollados y tiene avanzada la terminación de un reactor modular prototipo (Carem) que puede ser modelo de un proyecto comercial de exportación para productos de alta tecnología (small modular reactors).

Pero la Argentina también está entrampada en políticas de corto plazo que dificultan los consensos necesarios en torno a planes y programas de largo plazo. Esos planes y programas de largo plazo condicionan inversiones en muchos sectores productivos y, de manera especial, el energético. El predominio del corto plazo en la industria energética ha combinado discrecionalidad regulatoria con precios y tarifas que no reflejan costos económicos y que tienen como contracara la ineficiente asignación de recursos, el subdesarrollo del potencial y la acumulación de subsidios con fuerte impacto en el déficit de las cuentas públicas y externas.

Sumemos a lo micro un contexto macroeconómico con un riesgo país de 2000 puntos, inflación anual del 100%, una brecha cambiaria del 100% y cepos por doquier para la disponibilidad de divisas, y, digámoslo claramente, en estas condiciones el desarrollo productivo será muy limitado, y el potencial seguirá durmiendo el sueño de los tiempos.

Casi todo el espectro de fuerzas políticas converge en destacar las oportunidades que el mundo ofrece al sector energético argentino. Sin embargo, todavía no hay suficiente conciencia, ni en la clase política ni en la sociedad en general (engañada con sofismas como los de “energía gratuita” y subsidios que “los paga Dios”) de las ingentes inversiones que el desarrollo de todo ese potencial involucra. El año pasado la Argentina tuvo una balanza comercial energética deficitaria de 4500 millones de dólares y las cuentas públicas soportaron subsidios energéticos de más de 15.000 millones de dólares, financiados con emisión.

En Ensayo sobre la ceguera, José Saramago escribe: “Sin futuro el presente no sirve para nada, es como si no existiera”. Imaginemos, entonces, por un momento, un país que se reconcilia con el futuro, un país normal, con las tasas de riesgo, los niveles de inflación y las políticas cambiarias que exhiben algunos de nuestros vecinos de la región. En una estrategia energética de largo plazo que incluye proyecciones a 2040, e involucra cuatro mandatos y medio de gobierno, hay dos escenarios alternativos conjeturales posibles para definir el rumbo del desarrollo sectorial teniendo en cuenta las tendencias predominantes en las transiciones energéticas que se dan en el mundo, conflicto europeo incluido.

Por un lado, un escenario de desarrollo gradual y complementario de nuestra riqueza energética potencial relativa (hidrocarburos, energías renovables y alternativas, biomasa, hidrógeno), teniendo como objetivo el mínimo costo vis à vis un escenario de descarbonización acelerada, también de mínimo costo, comprometido con el objetivo de alcanzar emisiones neutras de CO2 en 2050.

El segundo escenario desde el presente aparece como disruptivo por las transformaciones que se deben dar y la secuencia hacia la normalidad. Reconversión acelerada del parque automotor (vehículos eléctricos), electrificación edilicia y acelerada irrupción de las energías renovables (además de inversiones intensivas en transporte eléctrico). El escenario gradual de mínimo costo, en tránsito al país normal, prioriza el desarrollo intensivo del potencial de petróleo y gas no convencional en la presente década con autoabastecimiento y crecientes saldos exportables a la región. En la década siguiente la energía eólica proveniente del sur de la provincia de Buenos Aires podría empezar a competir y a desplazar el gas natural en la generación eléctrica. El excedente de gas natural comienza a exportarse a la región en la década presente por ductos, y, en volúmenes crecientes como GNL al mercado internacional a partir de la siguiente (la exportación de GNL al final del período podría alcanzar los 70 millones de m3/día promedio).

Con los vientos de la Patagonia se podría comenzar a producir hidrógeno verde en los próximos años y alcanzar la instalación de unos 70.000 MW de potencia eólica en la siguiente década, que se pueden transformar en 28 millones t/año de amoníaco exportables al mercado internacional (vientos para exportar).

El tránsito a la normalidad asume una estabilidad macroeconómica en el contexto de una estrategia de valor agregado exportable, articulada con nuestros socios regionales, y un plan energético de largo plazo, con inversiones privadas predominantes. Muchas inversiones logísticas también van a ser realizadas por privados, pero en algunas regiones se requerirá el complemento de infraestructura pública (rutas, ferrocarriles, conectividad).

Solo con el aporte de las exportaciones petroleras, la sustitución de importaciones de gas natural y el crecimiento de las exportaciones de gas en la región, la Argentina puede alcanzar una balanza comercial energética superavitaria, dependiendo de los precios, de alrededor de 10/12 mil millones de dólares, hacia 2028. Teniendo en cuenta el déficit del presente estamos hablando de alrededor de unos 16.000 millones de aporte adicional de divisas.

El desarrollo del potencial energético no solo permitirá revertir el balance externo del sector, también va a facilitar acceder al sector productivo y a la población a un suministro energético muy competitivo con el de los países de la región y del mundo, aun desmontando el sistema de subsidios y permitiendo que los precios y las tarifas del sector recuperen costos económicos con una tarifa social focalizada y controlada. En un país normal podemos contar con un gas natural valorizado en alrededor de tres dólares promedio el mmbtu en boca de pozo, y un precio de la energía eléctrica mayorista promedio convergiendo a los 57 dólares el megavatio en la próxima década. Una gran ventaja comparada relativa en una estrategia de desarrollo de valor agregado exportable.

* Ex secretario de Energía y ex presidente de YPF