CARLOS E. PAREDES *
Lo sucedido recientemente en Petroperú es muy grave y podría marcar el comienzo de un peligroso derrotero. Sin siquiera escuchar al directorio o a la gerencia de la empresa, el gobierno removió a todos los directores y, luego, al gerente general y a 19 altos funcionarios…” Así empezaba mi columna del 30.09.2021, titulada: “Petrowars: la Cofradía contraataca”.
En ella, me referí al problema de gobernanza en nuestra empresa pública más grande, que es también la que mayores problemas nos presenta. ¿Por qué se optó por remover a todos los gerentes que habían sido atraídos a Petroperú a través de procesos de selección formales con la asistencia de headhunters? Hoy, tras el último escándalo que afecta a la empresa, intuimos la respuesta: al tratarse de gerentes profesionales, independientes y probos, probablemente no avalarían los nuevos planes esbozados para Petroperú.
La falta de transparencia, la corrupción, el tapar sistemáticamente los errores y la ausencia del análisis costo-beneficio en sus decisiones, son todas conductas que reflejan la falta de alineamiento de intereses entre los agentes que manejan muchas de nuestras empresas públicas y los supuestos dueños de ellas (todos nosotros). Esta es la tesis principal que desarrollo en el libro “La tragedia de las empresas sin dueño. El caso Petroperú” (Universidad Continental, 2020), escrito antes de que los actores del lamentable escándalo que afecta hoy a Petroperú apareciesen en escena, pero que por ellos cobra principal relevancia.
Los abruptos cambios introducidos por la actual administración de la empresa han destruido rápidamente mucho de lo avanzado en los últimos cinco años. Las razones que se esgrimieron para el descabezamiento de la empresa carecen de sentido y, más bien, reflejan el desconocimiento, la irresponsabilidad, la megalomanía o la agenda –ya no tan oculta– de algunos de los implicados en este escándalo. El reemplazo de muchos profesionales experimentados y probos por gente sin mayor calificación y con poca experiencia en gestión, por decir lo menos, han resultado en: políticas de precios reñidas con la viabilidad financiera de la empresa, incapacidad para dialogar con los diferentes grupos de interés de la empresa, percepción de falta de transparencia y cuestionamientos inéditos a la gerencia por parte de los trabajadores.
A manera de ejemplo, entre el 23 de setiembre –fecha del cambio de gerencia– y el 16 de diciembre, los precios de lista de la gasolina de 90 octanos y del diésel B5-S50 (los combustibles más vendidos por Petroperú) disminuyeron en 1.4% y 8.5%, respectivamente. Esto no guarda relación con los costos, que registraron un aumento en el caso de la gasolina y una disminución mucho menor en el caso del diésel, según lo confirman los estimados publicados por el Osinergmin. ¿Por qué haría esto una empresa que tiene que hacer frente a una deuda gigantesca? La gerencia actual de Petroperú considera –correctamente– que con esto ganará participación de mercado, pero lo hará a costa de la viabilidad financiera de la empresa. Es el costo del populismo.
La semana pasada, tras el destape periodístico del contrato de compra de biodiésel, la gerencia de la empresa informó que lo había anulado tras “haber detectado que al momento de la recepción de las propuestas no había estado presente un notario público”. ¡Casi dos meses después del referido acto! ¿En serio? ¡Por favor!
Y, a pesar de que en esa misma semana Petroperú informó que el oleoducto estaba nuevamente operativo –”contribuyendo así a la actividad petrolera en la Amazonía”–, la verdad es que en el Ramal Norte no hay petróleo que bombear y la Estación 1 –que podría estar recibiendo más de 15,000 barriles de petróleo diarios– sigue tomada por la comunidad. Por ende, el petróleo que debió alimentar al oleoducto para que en unos meses llegue a la nueva refinería de Talara tendrá que exportarse a Brasil, con el consecuente incremento de las millonarias pérdidas del oleoducto. Pero de esto, nada se nos informa.
Petroperú dista mucho de ser una gran empresa, y difícilmente lo será algún día si se sigue manejando de esta manera. Un reciente comunicado del mayor sindicato de la petrolera alza la voz frente a las cada vez mayores irregularidades que se verifican dentro de la empresa y demandan “la renuncia del gerente general y su personal de confianza”, señalando que “estas personas no representan a Petroperú”. Es más, demandan “la inmediata intervención de la Contraloría”. ¡Qué bueno que demanden transparencia! Tienen que defender su fuente de trabajo. Petroperú no es ni debe ser la chacra de nadie. Debemos vacunarlo contra los advenedizos, contra los políticos irresponsables y, por supuesto, contra las mafias internas o externas. Es hora de que la Junta General de Accionistas tome cartas en el asunto y no opte por convalidar este nefasto actuar.
* Economista, docente de la Escuela de Posgrado de la U. Continental
